El PP aprueba la reforma del Reglamento del Senado para dilatar la ley de amnistía

El pleno del Senado ha aprobado, con 147 votos a favor y 116 votos en contra, la reforma del Reglamento que pretende dilatar la aprobación de la ley de amnistía con mayoría absoluta del PP, el apoyo de los senadores de Vox y UPN y entre quejas de la izquierda, que considera que este cambio reglamentario es inconstitucional.

Tras la reforma del Reglamento, el Senado podrá decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia -un plazo de 20 días- o de forma ordinaria, lo que demora su aprobación hasta un máximo de dos meses, e incluso más tiempo si por medio hay «vacaciones parlamentarias» como es el caso del mes de enero.

El PSOE recurrirá este cambio del Reglamento ante el Tribunal Constitucional y otros grupos de izquierda también han denunciado que el PP, que se declara constitucionalista, se está saltando la carta magna para dilatar la aprobación de la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán.

Asimismo, el PP ha aprovechado esta tramitación de la reforma del Reglamento del Senado para incluir una enmienda con la que se obligue al presidente del Gobierno o a los ministros a comparecer en la Cámara Alta cuando así lo soliciten los grupos parlamentarios.

Los de Alberto Núñez Feijóo decidieron acelerar al máximo la tramitación de esta reforma del Reglamento, de modo que el pasado miércoles se tomó en consideración y el lunes la Comisión de Reglamento la avaló para que se votara de manera definitiva este mismo martes, anticipándose a que la ley de amnistía salga del Congreso.

Para dilatarlo al menos dos meses

En la exposición de motivos de su propuesta de reforma, el PP explica que la Carta Magna en su artículo 90 regula la tramitación por el Senado de los proyectos de ley ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso, reduciendo a veinte días naturales el plazo de que el Senado dispone para vetar o enmendar los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja.

El PP subraya en su iniciativa que el artículo 90 de la Constitución se refiere, por tanto, a los proyectos «pero no a las proposiciones de ley, mediante una literalidad que, tal como demuestran los trabajos parlamentarios, no es casual sino fruto de la voluntad de los constituyentes».

En cualquier caso, el artículo 90 de la Constitución también establece que la tramitación de los proyectos de ley que vienen del Congreso, como puede ser el de la ley la amnistía, no pueden exceder los dos meses en el Senado desde su entrada en esta Cámara, si se acaban haciendo por procedimiento ordinario.

Además, el artículo 106 del Reglamento del Senado también recoge este plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, para aprobarlo expresamente o para oponer su veto introducir enmiendas al mismo y devolverlo al Congreso.

Se incluye un punto más

Los ‘populares’ han incluido en su propuesta de reforma del Reglamento una enmienda para incluir un apartado que especifique que los ministros y el presidente del Gobierno estarán obligados a comparecer en el Senado cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores.

Esto surge después de que cuatro ministros rechazaran acudir al Pleno del Senado de la semana pasada para comparecer sobre distintos temas después de la petición de varios grupos, alegando que esta obligación no estaba recogida en el Reglamento de la Cámara Alta.

Rechazo del PSOE y sus socios

Del mismo modo que en el debate de la semana pasada sobre la toma en consideración de la reforma del Reglamento, el PSOE y sus socios de investidura han rechazado la medida impulsada por los ‘populares’, ya que consideran que se ha tramitado «por la puerta de atrás», sin consenso entre los grupos y que vulnera la Constitución.

Así lo ha explicado el senador socialista Manuel Fajardo, que se ha cuestionado por qué el PP, que ha tenido la mayoría absoluta de la Cámara Alta en más de una ocasión, no ha llevado a cabo nunca antes la reforma de los artículos del Reglamento que ahora sí «les molesta».

«Ustedes aderezan esta antirreglamentaria e inconstitucional (reforma). Nosotros ejercitaremos nuestro derecho del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional», ha adelantado Fajardo. Así, ha expresado su deseo de que cuando el alto tribunal revise el recurso, «le de» al PP «el repaso que se merece».

Por su parte, el grupo parlamentario formado por ERC y Bildu ha reiterado al PP la «nulidad» del proceso de la reforma por no respetar los plazos establecidos, mientras que les ha reprochado que busquen una «mutación institucional» cuando la amnistía es una «herramienta política» para solucionar un conflicto político que afecta a «todos».

Sumar ha aprovechado su intervención para censurar la «urgencia» utilizada para la reforma, pero sin embargo paralizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por casi 5 años. «No se puede estar el domingo a las 12 con una bandera para luego venir aquí el martes a las 11 y recortarla», han reprochado durante el Pleno.

En la misma línea, Junts ha asegurado que sacar adelante la modificación sin el «tradicional» consenso supone una «grave infracción reglamentaria». También ha acusado a los «constitucionalistas» del PP de vulnerar la Constitución en un «claro ejemplo de filibusterismo parlamentario», obstruyendo la tramitación de una ley de amnistía «legítima y democrática».

PNV, que también ha votado en contra, ha criticado no el fondo sino «las formas» del PP para tramitar la reforma. En su opinión, la medida no busca dar una mayor autonomía al Senado sino servir a los interés de los de Feijóo. Un argumento que también ha sido apoyado por BNG, cuya portavoz ha afirmado que al PP no le preocupa «la legalidad ni la democracia» y que solo «pasan el rodillo».

Solo se suman Vox y UPN

Las únicas dos formaciones que han votado a favor de la reforma impulsada por los ‘populares’ han sido Vox y UPN. «Nadie puede pasar de perfil cuando nos jugamos tanto», ha sostenido la senadora de Vox Paloma Gómez, quien ha insistido en hacer uso de todas las herramientas disponibles para frenar a aquellos que buscan «humillarnos y comprometer la existencia de la comunidad política».

Del mismo modo, UPN cree que los pactos del PSOE suponen una «cesión total» al chantaje de quienes «nos amargan la vida». «Nos lo presentaron como un gran logro para la convivencia y lo que está logrando es una movilización enorme de jueces y fiscales», ha reprochado.