El uso de las lenguas cooficiales en la UE, que Sánchez ofrece pagar, costaría 40 millones
La contratación de 200 traductores e intérpretes tendría una factura anual cercana a los 40 millones de euros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El compromiso del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de asumir el coste del uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en el Parlamento Europeo, cuestión que se abordará este martes en el Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la UE, donde se debaten los temas que irán al próximo Consejo Europeo, podría tener un coste, si finalmente se aprobara, de unos 40 millones de euros anuales, según han asegurado a THE OBJECTIVE fuentes de las instituciones europeas.
El Gobierno de Sánchez ha dado máxima importancia a esta reunión del Consejo de Asuntos Generales enviando al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, para que esté presente en la cita. Una convocatoria a la que no suele acudir el titular de Exteriores.
Esta cantidad es la que se necesita para la contratación de unos 200 traductores con un coste de unos 200.000 euros cada uno, siempre según el cálculo que ya se ha hecho en la Eurocámara. Esta cantidad no incluye la ocupación de los edificios, el software, los ordenadores o el personal de apoyo a los traductores, como las secretarias. No hay un informe escrito sobre este servicio, pero el cálculo se ha hecho teniendo en cuenta el personal y los medios que se utilizan a día de hoy con el resto de las 24 lenguas oficiales autorizadas en las instituciones comunitarias.
Este dinero saldría de los impuestos de todos los españoles, ya que con tal de que el dinero no sea una excusa para que no se apruebe por parte de los 27 países miembros y sea un obstáculo en la negociación de la investidura de Sánchez, éste señaló el pasado viernes que el Estado español pagaría la factura.
Suecia se opone
Pero este chantaje nacionalista para permitir que Pedro Sánchez continúe en el Palacio de la Moncloa tiene pocas posibilidades de ser aprobado por unanimidad de los países miembros, como es necesario. Aunque el Gobierno aseguró el martes de la semana pasada que ya había contactado con todos los países de la UE para sondear su disponibilidad a ratificar la propuesta y que la sensación era buena, al día siguiente el primero en descolgarse fue Suecia.
El Gobierno sueco no tiene tomada todavía una postura final y alegó que primero había que conocer el coste presupuestario, que Pedro Sánchez se ha comprometido rápidamente a asumir. En este sentido, la ministra de Asuntos Europeos, Jessika Roswall, mostró su deseo de «examinar más a fondo cuáles son las consecuencias legales y financieras», advirtiendo de que «hay muchas lenguas minoritarias que no son oficiales dentro de la UE».
Albares inició este proceso enviando una carta dirigida a la Presidencia del Consejo de la UE, que actualmente ostenta España, con copia a la secretaria general del Consejo, Thérèse Blanchet. En la misiva, «se agradecería el inicio de los procedimientos de modificación previstos en el Consejo» para incluir las «lenguas españolas distintas del castellano que gozan de estatuto oficial en España» en el régimen lingüístico de la UE.
Actualmente en la UE hay 24 lenguas oficiales. La última en incorporarse fue el croata en 2013, con la entrada de este país en la UE. La única lengua cooficial que ha sido incluida entre las oficiales de la UE hasta la fecha y después de la entrada del país fue el gaélico en 2007 (Irlanda se incorporó en 1973).
