El PSOE avanza con Junts la amnistía mientras conversa con Feijóo

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volverán a reunirse en privado. Hace casi un año que no lo hacen. La última vez fue en octubre del 2022, cuando fracasaron las negociaciones para renovar el poder judicial, aún hoy bloqueado. Como bloqueada está la investidura, por ahora. A falta de cuatro votos, el líder del PP busca recuperar la imagen de institucionalidad perdida por el Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas, a sabiendas de que no hay posibilidad alguna de éxito, sino tan sólo de sembrar a largo plazo en una legislatura que será un campo de minas para el Ejecutivo. 

Es el único punto de consenso entre el PP y el PSOE: la certeza de que la investidura de Feijóo está condenada al fracaso. «Sabemos que es complicadísimo, pero no vamos a dejar de intentarlo», explicó Borja Sémper este lunes desde Génova, alegando dos razones: «La necesidad de recuperar la institucionalidad y no evitar nuestra responsabilidad». Al margen de los argumentos, la socialista Pilar Alegría coincide sobre el resultado: «Vamos a una investidura fallida del señor Feijóo con esta huida adelante». 

A cuatro semanas de que se celebre la investidura del candidato popular, el 26 de septiembre, el PSOE ve cumplir su objetivo de que «Feijóo se cueza en su propia salsa» mientras siguen manteniendo reuniones discretas y secretas con los independentistas de ERC y Junts. Fuentes gubernamentales y socialistas explican a THE OBJECTIVE que estos contactos para la investidura tienen lugar a varias bandas, en distintos niveles y lugares de la geografía española. Y, aunque de momento no hay concreciones, sí constatan avances y buena sintonía en las conversaciones. 

«La amnistía cabe en la Constitución»

Una prueba de ello es la franqueza con la que el Gobierno admite que la amnistía a los condenados del 1-O está en la negociación de la investidura, como avanzó THE OBJETIVE hace dos semanas. La duda es cuál será la fórmula. Fuentes socialistas se han sumado abiertamente a los postulados de su socio minoritario y su máxima adalid, Yolanda Díaz, desde el principio del verano: «La amnistía sí tiene cabida en la Constitución». 

Lo que ahora argumentan es que «hay muchos matices en una negociación como ésta», en el terreno de la amnistía. «Vamos a ver qué se pacta y qué tipo de alivio penal se puede hacer». El salto discursivo del Ejecutivo socialista es notable, una evidencia de que hay agua en la piscina de sus socios independentistas y de que las negociaciones pueden llegar a buen puerto. Ésa es la convicción total, aunque no certeza, de las fuentes gubernamentales consultadas por este periódico. 

«Fraude electoral» en el Congreso

La relación es fluida entre los negociadores socialistas y sus socios, también con los miembros del partido de Carles Puigdemont. Y una muestra de que la negociación avanza por la senda esperada son las cesiones parlamentarias que se consumaron en la Mesa del Congreso al permitir la mayoría de PSOE y Sumar la constitución de grupo parlamentario a Junts y ERC, en contra de la oposición de los cuatro representantes del PP. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, este lunes en la reunión de la Mesa el PP calificó este acuerdo de «fraude electoral», por tratarse de «una cesión de votos, no de diputados», pues ni ERC ni Junts obtuvieron el 15% de representación por Gerona y Lérida, circunscripciones por las que PSC y Sumar les ceden parlamentarios. Una decisión que no avalaron los letrados del Congreso, según fuentes del órgano rector consultadas por este periódico, pero que tampoco fue concluyente en su contra, limitándose a relatar los antecedentes de cesiones de diputados para la conformación de un grupo parlamentario. 

«En ninguno de esos casos se incumplían los dos requisitos que fija el reglamento: o bien se cumplía con el porcentaje del 15% de representación por la comunidad autónoma, o bien con el número mínimo de cinco escaños. En esta ocasión, no se cumple con ninguno de los dos, con lo que se sienta un precedente descomunal, rompiendo una tradición inveterada y estableciendo una diferencia entre diputados en función de si apoyamos o no a Pedro Sánchez», explican fuentes del órgano a este diario.

Según fuentes populares, el agravio radica en que es precisamente el acuerdo de Junts y el PSOE el que permite a los de Puigdemont «obtener unos réditos económicos y políticos con los que no contaría según las normas parlamentarias». Gracias a ello, Junts y ERC contarán con unas subvenciones políticas de 30.000 euros mensuales, entran en el reparto del ‘cupo’ para la presentación de iniciativas parlamentarias y obtienen representación en la Junta de Portavoces, con derecho de voto en las decisiones organizativas y de cualquier índole de la cámara. Decisiones que adoptó la mayoría de PSOE y Sumar en la mesa del Congreso y que podrían chocar con las que tomen en consideración en el mismo órgano en la Cámara alta, donde la mayoría absoluta del PP podría tumbar la concesión de grupo parlamentario propio.