Batalla de la concertada contra el Gobierno: exige el mismo trato fiscal que los sindicatos
Reclaman desgravaciones en las aportaciones familiares para poder «autofinanciarnos», al retirarles subvenciones
La ministra de Educación, Pilar Alegría | EP
La educación concertada en España, que reúne a unos tres mil colegios y tres millones de familias, se prepara ya para una nueva batalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que en la anterior legislatura adoptó medidas en perjuicio de esta enseñanza. La primera demanda ya está sobre la mesa: quieren un trato fiscal igual que los sindicatos, en lo que se refiere a las aportaciones extraordinarias o donaciones a sus proyectos y centros, según aseguró a THE OBJECTIVE el presidente de la Concapa (Conferencia Católica Nacional de Padres de Familia y padres de alumnos), Pedro Caballero.
Una vez que el Gobierno ya ha sido nombrado y va a comenzar la actividad legislativa, los diferentes colectivos sociales toman posiciones para lanzar sus demandas, siendo uno de los más activos la educación. En la anterior legislatura, la concertada fue una de las enseñanzas más perjudicadas por la Ley Celaá, -«la concertada puede estar, y puede dejar de estar, pero la que tiene que estar es la educación pública«, llegó a afirmar la ministra en su primera comparecencia parlamentaria-, lo que luego se ejecutó recortando un aumento de las aulas, a pesar de existir demanda.
Una de las principales asociaciones que representa a este sector quiere igualdad de trato con las centrales sindicales en lo que se refiere a desgravaciones fiscales. Pero no lo piden solo para los padres de familia que representan, sino que quieren que se haga extensiva a otras asociaciones de centros públicos, no solo concertados. De hecho, los padres de familia agrupados en la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) sí gozan de estos privilegios fiscales.
Los representantes de estos centros concertados ya han presentado su petición: «Hemos pedido al secretario de Estado, antes de que entrara el Gobierno en funciones, que por decreto todas las federaciones y confederaciones de padres de alumnos se les considere como un bien de interés público para que podamos autofinanciarnos igual que hacen los sindicatos, cuyas aportaciones desgravan a Hacienda. Se quedó con la cara de póker cuando se lo presentamos», subraya Caballero.
«Desgravar a Hacienda»
Esta asociación asegura que «todas las federaciones y confederaciones de padres somos ONG» y le transmitieron al responsable del Ministerio de Educación que, ya que el departamento que dirige Pilar Alegría «está quitando todas las subvenciones», de alguna manera tienen que llegar a autofinanciarse y que la gente que quiera dé libremente dinero para defender la educación. «Si dan dinero, quieren la contraprestación de desgravar a Hacienda. Si los sindicatos lo tienen, por qué no lo vamos a tener las asociaciones de padres», se preguntan.
«Esta petición se ha realizado para las federaciones, que son provinciales, y confederaciones, que son regionales, de padres de alumnos, no para las AMPAs (Asociaciones de padres de alumnos) porque no tienen el mismo carácter jurídico que tenemos nosotros, que es tener socios, aportaciones de los socios. Esta decisión la tiene que tomar el ministerio con un decreto y estamos a la espera de a ver cómo responde este equipo nuevo», señala el presidente de la Concapa.
El cálculo que ha hecho la Concapa es que «aproximadamente, haciendo una media, cada AMPA paga a su federación un euro por familia asociada. Tenemos alrededor de tres mil colegios y alrededor de tres millones y medio de familias, pues si hacemos un cálculo supone unos tres millones y medio de euros, aunque es verdad que no en todos los sitios se cobra. Esto es lo que debería de mover nuestra posibilidad de actuación en todo el territorio».
