El Gobierno teme que la consulta telemática de los críticos de Junts bloquee la investidura
Este 23 de octubre concluye el plazo de la consulta telemática convocada por un grupo de afiliados de Junts
El Gobierno espera salir de dudas el lunes que viene. Este 23 de octubre concluye el plazo de la consulta telemática convocada por un grupo de afiliados de Junts para promover el bloqueo a un acuerdo de Gobierno. Una consulta a las bases con mandato imperativo y cuya pregunta es la siguiente: «¿El Consell de la República tiene que promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?». Se trata de una cuestión tan relevante que ha motivado el estancamiento de la negociación estos últimos días hasta conocer su resultado, que Carles Puigdemont está obligado a acatar en tanto que presidente del citado Consell.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, existe inquietud y preocupación en la comisión negociadora del PSOE porque «puede salir que no quieren acuerdo e inhabilitar a Puigdemont en la negociación», conduciendo inexorablemente a unas elecciones. Cierto es que Moncloa acogió con optimismo esta semana que Puigdemont consiguiera su objetivo de disolver la Asamblea del Consell de la República, en donde existe un grupo de representantes que cuestionan su legitimidad. De hecho, un dato que preocupa a los negociadores socialistas es que el expresidente catalán logró una victoria pírrica en esta consulta, ya que apenas contó con una participación del 6,5%.
Ello pone en evidencia que «hay una clara desafección en Junts», las famosas dos almas de la formación, y que «es mucho mayor la presión que ejercen los afiliados de Junts sobre Puigdemont que la que puede tener Pedro Sánchez para aceptar la amnistía». A diferencia de las manos libres que concede el PSOE a su secretario general para la formación del Gobierno, en Junts puede maniatar a su líder en la negociación: «Esta gente le puede echar la soga al cuello».
Puigdemont, «prisionero de su gente»
Dicho de otra forma, el Gobierno tiene claro que «Puigdemont sí quiere un acuerdo que evite elecciones», pero «puede ser prisionero de su gente». Si sus bases le prohiben el lunes mantener la negociación y promueven el bloqueo, «se acabó, todo saltará por los aires». Esta es la complejidad del acuerdo, no tanto los detalles concretos de la negociación en relación a la amnistía o la financiación, sino la pugna interna en las dos formaciones independentistas de las que depende la luz verde en la investidura de Sánchez.
Si Junts no es un bloque monolítico, donde los partidarios de Jordi Turrull intentan deslegitimar a Puigdemont, tampoco lo es ERC. Fuentes socialistas explican así la presencia del presidente catalán, Pere Aragonès, en el debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado. «Ya no lo hace siquiera por buscar protagonismo frente a Puigdemont sino frente a Oriol Junqueras y Marta Rovira», porque estos dos representantes republicanos son quienes negocian con la comisión negociadora del PSOE. «Aragonés está fuera de la negociación, le están comiendo la tostada, y ha querido aprovechar su perfil institucional para apuntalar su liderazgo».
Por ello, el Ejecutivo se mueve con suma cautela en el difícil equilibrismo de la negociación con sus socios para no generar recelos ni agravios, ni entre ERC y Junts, ni internamente entre los adversarios políticos internos. Se trata de un problema que se podría convertir en una cuestión «insalvable», a juicio de algunas fuentes consultadas por este diario, a diferencia de la tensión entre rivales que existe entre otros aliados de la investidura como PNV y EH Bildu, o incluso, entre Podemos y Sumar. Tras las advertencias de Belarra sobre la «autonomía de voto de Podemos» y su exigencia de negociar directamente con el PSOE, los socialistas rebajan la ofensiva: «Con Podemos no habrá un problema porque si hubiera elecciones, lo mismo se tienen que exiliar de España». Un miedo por el que acabarán reflexionando. Con Junts, insisten, «es más complicado».