Puigdemont exige al PSOE garantías de que el Tribunal Europeo no tumbará la amnistía
El expresident trasladó esa exigencia en una reunión para presionar ante la inminente sentencia de la corte de Estrasburgo
El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
El salvavidas podría estar en la Justicia europea y Carles Puigdemont lo sabe. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el ex presidente catalán fugado de la Justicia española exigió a los negociadores socialistas «garantías de que la amnistía no era una trampa» y que no se la pudiera tumbar la Justicia Europea. Una forma de presionar al Gobierno a la espera de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre los recursos de nueve condenados en el juicio del procés, cuya condena la corte de Estrasburgo acepto revisar hace escasamente un mes. Entre los demandantes se encuentra el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los ex consellers Raúl Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquin Forn, Josep Rull; así como otros cargos como Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
La presión se dirige a la argumentación jurídica que ha de hacer el Ejecutivo sobre la sentencia del 1-O en este procedimiento, a través de la Abogacía del Estado y respondiendo a seis preguntas que le plantea el tribunal de Estrasburgo, para lo cual tiene de plazo hasta el 12 de enero. Algo que compromete al Gobierno de Pedro Sánchez, que se halla inmerso en la negociación de su investidura, con la amnistía como eje central de las conversaciones con Junts. Por este motivo, el Ejecutivo todavía no ha respondido y sigue retrasando la respuesta al TEDH sobre las preguntas planteadas en relación al fondo de la cuestión: si la sentencia del Tribunal Supremo fue excesiva, como defienden los recurrentes, y se vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
«Un enorme salvavidas»
En caso de que se estimaran los recursos, el TEDH anularía el cumplimiento de las penas de inhabilitación, que siguen cumpliendo los condenados. Eso, si no se hubiera aprobado antes la ley de amnistía que negocia el Ejecutivo de Pedro Sánchez con Junts y ERC, en cuyo caso supondría un «enorme salvavidas europeo a la amnistía», según fuentes socialistas, que permitiría «acallar a todas las voces críticas», entre las que se encuentran el ex presidente del Gobierno, Felipe González, su ex vicepresidente, Alfonso Guerra, o el barón manchego, Emiliano García Page.
En esta decisión de la corte de Estrasburgo confía Pedro Sánchez, pero lo endiablado de los plazos complica la cuadratura del círculo. El secretario general PSOE no quiere mojarse en la defensa de la amnistía hasta que no esté firmado el acuerdo con los independentistas y tener garantías de que no habrá repetición electoral el 14 de enero, apenas dos días después de que expire el plazo para responder a las preguntas de Estrasburgo. Y, por ello, mantienen la intensidad en la negociaciones en la confianza de que podrán cerrar los últimos flecos y alinear los argumentos de la exposición de motivos de la ley de amnistía, con las respuestas de la Abogacía al TEDH y que, a su vez, la decisión de Estrasburgo avale sus argumentos.
La famosa «homologación del Código Penal»
Más teniendo en cuenta que, más allá de las medidas de gracia (los indultos y la amnistía), la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y la reforma de la malversación le permitiría argumentar que la sentencia del Tribunal Supremo se ajustó a la legislación vigente en octubre de 2019, sí, si bien el Gobierno consideró crucial reformar el Código Penal para -según dijo entonces-, «homologarse a nuestros homólogos europeos», para poder ajustarse así al derecho comparado europeo y al propio convenio de derechos humanos.
Y ahí radica la confianza de Puigdemont, que coincide con la del Gobierno aunque éste sea objeto de la presión del primero por el relato jurídico con el que responderá a Estrasburgo. Fuentes del entorno del ex president se muestran tranquilos sobre el encaje que la amnistía pudiera tener por parte de la Justicia europea porque «hay jurisprudencia suficiente, tanto del Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE), como del TEDH, que avala la amnistía», motivo por el cual «no existe ningún temor» a que no avalen la decisión que negocian con el Ejecutivo. Sin embargo, los plazos son relevantes porque podrían acelerar o complicar la investidura.
La preocupación de Puigdemont
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que la preocupación de Puigdemont es lograr «ser rehabilitado políticamente», al margen de donde realice su actividad política y fije su centro de operaciones. Porque «Puigdemont está desesperado por acabar con su exilio en Waterloo y se ve presionado por el empresariado catalán independentista, que es quien paga la fiesta». Pero su horizonte político no son las elecciones catalanas del año que viene, sino las europeas de junio del 2025, motivo por el cual es más que relevante las resoluciones de la Justicia Europea sobre el procés en general y su situación política en particular.
El pasado 5 de julio el Tribunal general de la Unión Europea (TGUE) le retiró la inmunidad, pero el juez instructor del procés, Pablo Llarena, está pendiente de la resolución del TJUE sobre el recurso de Puigdemont para reactivar la petición de extradición. Un proceso donde también debe pronunciarse el Gobierno en un escrito a través de la Abogacía del Estado, aunque de momento no hay movimiento a la espera de las señales que emita la mesa de negociación para la investidura.
