La Fiscalía denuncia un contrato de 2,7 millones del concejal del PSOE salpicado por 'Tito Berni'

La Fiscalía estrecha el cerco sobre un contrato público de 2,7 millones de euros, supuestamente falsificado, que fue firmado por el exalcalde y actual concejal de Urbanismo del PSOE en el municipio de Güímar (Tenerife), Airam Puerta. Se trata del edil socialista que se vio en el ojo del huracán el pasado mes de marzo tras hacerse públicas las fotos del sumario del caso Tito Berni. Después de practicar varias diligencias previas de investigación sobre las presuntas irregularidades en ese contrato, el Ministerio Público ha presentado una denuncia en los juzgados de Güímar para pedir que se abra una causa judicial por un presunto delito de falsedad en documento público y otro de usurpación de funciones públicas.

En su denuncia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Fiscalía señala indicios de que el decreto en el que se amparaba el contrato fue confeccionado de forma ilegal el 28 de diciembre de 2021, llegándose incluso a inventar un precepto que no existe en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para dar apariencia de legalidad a la adjudicación de la obra para la construcción de una red de saneamiento de agua en el barrio de Fátima. Asimismo, el Ministerio Público considera probado que una persona, aún sin identificar, se hizo pasar por la secretaria municipal de Güímar para tener acceso a información sobre ese y otros contratos públicos adjudicados.

«Constan informes del informático del Ayuntamiento y de la técnica de administración general en los que se analizan la autenticidad del mencionado decreto del 28 de diciembre de 2021 y, en ambos casos, concluyen que es falso», indica la Fiscalía en su denuncia, presentada ante los juzgados de Güímar para pedir la apertura de una causa penal. La investigación se centra en la presunta falsificación del decreto por el cual se justificó por necesidades de «emergencia» la adjudicación a dedo de la obra, por importe de 2,7 millones de euros, a la empresa Wawa Canarias SL. Se trata de una mercantil administrada por un empresario de origen indio que, según el Ministerio Público, nunca antes había recibido contrato alguno del Ayuntamiento de ese municipio tinerfeño.

Fiscalía pide citar al alcalde

En su escrito, la Fiscalía pide dividir la causa en dos piezas separadas y solicita una extensa batería de diligencias dirigidas a esclarecer la presunta falsificación del decreto y del contrato investigados. El Ministerio Público requiere que se libre un oficio al grupo de delitos informáticos de la Guardia Civil «con el fin de que se examine la autenticidad del decreto 2377/2021, de 28 de diciembre, y del contrato 4210/2021, de 29 de diciembre, y su conexión con el decreto 2377/2021, de 9 de junio».

También pide tomar declaración como testigos a más de media docena de cargos municipales, entre ellos el alcalde Gustavo Pérez, de Coalición Canaria. El actual regidor gobierna en coalición con el PSOE y el apoyo Podemos desde las elecciones municipales de mayo, manteniendo como teniente de alcalde y concejal de Urbanismo a Airam Puerta. La formación más votada en los comicios locales del 28-M fue el PP, pero no logró sumar mayoría para gobernar.

En la misma relación de posibles testigos en la causa aparecen la secretaria general del Ayuntamiento de Güímar, la concejala de contratación, el responsable de esa misma área, la interventora y el informático municipal, así como el dueño, el gerente y un trabajador de la empresa Wawa Canarias. Seis meses antes de la firma del contrato, el 9 de junio de 2021 y con Airam Puerta como alcalde, se adjudicó también a dedo un contrato menor de 14.128 euros a la empresa Rivero Ingeniería y Arquitectura para que se encargase de redactar el proyecto técnico de las obras de saneamiento en el barrio de Fátima.

Falsifican la firma de la secretaria

En cuanto a Puerta y al actual concejal de Servicios Sociales, Sanidad y Hacienda, José Miguel Hernández, también del PSOE, la Fiscalía interesa esperar a los análisis técnico-periciales encargados a la Guardia Civil y al área de contratación del Ayuntamiento para «determinar en qué condición deberán comparecer». Lo mismo se solicita respecto del arquitecto al que se adjudicó el diseño de la obra, José Víctor Rivero, al que la empresa Wawa Canarias pagó 100.000 euros por un proyecto que nunca llegó a ser ejecutado, según se desprende de la declaración prestada ante la Fiscalía por el gerente de la mercantil.

En el contrato denunciado se hace constar que, durante la firma del mismo, Airam Puerta estuvo asistido por la secretaria general del Ayuntamiento y el gerente de Wawa Canarias. Sin embargo, en un tenso pleno a finales de marzo pasado, la funcionaria señaló a Puerta y Hernández por la presunta falsificación de su firma digital. Aseguró que nunca habría suscrito un contrato por un importe tan elevado mediante el procedimiento de emergencia y sin un informe favorable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Ese mismo día, la secretaria general del consistorio anunció la interposición de una querella criminal ante la Fiscalía.

El Ministerio Público abrió diligencias previas y, tras concluir la primera fase de las pesquisas, el asunto pasa ahora a los juzgados de Güímar. Entre otros indicios de falsedad del decreto de emergencia y el contrato, ambos firmados electrónicamente por Airam Puerta, el Ministerio Público señala el propio «contenido» del texto legal aprobado para permitir la adjudicación por el procedimiento de emergencia de una obra cuyo proyecto había sido adjudicado como contrato menor seis meses antes, en abril de 2021, al arquitecto José Victor Rivero.

«El contenido que se transcribe del artículo 120 de la LCSP no se corresponde con el de esa ley ni con ninguna otra», indica el Ministerio Público en referencia al decreto por el que se declaró la «emergencia» para justificar la adjudicación a dedo del contrato en diciembre de 2021. «No somos capaces de vislumbrar de dónde se ha obtenido esa redacción. Ni siquiera se corresponde con la redacción de una normativa más antigua: no se corresponde con el artículo 120 de la LCSP de 2017. Ni siquiera con el 113 del TRLSCP de 2011», señala el Ministerio Público.

Indicios de delito

«Sobre la base de ese precepto, cuya redacción se desconoce de dónde procede, se resuelve declarar la emergencia», añade. Otros de los indicios que hacen sospechar a la Fiscalía de una presunta falsificación del contrato tiene que ver con las firmas y sellos digitales que acompañan a los tres documentos investigados: la orden de junio de 2021 por la que se adjudicó la elaboración del proyecto al arquitecto, así como la modificación del decreto y la adjudicación del contrato por el procedimiento de emergencia en diciembre del mismo año. «Tenemos dos decretos con el mismo número y el mismo código de validación. (…) No parece posible que dos decretos compartan el mismo número y el mismo código de verificación», señala la Fiscalía.

«En cuanto al contrato de 28 de diciembre de 2021, no tiene código de verificación alfanumérico, pero su código de barras es exactamente el mismo que el del decreto de 28 de diciembre de 2021, código de barras que, a su vez, es idéntico al del decreto del 9 de junio de 2021», agrega. «Tenemos tres documentos con el mismo código de barras y que en realidad se corresponden con el mismo código de verificación».

El Ministerio Público también destaca que en el encabezado contrato del contrato se dice que está firmado electrónicamente por Airam Puerta, supuestamente asistido por la secretaria general del Ayuntamiento y el administrador de Wawa Canarias. Sin embargo, subraya la denuncia, no constan las firmas manuscritas de ninguno de los tres: «Resulta extraño que se indique que el contrato está firmado electrónicamente y no solo no constan las firmas, sino que no se corresponde con el proceder del Ayuntamiento».

Notificado por WhatsApp

La Fiscalía explica que en otros expedientes similares del mismo Ayuntamiento sí aparecen firmados a mano los documentos por todos los intervinientes. Asimismo, el decreto y el contrato investigados, «a pesar de ser electrónicos, tienen un último folio en blanco que además está anulado». Por último, el Ministerio Público destaca que «el origen del decreto y su notificación no pueden ser trazados» y afirma que el informe aportado por la intervención municipal concluye que «no consta en la contabilidad del Ayuntamiento ningún pago efectuado a la empresa Wawa Canarias SL por el contrato de emergencia ni por ningún otro».

«El mismo informe indica que la técnica del área de contratación ha informado que en el gestor de los expedientes y la documentación de la sección de contratación no consta ningún expediente de contratación por el referido contrato a favor de Wawa Canarias, ni por ningún otro concepto», añade la Fiscalía en su denuncia ante el juzgado. Además, indica el Ministerio Público, el gerente de la compañía aseguró durante su comparecencia ante el fiscal que el contrato de 2,7 millones de euros le fue notificado por WhatsApp el mismo 28 de diciembre de 2021 en el que se aprobó el decreto de emergencia. «Es abiertamente contrario a la Ley del Procedimiento Común de las Administraciones (LPAC) que un decreto de la alcaldía se notifique por WhatsApp (artículo 40)», indica la denuncia de la Fiscalía.

Durante su interrogatorio, el gerente de la sociedad adjudicataria del supuesto contrato explicó que él y el arquitecto José Víctor Rivero «firmaron un contrato por el que este último se comprometía a redactar un proyecto y la documentación necesaria para que la empresa Wawa Canarias pudiera acudir a la licitación». «Al señor Rivero se le llegó a entregar una parte de los honorarios y otra estaba supeditada a la adjudicación. Se le abonaron 100.000 euros, de un total de 140.000 euros comprometidos, por transferencia bancaria», añadió el gerente de la sociedad adjudicataria.