Encuesta | ¿Cree que el Constitucional debe anular la sentencia de los ERE?

El Tribunal Constitucional (TC) está preparando la anulación de la sentencia del caso ERE y la absolución de los 12 condenados, según han desvelado fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. Esta decisión llega tras la admisión a trámite de los recursos presentados por los condenados, entre los que están dos expresidentes de la Junta de Andalucía -José Antonio Griñán y Manuel Chaves-, a principios del mes de junio.

Este periódico ha tenido acceso en exclusiva al informe que motivó esta admisión a trámite. En él, el letrado afín a la magistrada ponente y vicepresidenta del TC, la progresista Inmaculada Montalbán, asume las tesis de la defensa de Chaves, Griñán y el resto de ex altos cargos condenados. Considera que los acuerdos del Consejo de Gobierno y las modificaciones presupuestarias posteriores no son actos administrativos, sino políticos. Fue el Parlamento andaluz quien aprobó las cuentas públicas en las que se canalizaron las ayudas de los ERE.

La investigación de este caso dio lugar a una condena a seis años y dos días de cárcel y e inhabilitación absoluta por 15 años y dos días de José Antonio Griñán, exconsejero de Economía y expresidente de la Junta de Andalucía. Griñán fue imputado por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. El también expresidente Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Entre el resto de los condenados estaban Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero, ambos condenados a siete años, 11 meses y un día por los delitos continuados de malversación y prevaricación. Los ex secretarios generales Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez fueron condenados a nueve años de inhabilitación por prevaricación; Lourdes Medina, que ocupó el mismo cargo, fue inhabilitada por ocho años, seis meses y un día.

Según el texto al que ha tenido acceso este periódico, el letrado entiende ahora que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ratificó el Tribunal Supremo, plantea «un problema relativo a una faceta de derecho fundamental que afectaría al artículo 25 de la Constitución Española y sobre el que no existiría doctrina constitucional». La raíz de la discrepancia es la consideración de la aprobación de un anteproyecto de Ley de Presupuestos y su remisión a las cortes autonómicas como un acto administrativo, cuando, según el letrado, se trata del primer paso de la fase «prelegislativa». 

Ante esta situación, queremos preguntar a los lectores de The Objective si creen que el Tribunal Constitucional debe anular la sentencia de los ERE.