El Gobierno pide ayuda a la UE y la OCDE para reducir el abandono escolar
España es el segundo país de la Unión Europea con mayor abandono académico temprano
La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Pilar Alegría. | Agencias
El abandono académico temprano del alumnado en España ascendió al 13,9% en 2022, más de cuatro puntos por encima de la media de la UE (9,7%). Este indicador no debe confundirse con el fracaso escolar (los estudiantes que no terminan la educación obligatoria, es decir, la ESO), sino que agrupa a los alumnos que no completan la segunda etapa de Educación Secundaria —FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato— y no siguen ningún tipo de formación. Según los expertos, los jóvenes que abandonan los estudios prematuramente corren el riesgo de sufrir exclusión social, dado que tienen más dificultades para encontrar empleo.
Si bien es cierto que España ha ido reduciendo este indicador (casi la mitad que hace una década), nuestro país presenta el segundo peor dato de los Veintisiete y sólo es superado por Rumanía. Esta circunstancia se suma al hecho de que España se ha propuesto bajar el abandono escolar desde el 13,9% actual hasta el 9% para el año 2030. Los plazos aprietan y por eso el Gobierno de Pedro Sánchez pidió ayuda a la Comisión Europea en apoyo a su programa de reformas orientadas a la reducción del abandono escolar temprano.
Esa solicitud se ha concretado en un proyecto financiado por la UE e implementado por el Ministerio de Educación, por Bruselas y por la OCDE. Uno de los resultados del proyecto es un extenso informe en el que se recogen 44 recomendaciones para el Gobierno.
Ayudar a los alumnos vulnerables y formar a los profesores
Para empezar, los autores del informe tienen claro que el riesgo de abandono escolar no es el mismo en todas las regiones españolas (varía desde el 5,6% del País Vasco hasta el 18,7% de Murcia) ni en todas las poblaciones, barrios, etcétera. Por eso, se propone la elaboración de un «índice de vulnerabilidad escolar» con el que puntuar a los centros educativos de todo el país y con el que poder dirigir más adecuadamente los recursos. Ese índice deberá tener en cuenta indicadores «socioeconómicos, culturales y geográficos de los centros», así como otros de carácter educativo, como datos de repetición de curso, absentismo o rendimiento académico.
El informe también anima a dar formación específica a los profesores y equipos directivos, en particular los de los centros vulnerables. En concreto, se propone incluir en la formación inicial de los docentes competencias socioemocionales, de gestión de la diversidad en el aula (los alumnos extranjeros duplican la tasa de abandono) y de atención a las necesidades personales de cada estudiante. También se recomienda alentar a personas de diversos orígenes a acceder a la profesión docente.
Otras medidas tienen que ver con el apoyo directo al alumnado. Para este fin se proponen herramientas como la creación de grupos de diferentes tamaños, las clases de apoyo con los deberes o clases de refuerzo o la ampliación del tiempo de aprendizaje. El informe recomienda igualmente reducir la repetición de curso, que conlleva el riesgo de rendimiento académico más bajo del repetidor, desmotivación y abandono escolar temprano, y favorecer alternativas eficaces como la intervención temprana.
Un apartado del informe está centrado en el momento en que los alumnos terminan el último curso de la ESO y se plantan ante el dilema de si seguir estudiando o no. Para ello, los autores del documento recetan un esfuerzo por hacer atractiva la Formación Profesional, así como los programas de reincorporación escolar. En el caso de la FP, el informe recomienda poner en marcha una campaña de comunicación a nivel nacional para explicar las virtudes de esta clase de formación.
Por último, el informe subraya la importancia de la colaboración entre instituciones y dictamina la conveniencia de organizar reuniones periódicas entre las consejerías de Educación de las comunidades autónomas y el Ministerio. Asimismo, anima a crear una plataforma digital común a todas las administraciones que sirva como herramienta de seguimiento a las políticas dirigidas a reducir el abandono escolar.
