26 altos cargos se han acogido desde 2020 al 'paro' VIP que pueden cobrar tras su cese

Los ministros y determinados altos cargos, una vez son cesados en su puesto, tienen derecho a recibir una indemnización, equivalente al 80% de su sueldo. Este paro para los miembros de Ejecutivo está previsto hasta que no realicen otra actividad remunerada pública o privada. La fórmula, que supone entre 70.000 euros y 120.000 euros anuales sin desempeñar trabajo alguno, es cada vez más utilizada. Algunos incluso reciben esta paga durante dos años, el tope máximo.

Los datos de Transparencia a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE muestran que hasta 26 cargos destituidos o que renunciaron a su puesto voluntariamente entre el 12 de enero de 2020 hasta hoy se han acogido a esta indemnización. Sin embargo, algunos lograron pronto una actividad que hizo que renunciaran a ella o cobrasen una cantidad pequeña.

Tienen derecho a esta paga las personas que forman parte del Gobierno, los secretarios de Estado y los máximos responsables de la Fiscalía, los organismos reguladores y la Casa del Rey. A ella se han acogido 81 responsables desde octubre de 2012, primer dato disponible. Desde el año 2012, la compensación es incompatible con cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas a raíz del Real Decreto-Ley 20/2012.

Pese a todo, algunos, los menos, no solicitan la indemnización por ética, pese a no incorporarse inmediatamente a un puesto privado o público. Una vez se renuncia a esta paga mensual, no se puede volver a solicitar. Y solo en el caso de infracciones graves o muy graves que supongan el cese del cargo no tendrían derecho a la indemnización.

Iglesias, Laya, Maroto

Al detalle, el exvicepresidente Pablo Iglesias estuvo cobrando durante cinco meses de 2021 un total de 5.300 euros y percibió alrededor de 27.000 euros. Luego solicitó su paso a la actividad privada colaborando con numerosos medios de comunicación. Mientras, la exministra de Industria Reyes Maroto se embolsó 13.400; Pedro Duque, 45.300; Arancha González Laya, 35.000; e Isabel Celaá, 29.200 euros.

Por su parte, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Sebastián Albella y la exvicepresidenta Ana María Martínez-Pina, aparecen como solicitantes de la indemnización, que no llegaron a cobrar por su rápida incorporación a la actividad privada. Cesados en diciembre de 2020, el primero se incorporó cuatro meses después en Latham & Watkins y entró como socio en el despacho Linklaters. Mientras, Martínez-Pina desembarcó inmediatamente en Gómez-Acebo & Pombo como coordinadora de Regulatorio Financiero. La indemnización de ambos hubiera superado los 10.800 euros mensuales.

Por su parte, el expresidente del Consejo Superior de Deportes José Manuel Franco ha permanecido menos de un mes cobrando la indemnización, algo más de 5.000 euros. Optó al cargo de senador, un puesto que consiguió en las elecciones de julio.

Cargos reenganchados

Mientras, Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana; Roberto Sánchez, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones; Manuel Rodríguez, ex secretario general del Consejo General de Seguridad Nuclear; y Paz Esteban, exdirectora del CNI; tienen prevista indemnización durante 2024. Pardo de Vera la podía cobrar hasta el 25 de septiembre del próximo año.

Hana Jalloul Muro, ex secretaria de Estado de Migraciones, cobró más de 15.000 euros tras dejar el cargo. En la actualidad ocupa el cargo de Secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE. Por su parte, Iván Redondo, exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, se embolsó 15.000 euros de paga. La mano derecha del presidente Sánchez ejerce ahora como consejero del Grupo Godó y asesora a medianas empresas.

Por su parte, Cristina Gallach, ex secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, obtuvo casi 50.000 euros extra en apenas seis meses. La periodista, según destaca en su red LinkedIn, sigue en la Administración como Comisionada en la Alianza para la Nueva Economía de la Lengua. Por su parte, Irene Lozano, exdiputada de UyPD y expresidenta del Consejo Superior de Deportes, también aprovechó la transición a otra actividad cobrando 15.400 euros. Mientras, el ex secretario de Estado de la Seguridad Social Octavio Granado recibió 130.000 en un periodo posterior a su cese. En total cobró la indemnización durante un año y medio.