Un último informe del 'caso Neurona' mantiene en vilo a Podemos en su juicio más polémico
El juez lo fía todo a un informe pericial sobre el material de campaña mientras Podemos lanza una ofensiva contra él
Podemos en una foto de la campaña electoral de 2019. | Europa Press
El caso Neurona, que hace referencia a la contratación por parte de Podemos de una consultora mexicana que desembarcó en España poco antes de las elecciones generales de 2019, pende de un hilo. Concretamente, de un último informe clave, que todavía queda sobre la mesa del juez Juan José Escalonilla, el magistrado que investiga el asunto desde que un grupo de abogados del partido morado avisó de una posible ilegalidad en la contratación. La semana pasada, Escalonilla desimputó a Juan Carlos Monedero al considerar que no existían pruebas de su intermediación, y apartó del caso a Podemos como persona jurídica. Pero todavía falta por aclarar si el pago de 363.000 euros corresponde a un precio de mercado o si se inflaron las facturas de campaña.
La Fiscalía, que durante la instrucción mantuvo posiciones favorables a Podemos, dio un giro hace pocos días. Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, el ministerio público aconsejó a Escalonilla esperar el último informe pericial antes de desimputar a Monedero. Este documento, encargado al consultor internacional Aleix Sanmartín, deberá ofrecer elementos probatorios suficientes para seguir las diligencias y abrir de facto el juicio.
Escalonilla lleva tres años analizando los documentos de la defensa y de la acusación popular, además de varios informes policiales. Un extremo éste que según Podemos revela después de las últimas desimputaciones la presunta existencia de una guerra judicial que llaman «lawfare» para desacreditarles y debilitarles.
Tras la publicación del último auto, Podemos se ha lanzado contra Escalonilla, los medios de comunicación y la policía a los que acusa de haber organizado una «campaña de difamación», según afirmó la portavoz morada Isa Serra. Para Serra la «campaña contra Podemos» es una operación que aspira a «subvertir la democracia», y agregó que la intención de su partido es exigir una «reparación contra Podemos y contra la democracia». Mientras que Monedero se ha lanzado en las redes sociales contra los medios de comunicación que informaron de la investigación: «El periodismo puede ser un soplo de vida para la democracia o por el contrario, como estamos viendo, puede ser el enemigo de la democracia y de la libertad», sostuvo.
«Periodismo enemigo de la democracia»
Lo cierto es que el caso Neurona se ha convertido en el principal problema judicial para el partido morado desde su entrada en el Gobierno. La formación que en 2019 lideraba Pablo Iglesias firmó un contrato de asesoría y servicios de campaña electoral poco antes de los comicios generales de ese año.
Neurona, una sociedad nacida en México, vinculada a Monedero y que antes había asesorado a diferentes gobiernos de América Latina —los de Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro, entre otros—, desembarcó en España con otra entidad hermana, que llamó la atención de algunos miembros del equipo legal de Podemos. Estos trabajadores acabaron denunciando al partido, en medio de una feroz polémica interna que llevó incluso a los morados a acusar a uno de ellos de acoso sexual (finalmente archivado).
Además del hecho de que la filial española de Neurona desembarcó sin trabajadores en plantilla y fue tachada de instrumental, quedaba la cuestión de los expertos que viajaron a España. Podemos remitió al juez una batería de vídeos de campaña para justificar el pago. Sin embargo, la Policía aclaró que los trabajadores que viajaron desde México operaron en España sin tener los permisos de la Seguridad Social. Estos mismos trabajadores apodaban de forma irónica a Monedero «Juan Carlos Money». Mientras, la UDEF argumentó que mucho del material de campaña aportado por Podemos no correspondían a la campaña electoral en cuestión.
«Un juez corrupto»
Otra investigación se dirigió a aclarar dónde acabó realmente el dinero pagado por Podemos. Pero el juez Escalonilla prefirió centrar toda la instrucción alrededor de la cuantía pagada, dejando de lado otras derivadas de la misma. Los morados intentaron entonces que el magistrado ampliara el peritaje a supuestos documentos estratégicos y de asesoría por parte de Neurona. Sobre el análisis de dicho material, su autoría (si fueron responsables los trabajadores externos o del partido) y el valor del mismo tendrá que pronunciarse Escalonilla. Una circunstancia que deja todavía abierto el caso, y que puede afectar a altos cargos de la formación, como su tesorero o la gerente, aunque desde Podemos han vuelto a activar una campaña de presión sobre el magistrado para que se decante por archivar todo el asunto.
En el canal de televisión de Iglesias, mientras tanto, ha dedicado programas y horas de emisión para señalar al magistrado. El secretario de Programa, Pablo Echenique, sugirió la posibilidad de incriminación del juez y lanzó: «Un juez corrupto llamado Escalonilla y muchos periodistas corruptos difundiendo su basura. Un caso de tantos de lawfare golpista contra Podemos». «El caso fake de Neurona contra Podemos dura ya más de tres años. Un claro caso de lawfare para perseguir a la fuerza política que impulsa con valentía las mejores transformaciones. No es contra nosotras, es contra la democracia. Mi abrazo más cariñoso a los compañeros perseguidos», declaró la secretaria general y todavía ministra en funciones, Ione Belarra.
