Sánchez prepara una amnistía encubierta: «Negociaremos, pero no nos rendiremos»
La fórmula que prepara Moncloa pasa por rebajar las penas del 1-O poniendo el foco en los ciudadanos
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto al líder de los socialistas en Cataluña, Salvador Illa. | PSOE
Sigue siendo un tema tabú pero ya empiezan a trascender algunas piezas del puzzle de la amnistía que encaja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este jueves, desde Granada, Pedro Sánchez volvió a evitar pronunciar la palabra prohibida, pero al ser preguntado por la amnistía, admitió por vez primera que «estamos negociando» y que «las negociaciones son complejas porque tenemos un arco parlamentario con distintos intereses». Una declaración que supuso un viraje desde su convicción ciega de que «habrá gobierno pronto» hasta la asunción de la complejidad que entraña una negociación que sigue atascada en las posiciones de máximos de los independentistas.
Esto no significa que el Gobierno haya perdido la fe en el éxito de su interlocución con Carles Puigdemont. Pero sí han mermado sus expectativas temporales, posponiendo a noviembre el calendario previsto para la investidura de Sánchez. En sus apuestas personales, nadie descarta una repetición electoral como un escenario «posible y quizás probable». Por ello, el Gobierno prepara una amnistía, sí. Pero no le llamará amnistía, aunque se trate de una fórmula encubierta que «no menciona la palabra amnistía», según fuentes gubernamentales. Motivo por el cual, el presidente se resiste a verbalizarla.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la fórmula ideada por el Gobierno consiste en exonerar la responsabilidad penal y administrativa de los condenados por el 1-O en aras de la «convivencia» y como «un paso más» por el camino político iniciado con los indultos, la derogación de la sedición y la reforma de la malversación. Se trata de «rebajar el dolor por las consecuencias de aquellos hechos», en referencia a la ejecución del referéndum ilegal del 1-O de 2017, eliminando las penas derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo y con un añadido fundamental: poner en el foco al ciudadano sobre los dirigentes políticos.
Amnistía «para los ciudadanos»
Dicho de otra forma, el Gobierno pretende «que no tengan la misma consideración los ciudadanos que los políticos», que son quienes tuvieron el foco en la instrucción judicial, los ingresos en prisión y la concesión de los indultos. Ahora se quiere visualizar el alivio penal al ciudadano de a pie que fue condenado por «colocar urnas o abrir colegios electorales» y sobre quienes pesan condenas menores, aunque su número asciende a los 4.000 encausados. Algo que no es incompatible con el beneficio directo a Carles Puigdemont, fugado de la justicia y sobre quien pesa una orden de detención para rendir cuentas ante la Justicia y a quien el propio presidente en funciones no descarta indultar por tratarse de un «conflicto político» y no judicial. Un asunto sobre el que sí enmudecen todas las fuentes gubernamentales consultadas, en un evidente juramento de silencio.
La idea de Pedro Sánchez es continuar la senda de la «política de reconciliación» que se enmarcará en un plan de normalización global, como avanzó THE OBJECTIVE. Un plan para el que también se negocia la financiación autonómica en el capítulo económico. El Gobierno es plenamente consciente de que esto puede ser insuficiente para Junts per Cataluña, como han ido trasladando internamente los de Puigdemont en las conversaciones informales que mantienen desde el mes de julio, y en las formales que iniciaron en la tarde del pasado viernes. Los negociadores socialistas advierten de que Junts «conoce cuáles son nuestros límites y hasta dónde podemos llegar», situando la línea roja en las fronteras de la Constitución Española. Y confían en que los independentistas sepan calibrar los riesgos de no llegar a un acuerdo y el coste de presentarse como el culpable de una negociación fallida previa a una nueva cita con las urnas.
En Moncloa advierten: «Negociaremos pero no nos rendiremos». Y eso implica asumir moralmente una amnistía, pero con muchas cautelas a la hora de trasladarlo al papel, porque en Moncloa son plenamente conscientes de que las nuevas medidas de gracia abrirán una encendida batalla en el ámbito judicial en la que el tribunal sentenciador del procés, el Tribunal Supremo, tendrá que pronunciarse. El Gobierno descuenta que el Supremo querrá incluso presentar una cuestión de inconstitucionalidad para paralizar cautelarmente la aplicación del perdón a los condenados por el 1-O hasta que resuelva su recurso.
Illa, el ideólogo de la reconciliación
Por ello, no es casual que Pedro Sánchez evite pronunciar la palabra amnistía, ni que la ley de amnistía vaya a orillar el sustantivo pero no su esencia. Fuentes gubernamentales revelan a este periódico que el presidente Sánchez sí habla en privado de amnistía y que incluso otros de sus colaboradores comenzaron refiriéndose al concepto tabú como «acuerdo político». Cuando vieron que el jefe del Ejecutivo hablaba abiertamente de amnistía, secundaron internamente esa línea porque «donde hay patrón no manda marinero».
Tampoco es casual que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, sea vetado por Puigdemont como interlocutor en la negociación. Desde Moncloa lo atribuyen a la victoria electoral del PSC a costa del independentismo: «No les gusta Illa porque les gana». Y porque Illa es, en la sombra, el ideólogo de la política de reconciliación de Pedro Sánchez como estratega electoral. Illa también evitó este jueves la palabra amnistía al ser preguntado por ella en una entrevista en Catalunya Radio: «Actuaremos sin golpes de volante», dijo, anticipando y reiterando la «coherencia» de sus actuaciones, dentro del marco constitucional, que como los indultos, fueron «incómodas de tomar», pero «han dado resultado».
