Lea aquí el manifiesto que reclama un nuevo partido socialdemócrata en España
«Por racionalismo e instinto de conservación, contribuyamos a la creación de un partido de izquierda socialdemocrática»
Una de las dos Españas ha de helarte el corazón (A. Machado)
Al filo del otoño de 2023, nuestro país, España, se encuentra al borde de la implosión, a la que nos conducen una Derecha tan indecisa en cuanto a sus principios como incapaz de entusiasmar a sus votantes y una Izquierda que, falta de ideas para afrontar los problemas del presente, ha arrojado su ideario secular por la borda, apostando por los caminos del populismo, el personalismo, el oportunismo y la demagogia.
Si bien los dos grandes partidos (Popular y Socialista) son responsables de la presente situación, la mayor responsabilidad recae sobre este gobierno, minoritario pero hipertrofiado, que ha dado en los últimos cincos años un recital sin precedentes de falsedades, contradicciones, incompetencia —salvo en materia de propaganda— y culto a la personalidad de su secretario general. Este recital de incongruencia, oscurantismo, secretismo es la fachada de un partidismo corrupto que incluye el asalto a las instituciones y el abierto rechazo al principio de la división de poderes. Es decir, el desprecio a la letra —y no digamos al espíritu— de la ley y de la práctica democrática.
Este gobierno, rechazado por dos veces seguidas en las urnas (aunque, debido a los problemas de nuestra legislación electoral, no con la necesaria contundencia), tiene visos de mantenerse en el poder aupado, más aún que en los años anteriores, por una multitud abigarrada de micropartidos cuyo único nexo de unión es su repudio a la Constitución y a sus instituciones. Si el Partido Socialista fuera un partido democrático, y no personalista, hoy reconocería su derrota en buena ley, y ofrecería su apoyo condicionado a un gobierno del Partido Popular, doble ganador de las recientes elecciones, y evitaría así seguir aferrado al gobierno y a la merced de esa multitud de micropartidos que le van a obligar a convertirse ya abiertamente en la quinta columna del separatismo en España. En los últimos tres lustros, 15 países miembros de la Unión Europea han formado gobiernos nacionales de Gran Coalición, fórmula también adoptada países como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. España debe ser capaz de recurrir a tan consagrada práctica democrática. Durante mucho tiempo, los dos partidos nacionales han cedido al chantaje identitario y tribal de los nacionalismos catalán y vasco al convertirlos en el centro del debate público, en lugar de hacerles frente juntos.
Por su parte, la derecha parece carecer de las convicciones y la confianza en sí misma que se requieren para hacer frente a la deriva de la izquierda que acabamos de describir. Entre otros serios problemas, la derecha española parece contentarse con el papel de remediadora de los desperfectos y bancarrotas que la izquierda deja como una estela cada vez que se ve obligada a abandonar el poder. Por añadidura, esta derecha desdibujada se halla dividida entre un partido mayoritario (el PP) y un partido minoritario (Vox) de retórica radical y hermanado con partidos del conservadurismo radical europeo. Tal conducta ha dado armas propagandísticas al populismo socialista para tachar a la derecha en su conjunto de extrema y fascista.
La consecuencia inmediata de esta anormalidad democrática es el resultado de las recientes elecciones generales, que refleja un peligroso fraccionamiento del electorado. En la presente coyuntura, algo fundamental se echa de menos en nuestra estructura política: un partido de izquierda no populista y no personalista, un partido moderno, de corte socialdemócrata, europeo, y, valga la redundancia, de conductas transparentes, democráticas y no jerárquicas, que permita a los votantes españoles recuperar las prácticas, valores e instituciones de la Transición española, universalmente admirada, y que dio lugar al más largo período de concordia, bienestar y desarrollo de nuestra historia reciente.
No se trata de conservar todo el andamiaje institucional de la Transición a la Democracia, por dos razones principalmente. En primer lugar, la experiencia ha mostrado serios defectos técnicos, culpables de que un partido populista en manos de un aventurero sin principios pueda socavar los cimientos en que se basaba la estructura. En segundo lugar, ha transcurrido casi medio siglo desde 1978 y la sociedad española hoy es muy diferente de la de entonces. Una buena Constitución debe tener mecanismos de adaptación al inevitable cambio social histórico. Por ello, si parece hoy conveniente modificar en cierta medida la estructura institucional de la Transición, lo que sí debe conservarse es el espíritu de buena voluntad, renovación y concordia que predominó en aquellos momentos tan difíciles, pero tan auspiciosos.
A continuación, exponemos, sin pretensión exhaustiva, algunos puntos que estimamos que este proyecto de partido, al que propondríamos llamar La Tercera España, debiera incluir en su programa.
1. La separación de los tres poderes debe estar protegida en nuestra legislación. La independencia Judicial no puede quedar al albur de las maquinaciones del Ejecutivo, porque sin esta independencia el Estado de Derecho deja de existir y con él la Democracia. La muerte de Montesquieu significa el nacimiento de la dictadura: los ejemplos pasados y presentes, dentro y fuera de nuestras fronteras, son inequívocos. Pero también se debe atender a la independencia de las Cortes, que es tanto como decir la de todos y cada uno de los diputados y senadores, algo que en nuestro sistema es hoy virtualmente inexistente, porque los Ejecutivos controlan a los representantes a través de los partidos y las listas electorales.
2. Es necesario reducir las ventajas de los políticos, desde que ellos mismos se fijen el sueldo y otros emolumentos, hasta que trapicheen desvergonzadamente con los reglamentos parlamentarios para formar y deshacer grupos a su antojo y conveniencia. También deben revisarse los privilegios del aforamiento.
3. Igualmente debemos corregir otro tipo de ventajas: las que gozan los partidos anticonstitucionales, sobrerrepresentados en el Congreso. En este mismo sentido, también ha de corregirse el lamentable espectáculo de los diputados que usan fórmulas surrealistas para jurar o prometer su cargo. El representante electo debe emplear una única fórmula neutral, enunciada en voz clara, para tomar posesión de su escaño. Los símbolos, y más en el Parlamento de la nación, deben ser respetados para no degradar la representación del pueblo español.
4. La política exterior corresponde en su ejecución al Ministerio de Asuntos Exteriores, con el conocimiento del todo el gobierno y la aprobación de las Cortes en sus grandes líneas.
5. La educación a sus tres niveles debe ser valorada como lo que es: una vía de ascenso social, a través de un sistema meritocrático, no un jardín de infancia con tres escalones. La educación, además, contribuye a la justicia social y a la cohesión nacional, a través de un conocimiento riguroso de nuestra historia, y de nuestra estructura política y económica. Por último, un sistema educativo eficiente contribuye al prestigio de una nación y facilita su integración internacional. Excusado es decir que la lucha contra el idioma español en las comunidades separatistas difumina y compromete la imagen española en el mundo.
6. Las tasas de desempleo en España, y notablemente las juveniles, son de las más altas de Europa desde hace décadas. Por desgracia lo único que hace el gobierno populista para remediarlo es falsear las estadísticas con el fin de acallar las críticas a su política económica demagógica y electoralista. Proponemos, para empezar, recuperar y publicar las cifras verdaderas, como base de una política económica laboral racional y justa.
7. La economía de mercado ha resultado históricamente el medio más eficaz para promover el desarrollo económico, como demuestra el hecho de que varios países comunistas, China señaladamente y con gran éxito, hayan terminado por adoptarla. España, al igual que la mayoría de los países avanzados y en vías de desarrollo, ha escogido este sistema, según reza la propia Constitución. Ello no significa desconocer los problemas que trae consigo este tipo de economía, ni que se pueda recomendar una política de total libertad: las tendencias monopolísticas, las asimetrías distributivas, las «capturas» de los organismos del Estado por las grandes empresas, las tendencias al estancamiento o a la inflación, y las conductas irracionales, son ejemplos claros de la necesidad de una intervención estatal que, sin embargo, debe ser más ocasional que permanente y debe estar lo más respaldada posible por los partidos de la oposición.
8. En España existe un prejuicio contra la empresa privada. Debe quedar claro que este prejuicio tiene consecuencias negativas para la propia economía. Los empresarios y las empresarias son personas con las mismas virtudes y defectos que el resto de los humanos. De ellos se debe esperar la misma rectitud que de todos sus semejantes. Lo contrario es un atentado al principio de igualdad y al supuesto de inocencia. Entre las consecuencias económicas graves de este prejuicio antiempresarial destaca el retraimiento de la inversión, que es como la levadura del crecimiento económico. Pero este prejuicio irracional puede además ser una fuente de desempleo y de estancamiento económico.
9. Nos hemos referido más arriba a la hipertrofia de ministerios. Todos sabemos que el elevado número de funcionarios, muchos de ellos nombrados a dedo, no se debe a una intención de mejorar la calidad de la gestión. Todo lo contrario: la elefantiasis obedece a la necesidad de colocar a nuestras expensas a los capitostes de los partidos que apoyan al gobierno, dedicados, por citar sólo unos casos, a desprestigiar la producción alimentaria de nuestro país, a denigrar a nuestros empresarios, o a volar embalses en plena sequía. Tercera España se compromete a limitar el número de ministerios a lo estrictamente necesario
10. De acuerdo con los principios estrictos de la democracia, Tercera España se compromete también a no tomar nunca medidas de importancia o trascendencia que no hayan sido previamente incluidas en su programa electoral o no hayan sido aprobadas en referéndum.
En estos momentos parece ausente del escenario político una izquierda reformista, consciente de España y enfocada al futuro. Una izquierda que vuelva a rechazar los privilegios y que defienda la igualdad primera e imprescindible: la igualdad de los españoles ante la ley. Una izquierda de concordia que defienda la necesidad de mirar hacia fuera, a Europa, al mundo. Muchos creen que esa izquierda no existe. Nosotros creemos que ya ha llegado y que se llama La Tercera España.
Por racionalismo e instinto de conservación, contribuyamos a la creación de un partido de izquierda socialdemocrática, apelemos a la Tercera España, hoy huérfana de representación, y evitemos la inmolación a que el juego de los actuales partidos nos empuja.