Sánchez promete cambiar el «relato histórico» de la Guerra Civil «en los libros de texto»
El presidente ha anunciado más exhumaciones y la tramitación de todas las peticiones de nacionalización de exiliados
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (1i), durante el acto de homenaje a las víctimas del golpe la dictadura y la guerra. | Europa Press
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha cargado contra los críticos con la Ley de Memoria Democrática al afirmar que es «de suma ignorancia» calificarla de «sectaria» y «revanchista». «No lo es», ha señalado en un acto en el que el Gobierno ha reconocido oficialmente su condición de víctimas a una treintena de personas. «Soy consciente de que vamos tarde pero mi compromiso es total, rotundo y absoluto», ha enfatizado, antes de asegurar que la ley se va a cumplir y se dedicarán «más esfuerzos» a la divulgación de la historia y «a la actualización del relato histórico en los libros de texto».
Según Sánchez de este modo «ya no podrá decirse aquello de que no hemos llegado hasta la Guerra Civil en la clase de Historia». Además, ha mostrado su compromiso para que la ley se aplique y se sigan llevando a cabo exhumaciones de desaparecidos y se tramiten todas las peticiones de nacionalización de los exiliados y sus descendientes.
Sánchez ha hecho estas declaraciones en un acto solemne para conmemorar el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura, que se celebra el día 31 de octubre, según la Ley de Memoria aprobada hace un año. En esta ocasión se ha adelantado un día su celebración debido a la jura de la Constitución de la princesa Leonor que se lleva a cabo este martes en el Congreso de los Diputados. Sánchez ha defendido la ley al señalar que fue elaborada siguiendo la recomendación de distintos organismos internacionales de derechos humanos y escuchando las demandas «de la sociedad civil y del movimiento memorialista», ha apuntado.
A pesar de que el Ejecutivo se encuentra en funciones y todavía no se ha cerrado un acuerdo para la investidura, Sánchez ha subrayado el compromiso del Gobierno para procesar «todas» las peticiones de nacionalidad de los exiliados y sus descendientes y también con las exhumaciones «que permiten restaurar la dignidad de quienes fueron privados de ella en el trance más duro».
Además, ha asegurado que seguirán retirando «símbolos contrarios a la Memoria Democrática» y trabajando en la «resignificación» de lugares como el Valle de Cuelgamuros –antes denominado Valle de los Caídos– o el casco urbano de Guernica, según ha mencionado. También ha adelantado sus planes de seguir retirando «distinciones y honores» tal como ya se hizo con los títulos nobiliarios otorgados entre los años 1948 y 1978.
Por otro lado, ha señalado que con el nuevo sistema adquirido por el Ministerio de Justicia, se va a crear un banco de ADN de desaparecidos que facilitará las búsquedas y la identificación genética. «Algo que hasta hoy era muy complicado», ha subrayado.
Reúne a casi todo su Gobierno
Este lunes Sánchez ha reunido a casi todo su Gobierno en este acto, el primero después de que este sábado defendiese abiertamente la amnistía a los implicados en el procès, en el Comité Federal del sábado. Sin embargo no ha habido menciones a este asunto.
Asistieron la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Justicia, Pilar Llop; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.
También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el ministro de Sanidad, José Miñones; la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; la ministra de Igualdad, Irene Montero; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y el ministro de Universidades, Joan Subirats.
