El presidente de la Justicia canaria advierte del riesgo de colapso y pide más personal

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, ha advertido este lunes de que «están saltando todas las señales de alarma» en el sistema judicial canario y hay riesgo de «colapso». En una intervención ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias para presentar la memoria correspondiente a 2022 ha afirmado que hay «datos preocupantes» y que «hacen falta más y mejores medios» con el fin de «garantizar la independencia del poder judicial».

Lorenzo, que ha ironizado con que el poder judicial «es el más débil» –«no tenemos presupuesto ni para comprar un bolígrafo»– ha insistido en que sin medios adecuados «difícilmente se puede hablar de derechos a la tutela efectiva», y pese a la «relación fluida» y «lealtad institucional» con el Gobierno canario, entiende que hacen falta más recursos. Lorenzo ha detallado que la dinámica de 2023 «no cambia sustancialmente» a la de 2022, cuando la litigiosidad aumentó un 6% sobre el año anterior –en todos los órganos menos el contencioso-administrativo–, con las islas a la cabeza del Estado con 181 asuntos por cada 1.000 habitantes, diez puntos más.

Ha indicado también que en 2022 aumentaron un 8,4% las denuncias por violencia contra la mujer, subieron los concursos de acreedores y las demandas por despido y también las de divorcio, a la cabeza de España con 248 por cada 100.000 habitantes. Frente a esos datos ha destacado el «alto rendimiento» de la administración de justicia en Canarias, con un 1,6% más en tasa de resolución de procedimientos, si bien la pendencia aumentó un 11%, situación que «se ha agudizado» este año por la huelga de abogados y funcionarios.

Lorenzo ha tildado de «acuciante» la necesidad de habilitar diez juzgados nuevos, al tiempo que ha lamentado que el año pasado se crearon cinco pero tres no entrarán en vigor hasta junio en Granadilla (Tenerife) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) por la falta de locales. Además ha apuntado que los nuevos juzgados no pueden atender a una «regla matemática» por población sino tener en cuenta la tasa de litigiosidad pues en el caso concreto de Canarias, por ejemplo, hay que tener en cuenta la «población de hecho» derivada del turismo y el impacto de las economías de servicios en la litigiosidad.

Como ejemplo del retraso en infraestructuras ha tildado de «exasperante» la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife y tampoco se ha acometido el traspaso del edificio ‘Auditorio’, que debía servir como «solución transitoria». Al menos, Lorenzo sí ha valorado que ya haya acuerdo sobre la parcela en la que se va a construir el nuevo Palacio de Justicia de Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Mejoras informáticas y de coordinación

Ha cargado especialmente contra los partidos judiciales de Granadilla y San Bartolomé de Tirajana porque son «deficitarios» en cuanto medios, de ahí que el principio de tutela judicial sea una «entelequia». Lorenzo no entiende la negativa del Ayuntamiento de Granadilla a crear un partido judicial unificado con Arona que permita dar «servicios adecuados» y más «especialización» y se pregunta si «parece más importante tener un juzgado en la puerta de casa aunque no funcione». «Hay que gestionar los recursos de manera eficiente», ha destacado.

En ese sentido ha señalado que «el referente» en cuanto a equipamientos judiciales es la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que «es el siglo XXII» y un «estándar» al que hay que aspirar en el resto de Canarias que con una planificación a diez o quince años. «Es fundamental», ha señalado. El presidente del TSJC ha pedido también mejoras informáticas, ya que el sistema ‘Atlante’ no está homologado, y también «medidas de refuerzo coyunturales» ya que el 50% del programa de apoyo «ha decaído», lo que supone un «grave contratiempo» para la eficiencia judicial.

Lorenzo ha reprochado también la «falta de coordinación» entre administraciones dado que muchas plazas están avaladas por el Consejo General del Poder Judicial y el propio Ministerio y después no se nombran, pese a contar con la financiación, y reclamado crear oficinas de atención a las víctimas y mejorar los institutos de medicina legal. Ha dicho también que el señalamiento de juicios llega como máximo a mediados de 2024 –cuando en algunas ciudades de la Península se alcanza el año 2027– pero se debe a que hay una «bolsa de asuntos sin señalar» de tal forma que si fijaran todos se llenaría «la agenda» hasta finales de 2025.

Lorenzo ha pronosticado que la huelga de letrados y funcionarios afectará negativamente en el cierre de este curso y ha defendido la vía de la conciliación para resolver discrepancias pues el juzgado «debe ser la última ratio». Ha indicado que «lo importante es cambiar las mentalidades», subrayando que los magistrados no quieren «más pleitos, solo los necesarios e imprescindibles», y por ello, ha valorado la puesta en marcha del programa ‘Educando en Justicia’ de la mano de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para ir fomentando un «cambio de actitudes» entre las nuevas generaciones.