Un informe del TC allana el camino para anular la sentencia de los ERE y 'amnistiar' a Griñán
THE OBJECTIVE accede en exclusiva a un informe del Constitucional que asume las tesis de los 12 condenados
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. | EFE
El Gobierno podría no tener que indultar al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán para evitar su ingreso en prisión. Según adelantan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE, el Tribunal Constitucional se prepara para anular la sentencia del caso ERE y absolver a los 12 condenados, entre quienes se encuentran dos expresidentes de la Junta, Griñán y Manuel Chaves, tras la admisión a trámite de los recursos presentados por los condenados a principios del mes de junio.
En el informe que motivó dicha admisión a trámite y al que ha tenido acceso este periódico en exclusiva, el letrado afín a la magistrada ponente y vicepresidenta del TC, la progresista Inmaculada Montalbán, asume las tesis de la defensa de Chaves, Griñán y el resto de ex altos cargos condenados al considerar que los acuerdos del Consejo de Gobierno y las modificaciones presupuestarias posteriores no son actos administrativos, sino políticos, porque fue el parlamento andaluz quien aprobó las cuentas públicas en las que se canalizaron las ayudas de los ERE.
La argumentación del letrado es relevante por la coincidencia con la estrategia de defensa de los expresidentes Griñán y Chaves. Según el texto al que ha tenido acceso este diario, el letrado entiende que la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla y ratificada por el Tribunal Supremo plantea «un problema relativo a una faceta de derecho fundamental que afectaría al artículo 25 de la Constitución Española y sobre el que no existiría doctrina constitucional». La raíz de la discrepancia es la consideración de la aprobación de un anteproyecto de Ley de Presupuestos y su remisión a las cortes autonómicas como un acto administrativo, cuando, según el letrado, se trata del primer paso de la fase «prelegislativa».
La consideración jurídica es fundamental en la medida en que podría anular la sentencia de los ERE por, a juicio del letrado, haberse adentrado en «conceptos puramente constitucionales relacionados con el derecho parlamentario y la función legislativa en los que se estaría orillando -o excepcionando- doctrina dictada tanto por este Tribunal como por el Tribunal Supremo (Sala Tercera) en torno a la posibilidad de control judicial de actos de gobierno en el ejercicio de la función legislativa y su contenido decisorio».
Cuatro menciones a las «interferencias externas»
Por este motivo, el letrado pide aclarar «si esta función prelegislativa puede desligarse de la función legislativa, que reside en el Parlamento, a fin de justificar su control judicial». Porque, recuerda, son los propios parlamentos «los que deben ver por su correcto funcionamiento sin interferencias externas (…) Si en el procedimiento legislativo se incurre en vulneraciones constitucionales esas solo podrán ser controladas por el Tribunal Constitucional una vez aprobada la Ley. Lo contrario sería una interferencia en la potestad legislativa cuyo ejercicio no puede ser fiscalizado o paralizado por ningún orden publico».
A las dos veces que se habla de interferencias en el poder legislativo, se le suman dos más. El informe habla de «controversia» y exige aclaración dado el «matiz polémico que ha sido objeto de diversos vaivenes jurisprudenciales por la Sala Segunda», que podría suponer una interferencia en una función encomendada constitucionalmente al Gobierno y en una intromisión en la actividad parlamentaria». Y alerta una vez más de que «abrir la posibilidad de un control/fiscalización penal de los proyectos/anteproyectos de Ley podría suponer no solo una contravención con la doctrina constitucional y contencioso-administrativa si o también el encorsetamiento de la función legislativa que quedaría abierta a paralizaciones/suspensiones».
Una «amnistía encubierta y vergonzante»
Con estos mimbres, la ponente Inmaculada Montalbán tendrá que elaborar una sentencia que se abocará al pleno del Constitucional. Fuentes del organismo revelan a este medio que Montalbán «tiene el encargo de llevar la sentencia cuanto antes» y que el presidente del órgano de garantías, Cándido Conde Pumpido, quiere tener resuelto el asunto antes de Navidad. Oficialmente, desde el TC, se señala que aún no hay fecha prevista para que el pleno aborde el fondo del asunto.
La admisión a trámite de los recursos de amparo se produjo el pasado mes de junio con el voto a favor de cuatro de los seis magistrados que componen la Sala Segunda. Los dos que votaron en contra, los conservadores Enrique Arnaldo y César Tolosa, emitieron un voto particular en el expresaban su disconformidad con la admisión a trámite de los recursos de amparo.
En contra de lo que apunta el informe letrado en el que se basó la admisión, ambos magistrados señalaban que «los recursos de amparo debieron ser inadmitidos a trámite por carecer de especial trascendencia constitucional». El temor entre el sector conservador es que la magistrada ponente asumirá la principal línea argumental del informe de su letrado. No tienen duda alguna de que «se estimará el recurso y se anulara la sentencia ofreciendo a Griñán una amnistía encubierta o un indulto por la puerta de atrás». Y esa seguridad se fundamenta en el hecho de que «una vez que se admite un recurso, tiene un 80% de posibilidades de ser estimado».
Lo difícil para los condenados del caso ERE era que sus recursos de amparo lograran pasar el primer filtro de la admisión a trámite. Por ello, los magistrados conservadores manifestaron sorpresa e indignación a pares a principios del mes de junio, cuando se anunció la decisión procedimental que anticipa el sentido de la votación del pleno. «El letrado que presenta el informe es un perfil progresista, afín a la ponente, por lo que Montalbán hará suyos sus argumentos», explican fuentes del TC a este diario sobre los siguientes pasos que están por venir. Creen que la votación en el pleno del Constitucional no aportará sorpresas: el rodillo de la mayoría progresista arrojará una victoria de 7 a 4 que permitirá volver a utilizar al TC como un tribunal de casación sobre las decisiones de los órganos jurisdiccionales.
«Una cosa es resolver sobre si algo es jurisdiccional y otra cosa meterse en la prueba para corregir una sentencia», explican estas fuentes. «Son soldados». Soldados progresistas coordinados por Conde Pumpido pero a las órdenes de Pedro Sánchez, entre quienes se ubica su ex ministro de Justicia, su ex directora general de asuntos Constitucionales, y quien fuera su numero dos en Moncloa. Por ello, el TC ha activado la maquinaria para ejecutar el indulto a Griñán por la puerta de atrás evitando que el presidente del Gobierno, que no puede indultarle en funciones, tenga que mancharse las manos una vez sea investido de nuevo.
