Denuncian a Hacienda por una presunta falsedad documental en los fondos europeos
Empresarios que alertaron de una «trama corrupta» advierten ahora de que se pueden estar «destruyendo pruebas»
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez
El grupo de empresarios de Castilla y León que ha emprendido una cruzada contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora por una presunta «trama corrupta» en la gestión de unos 500 millones de fondos de la Unión Europea vigila cada paso que da el Ejecutivo en la instrucción que se lleva a cabo. THE OBJECTIVE ha podido saber que estos empresarios han denunciado al Gobierno por un presunto «delito de falsedad en documento público», como así consta en la documentación remitida al citado juzgado el pasado 28 de septiembre, a la que ha tenido acceso este periódico. Los denunciantes creen que trata de «encubrir un fraude de adjudicación de fondos europeos en concurso, con una apropiación indebida de un desarrollo industrial».
El documento en cuestión le fue solicitado por el juez, a través de un oficio de 11 de agosto de 2023 enviado al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que lo recibió el 4 de septiembre de este año. La petición se refería a la respuesta que este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, había dado a la solicitud de información realizada el 27 de noviembre de 2022 por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ante posibles irregularidades «en el marco del proyecto de la Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla». El plazo para enviar a la OLAF la información requerida finalizaba el 15 de diciembre de 2022.
Esta respuesta del Gobierno ha venido siendo reclamada a las instituciones europeas por este grupo de empresarios que solicitó la subvención pero que nunca se le concedió, aunque sorprendentemente se enteraron por THE OBJECTIVE, que la subvención a su proyecto, del que son dueños del desarrollo industrial, podría haberse entregado a otra empresa. Sin embargo, organismos europeos como la OLAF se negaron a entregar el documento a los empresarios alegando que contenía datos confidenciales. Esta negativa implicaba que el documento se había recibido, ya que el único motivo de no entregarlo era un tema de confidencialidad, como ya publicó este periódico.
El caso ha dado un giro de 360 grados cuando en la respuesta del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude al juez con fecha 21 de septiembre de 2023, le envía el documento que le pidió la OLAF, pero la fecha es 27 de febrero de 2023, dos meses más tarde del plazo que tenía para enviarlo, que era el 15 de diciembre de 2022. En este documento que le pide la OLAF para saber si hay irregularidades en el proyecto le dice que «en relación con la consulta formulada le informamos que con los datos registrados a través del sistema de información CoFFEE_MRR, no se ha encontrado el proyecto reseñado. En tanto que a esta Subdirección General no corresponde determinar si un proyecto se encuadra en el Plan de Recuperación, la confirmación de la participación o no de los proyectos a los que se hace referencia deberá emitirla la administración convocante en casa caso».
«Engañar y encubrir»
A la vista de esta respuesta, a los afectados le surgen muchas dudas: ¿cómo se envía un documento con fecha 27 de febrero de 2023 si el plazo para responder es el 15 de diciembre de 2022?, ¿cómo se dice que no se ha encontrado el proyecto si la OLAF le respondió a los afectados que no le podía enviar el documento del Gobierno para no desvelar datos confidenciales?, ¿es este documento del Gobierno entregado al juez el mismo que envió a Europa?
Por ello, los empresarios consideran que este documento con fecha de 27 de febrero de 2023 se ha elaborado a los efectos «de engañar y encubrir» y que es presuntamente «falso», al no ser el mismo que se remitió a Europa. Así lo explican en la denuncia, al afirmar que «es rotundamente falso en base a que la fecha que aparece en el oficio, 27 de febrero de 2023, así como en la firma electrónica del documento presentado al juzgado, 28 de febrero de 2023, son posteriores a la respuesta de la oficina antifraude europea (OLAF)».
Igualmente, continúan argumentando que «resulta material y temporalmente imposible que dicho documento sea veraz, ya que con fecha de 12 de enero de 2023 (en el marco del expediente OC/2022/0892), la propia oficina de lucha contra el fraude comunica que ya ha analizado la documentación enviada por el Servicio Nacional Antifraude «y considera que no justifica el inicio de una investigación propia al no haber sospecha suficiente».
La conclusión a la que llegan y así se lo trasladan al juzgado en la ampliación de la denuncia, ahora a un presunto delito de «falsedad documental», es que «el hecho de que el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude haya enviado un documento notorio y evidentemente falso al juzgado solo hace confirmar las denuncias realizadas por esta parte y viene a sumar un presunto delito de falsedad en documento público a los ya expuestos ante este órgano. Es patente que se está ocultando información y documentación probatoria de vital importancia para esta causa, no descartándose el riesgo real de que se estén destruyendo pruebas dado el nivel de gravedad de los hechos expuestos».
