El PSOE lleva a Bruselas el cierre de la Oficina Antifraude de Baleares que propone el PP
Los ‘populares’ alegan que el órgano duplica funciones de otras instituciones y que se creó sin consenso político
La eurodiputada socialista Alicia Homs. | PSOE de Baleares
El cierre de la Oficina Anticorrupción de Baleares que propone el PP llega a Bruselas. Una eurodiputada del PSOE, Alicia Homs, ha registrado una pregunta en el Parlamento Europeo para saber qué piensa la Comisión Europea sobre la clausura de este organismo regional y si el proceso contradice sus propias iniciativas. Los populares alegan que se creó sin consenso político y duplica funciones de otras instituciones, como la fiscalía.
Homs sostiene en el texto, fechado el pasado 18 de octubre, que se trata de una oficina que tiene por objeto la prevención de la corrupción en una región «en la que esto ha sido un tema de gran preocupación para la ciudadanía durante años». La eurodiputada del PSOE explica que la Comisión Europea ya creó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en 1999 para reforzar «la lucha contra el fraude, la corrupción y otras faltas graves».
Un objetivo, insiste en la pregunta registrada, en la que incide la normativa comunitaria, tanto las directivas del Parlamento Europeo como las del Consejo. Por eso demanda a la Comisión Europea si considera que la disolución de la Oficina Anticorrupción de Baleares es contraria a sus propias iniciativas. Además, le requiere si este tipo de organismos supone una duplicidad respecto al Ministerio Público, tal y como sostiene el PP.
La denuncia del PSOE
La eurodiputada, que ha rehusado hacer declaraciones a THE OBJECTIVE, avanzó su intención de llevar el asunto a Europa en la web del PSOE de Baleares. «Asistimos una vez más a los esfuerzos del PP por degradar nuestras instituciones y esconder información, como hacen siempre que gobiernan», afirmó Homs. Los populares recuperaron el poder en la región el pasado mayo, aunque necesitaron el apoyo de Vox.
«Cien días después de empezar el Gobierno de (Marga) Prohens hemos vuelto al tiempo de Jaume Matas y volvemos a ser testigos de la peor versión del PP», insistió la eurodiputada en la web del PSOE. Además, critica que «estamos ante un PP sin escrúpulos, capaz de llegar al punto de desmantelar la Oficina Anticorrupción de Baleares para proteger al clan de Prohens en Campos (localidad de la provincia de Mallorca)».
Homs subraya que el Govern «se deshace de la oficina y se desata claramente de las directrices europeas que luchan contra la corrupción». E insiste: «No contentos con eso, crean una ley de transparencia que propone, entre otras muchas barbaridades, que sea el mismo Gobierno el que vigile al Gobierno, o que la información sobre bienes y patrimonio de los políticos deje de ser de dominio público».
El PP de Baleares registró el pasado 9 de octubre en el Parlamento regional una Proposición de Ley de Transparencia y Control de cargos público que incluye el cierre de la Oficina Anticorrupción. En su lugar, pretenden que la Cámara autonómica cree un registro de actividades, intereses y patrimonio de los cargos públicos.
La portavoz parlamentaria adjunta de los populares, Marga Durán, esgrimió que llevaban meses trabajando en el documento porque su partido «siempre ha defendido» el cierre «por su coste desorbitado» y «para evitar duplicidades». El órgano tuvo el año pasado un presupuesto de 1,3 millones de euros.
«Herramienta para dañar»
Durán alegó durante su comparencia que la Oficina Anticorrupción se ha utilizado desde su creación en 2016 «como herramienta política para hacer daño a un partido», en referencia al PP. No obstante, negó que la proposición de ley se registrara a consecuencia de que el órgano haya acusado al director general de Emergencias del Govern, Sebastià Sureda, de liderar una presunta trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015.
La propuesta no solo ha recibido el reproche del PSOE. Hay Derecho, una fundación sin ánimo de lucro, reconoce que le resulta «paradójico» que una de las primeras medidas del PP tras recuperar el Gobierno de Baleares sea la de eliminar «instituciones clave para la lucha contra el fraude, la corrupción y la promoción de la ética en el sector público y privado».
Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, subraya que «la lucha contra el fraude y la corrupción no puede estar al albur de cada vaivén político». En su opinión, se trata de un asunto de máxima importancia para el interés general, por lo que «si es mejorable la oficina debe hacerse sobre una evaluación técnica de su funcionamiento y las medidas dirigirse a su mejora, no usar excusas políticas para suprimirla». Desde la fundación lo ven como una iniciativa partidista que carece de evaluación.
