Las víctimas del Valle de los Caídos reprueban al Gobierno por el parón en las exhumaciones

Los familiares de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos vuelven a reprobar al Gobierno. Esta vez critican el parón en los trabajos de exhumación, que comenzaron a mediados de junio. «Estamos cabreadísimos. Nos dijeron que iban a seguir todo el verano y se han tomado agosto de vacaciones», se lamenta uno de los descendientes a THE OBJECTIVE. Llevan décadas esperando recuperar a sus familiares inhumados en Cuelgamuros. Justifican sus prisas por la incertidumbre política que dejaron las elecciones el 23 de julio. Este diario ha tratado sin éxito de conseguir la versión oficial.

Tras siete años de trabas burocráticas, el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones en marzo, tras rechazar el recurso de una asociación que trataba de evitarlas. Los operarios iniciaron las labores el 12 de junio, aunque los descendientes se enteraron por la prensa. Horas más tarde, ya de madrugada, comenzaron a recibir correos electrónicos con la información.

Ese escenario no empañó la esperanza de los familiares de las 133 víctimas que han reclamado los restos. Ya han sido identificadas y devueltas a sus descendientes 11 de ellas. Sucedió el pasado sábado en el Parque de La Ermita de la Virgen de Rivilla, junto al cementerio de Pajares de Adaja (Ávila). El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que el Gobierno «va a hacer todo lo que esté su mano para que las víctimas del franquismo dejen de estar olvidados en cunetas y caminos».

Sin respuesta del Gobierno

Una versión que no ponen en duda las víctimas. No obstante, los descendientes de las personas inhumadas sin consentimiento en el Valle de los Caídos se quejan de que apenas mes y medio después de iniciar los trabajos de exhumación se hayan detenido para irse de vacaciones todo agosto. «Nos explicaron que estaban muy cansados», se queja uno de los descendientes.

Un equipo de 15 profesionales trata de recuperar desde mediados de junio los restos reclamados en Cuelgamuros, una operación casi quirúrgica debido a su estado. Fueron enterrados apiñados en cajas rudimentarias y durante décadas han sufrido la humedad del lugar que les acoge. Los trabajos se realizan por fases: primero los ubicados en la cripta de la capilla del Santo Sepulcro y a continuación los de los cinco niveles del complejo inaugurado por el dictador Francisco Franco en 1959.

El cabreo de las víctimas aflora después de que el Gobierno, a través de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, les informara de que las exhumaciones no se iban a detener en verano. Uno de los descendientes confirma que se ha dejado de trabajar in situ, aunque reconoce que las identificaciones han continuado. Este diario ha tratado sin éxito de obtener información del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

«Cuando el Gobierno decidió darles vacaciones a principios de julio no estaba nada claro el panorama político», insiste un descendiente. Otro familiar reconoce que la situación política es incierta, que temen que pueda gobernar el PP, que ya anunció que derogaría la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre.

Avanzar los trabajos

Las víctimas solicitaron al Gobierno «que avanzara los trabajos lo máximo posible». Los descendientes afirman que no les hicieron caso. Se enteraron del parón por terceros, aunque más tarde se lo confirmaron fuentes oficiales.

«Entiendo que la gente tenga vacaciones, pero ellos deben entender que llevamos décadas esperando», expone otra de las víctimas. Algunas de ellas han muerto sin ver cumplido el objetivo de recuperar a sus seres queridos. El camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil. El Valle de Cuelgamuros (nombre que recibe tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática) es la mayor fosa común de España. Aquí yacen 33.833 víctimas de ambos bandos, pero solo 133 han sido reclamadas.

Una puerta que abrieron los descendientes de los hermanos Lapeña, que llevaron el caso a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) dio luz verde a las exhumaciones en 2016. Sin embargo, los recursos judiciales interpuestos y el aplazamiento de la licencia urbanística lo impidieron. Además del parón, las víctimas reclaman estar presente en la recuperación de sus parientes, como establece el protocolo de actuación de exhumaciones aprobado en 2011.

Los descendientes registraron la petición ante el Ministerio de Presidencia días después de que comenzaran las exhumaciones. Lo hizo en su nombre el abogado Eduardo Ranz, que se basó en los «precedentes históricos que sentaron las familias del dictador y del fundador del partido único, exhumados en el mismo lugar». El Gobierno trasladó los restos de Franco hasta el cementerio de Mingorrubio-El Pardo en octubre de 2019 e inhumó a José Antonio Primo de Rivera el pasado abril.