Podemos arremete contra Díaz por su silencio tras la exoneración de Monedero en Neurona
Los morados hablan de «lawfare» y «conspiración» contra ellos y «la democracia», acusando a Sumar ponerse de perfil
Podemos celebra la últimas decisiones del juez encargado de investigar el llamado caso Neurona como la demostración de que se orquestó algo parecido a una conspiración político-judicial contra la formación morada, ya en el Gobierno. Después de que el magistrado Juan José Escalonilla decidiese quitar a Podemos —como persona jurídica— y al cofundador del partido Juan Carlos Monedero del caso, aunque quede a la espera el análisis de un último informe pericial para disponer o no un archivo definitivo del mismo, los morados han vuelto a hablar de «lawfare». Apelan a que «los jueces que conspiran contra Podemos rindan cuentas y sean juzgados», según dijo el lunes Isa Serra. Y en este contexto de choque, tanto Monedero como otras fuentes del partido morado reprochan a Yolanda Díaz, a Sumar e incluso al PSOE no pronunciarse.
Según el auto judicial, que recogió la agencia Europa Press el pasado viernes, Escalonilla decidió quitar a Podemos como persona jurídica del caso. En concreto, concluyó que no podía proceder contra el partido como persona jurídica. Y sostuvo que no había pruebas sobre la intermediación de Monedero en la contratación por parte de Podemos de una consultora cuya matriz se halla en México, para la que colaboró el fundador del partido y que desembarcó en España días antes de la celebración de las elecciones de 2019 en circunstancias algo extrañas. Podemos acabó contratando a esa consultora por unos servicios de asesoría electoral por 363.000 euros, que miembros del equipo legal de este mismo partido denunciaron en un primer momento como fraudulentos.
Según el juez, Monedero no tuvo «participación alguna en la contratación llevada a cabo por Unidas Podemos en fecha 27 de febrero de 2019 con la mercantil Neurona Comunidad S.L.», a pesar del vínculo del cofundador Podemos con la matriz americana (Neurona Consulting). Descartada la «intermediación» de Monedero, y con ellas las sospechas de que se había procedido a una factura falsa, según apuntó un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, el magistrado espera evaluar un último informe pericial (el estudio sobre el servicio prestado en la campaña electoral y el pago de Podemos, de acuerdo con los estándares del mercado) que servirá para decidir si archiva definitivamente el asunto, o si, a la vista de nuevos indicios, retoma la investigación.
«Causa que denigra a la democracia»
Para Podemos, el resultado de los años de investigación de Escalonilla revelarían una conspiración político-mediático-judicial para debilitarles. Así lo expresó el propio Monedero en las redes sociales tras conocerse el auto del magistrado. La portavoz Isa Serra dijo el lunes que se ha cometido un «lawfare» contra Podemos, es decir una guerra jurídica para atacar a una formación política. Habló de ataque a la democracia y pidió una rendición de cuentas: «Pedimos que los jueces que conspiran contra Podemos rindan cuentas y sean juzgados, y que los medios que tantas portadas han dedicado contra Podemos dediquen ahora el mismo tiempo a decir que esto era una operación política contra Podemos».
Pero más allá de la ofensiva de Podemos queda el malestar interno por el silencio de sus socios de coalición, tanto de Yolanda Díaz como de otros cargos de Sumar. Ni Díaz ni otros portavoces de Sumar se han expresado sobre la decisión del juez que se conoció el viernes. Y los morados también atacan al PSOE por la misma razón. «Cuando la izquierda guarda silencio y no se felicita con Podemos por el archivo de una causa que denigra a la democracia, ¿a quién tiene miedo ? ¿Qué busca el PSOE no alegrándose? ¿Qué busca Sumar callando ante los ataques a los que se atrevieron?», lanzó Monedero en las redes sociales.
Monedero y el ex secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, difundieron una tribuna de opinión del diario Público donde se habla directamente de «soledad» de Podemos. En dicho artículo, escrito por Aníbal Malvar, se habla de «hondo silencio bajo el que la nueva izquierda sumita quiere sepultar al viejo Podemos». «Me parece casi indecente que ninguno de los líderes de la nueva izquierda cool se haya dignado a felicitar a Podemos por el archivo de la causa Neurona, que con rumores y argumentos ridículos mantuvo abierta la sospecha judicial de que Podemos se financiaba ilegalmente», añade el artículo.
«Periodismo enemigo de la democracia»
Podemos lleva días aprovechando la decisión del juez Escalonilla para atacar en las redes sociales a todos aquellos que informaron sobre la investigación judicial. Y en la televisión de Pablo Iglesias, el Canal Red, dedicaron el pasado lunes una parte de su programa de la mañana a señalar a los que consideran responsables nada más y nada menos que de un ataque a la democracia. «El periodismo puede ser un soplo de vida para la democracia o por el contrario, como estamos viendo, puede ser el enemigo de la democracia y de la libertad», afirmó el lunes el presentador de dicho canal, quien, por cierto, redujo su presencia en dicha emisora por la presunta tibieza con Díaz en medio del conflicto entre Podemos y Sumar.
Para Isa Serra todo lo investigado en el caso Neurona corresponde a una «campaña de difamación (…) a base de mentiras gracias a medios de comunicación y determinados jueces como Escalonilla». Para Serra la «campaña contra Podemos» es una operación que aspira a «subvertir la democracia», y ha agregado -en una rueda de prensa algo sui generis por la ausencia de periodistas debido a que Sumar organizó otra comparencia en la misma hora- que la intención de su partido es exigir una «reparación contra Podemos y contra la democracia».
Cabe señalar que, según el auto que recogió Europa Press, el juez Escalonilla sigue analizando un último informe para aclarar si el pago a la consultora fue adecuado a los estándares del mercado. O si, por el contrario, cabe seguir investigando para determinar la legalidad del procedimiento (los partidos políticos reciben una financiación pública que depende de sus gastos electorales, y que pudieron desviarse a la consultora).
Así, el último informe determinará si los pagos fueron legales, a pesar de que Monedero haya quedado excluido del caso. Escalonilla ha apartado de momento a la formación morada puesto que no procede actuar contra el partido como persona jurídica, pero ha rechazado su petición de archivo. Esto significa que, según fuentes judiciales, de seguir adelante podrían verse afectados altos cargos del partido, como el tesorero o la gerente, entre ellos. Y mientras tanto, Podemos eleva la presión sobre el magistrado.