Los economistas del Estado votan de forma mayoritaria el comunicado contra la amnistía
Tras una dura pugna con la directiva, presidida por un subdirector de Moncloa, el colectivo muestra una postura común
Pedro Sánchez defiende la amnistía durante el debate de investidura. | Europa Press
Los técnicos comerciales y los economistas del Estado han logrado emitir un contundente comunicado contra la amnistía tras una dura pugna con la directiva de la asociación a la que pertenecen. Lo han hecho tras someter a votación la publicación del texto, una iniciativa que ha sido respaldada mayoritariamente por los asociados. THE OBJECTIVE, que ha seguido el proceso, informó el pasado lunes de la negativa de la directiva de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (Atcee), presidida por un subdirector general de Moncloa, Julio Poyo-Guerrero, a publicar el comunicado, que consideraba inoportuno.
Tras un intercambio de correos, finalmente Poyo-Guerrero, subdirector general en la Secretaría de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, accedía,a someter el texto a votación. Ya había sido apoyado por 150 asociados, uno de cada cuatro de los que forman parte de la asociación. Antes, jueces, policías, asociaciones profesionales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, fiscales y empresarios, entre otros colectivos, ya habían presentado diferentes manifiestos sin problema alguno contra la ley de amnistía tras los pactos del PSOE con ERC, Junts y PNV.
Hoy, miércoles, en paralelo al debate de investidura de Sánchez, la web de la Atcee ya recoge el texto –ver el comunicado completo-. Un total de 303 socios votaron a favor de publicar un comunicado y 114 votaron en contra. «Los miembros de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado han votado mayoritariamente expresar, mediante el presente comunicado, su preocupación sobre el alcance de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para anular la responsabilidad penal, administrativa y contable y las acciones de la Justicia española frente a los delitos cometidos relacionados con el procés», comienza el comunicado.
El texto de la amnistía
«La aprobación de la ley así contemplada deslegitimaría la respuesta institucional que nuestro Estado de derecho dio en defensa del ordenamiento jurídico, atentaría contra los principios de igualdad y separación de poderes y dejaría impunes delitos contra el orden constitucional y de malversación, entre otros. Quedaría, por tanto, sin efecto la actuación y gestión que muchos compañeros funcionarios, también de nuestro propio Cuerpo, realizaron en defensa de la legalidad, el ordenamiento jurídico y el orden constitucional, con los que queremos mostrar plena solidaridad», señala.
Los asociados destacan que el Estado de derecho y la separación de poderes constituyen la piedra angular del funcionamiento de la Administración General del Estado. «Socavarlos afecta directamente al núcleo de nuestro ejercicio profesional y al código de conducta por el que nos regimos tal y como se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público. Su deterioro nos desprotegería frente a la arbitrariedad del poder político y debilitaría la reputación institucional de nuestro Estado», indica.
El pasado viernes el Consejo Directivo de Atcee se negó a autorizar el comunicado sobre el acuerdo de amnistía. Aseguraba en ese momento que le parecía prematuro juzgar los efectos del acuerdo sobre el colectivo, «pues éstos son aún inciertos. Continuaremos analizando los riesgos para los intereses profesionales de los TCEE (…), ante la falta de concreción del acuerdo en los asuntos de nuestra competencia».
Un proceso complicado
Ese mismo viernes día 10, un grupo de 96 técnicos comerciales y economistas del Estado se dirigió a Poyo-Guerrero. Consideraban que había fundamentos muy sólidos para defender que la proposición de ley de amnistía comprometía y afectaba muy seriamente a ejercicio profesional y a los deberes y principios éticos y de conducta.que se nos exigen como empleados públicos tal y como quedan recogidos en la Constitución y en el capítulo VI del Estatuto Básico del Empleado público». Con esta premisa, proponían al Consejo Directivo «que se organice una votación telemática entre los asociados para que podamos decidir el posicionamiento que como colectivo debemos adoptar».
Entre los firmantes de la carta dirigida a Poyo-Guerrero, que es subdirector general en la Secretaría de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, figuraban conocidos profesionales de este cuerpo.
La postura de la directiva
El lunes la directiva presidida por Poyo-Guerrero insistía en su postura: «El Consejo Directivo se reafirma de nuevo mayoritariamente en que su visión de la Atcee como una asociación profesional desaconseja la emisión de un comunicado de la Atcee sobre el pacto entre partidos en este momento».
Sin embargo, reconocían que no se les escapaba «la relevancia de que un planteamiento alternativo haya sido firmado por más de 150 compañeros. A día de hoy, este número supone casi un 25% de los asociados con derecho a voto de nuestro Cuerpo (hay 71 asociados jubilados sin derecho a voto), por lo que el Consejo Directivo ha acordado por unanimidad atender vuestra petición de abrir una votación entre todo el colectivo sobre el texto propuesto». Finalmente se ha producido la votación y el comunicado ha salido adelante.
