Hacer oficial el catalán, gallego y euskera en la UE tendría un coste anual de 132 millones
España ha prometido hacerse cargo del coste de conseguir el apoyo de los Estados miembros
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares.
El uso del catalán, gallego y euskera en las instituciones de la Unión Europea tendría un coste anual de 132 millones de euros que tendrían que ser asumidos por el Gobierno de España. Esta es la cantidad que viene reflejada en un informe interno desvelado por el diario El País, que recoge que cada una de las lenguas tendría un coste de 44 millones por año por la contratación de traductores e interpretes, adaptar las bases de datos y los sistemas técnicos.
De esta forma, el Ejecutivo español tendría que hacerse cargo de estos 132 millones de euros anuales si los Veintisiete dan el visto bueno a la medida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a implementar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados y a promoverlo en las instituciones comunitarias si los partidos nacionalistas prestaban sus votos a la investidura de Francina Armengol como presidenta de la Cámara y a la suya como máxima autoridad del Ejecutivo.
Tras pasar ambos peajes, la expresidenta balear puso en marcha un Congreso plurilingüe -hito que se calificó como clave y necesario por parte del PSOE, que menos de un año antes había rechazado aprobarlo durante la anterior legislatura-, pero Europa supuso un muro por la negativa de los socios comunitarios a ceder a las demandas del nacionalismo.
A la espera de unanimidad
El Ejecutivo sigue trabajando para recibir el indispensable apoyo de los aliados de la UE. Sin el ‘sí’ de todos ellos las promesas del presidente Sánchez quedarán como papel mojado a pesar de la insistencia de los nacionalistas catalanes. Por ello, desde La Moncloa se ha asegurado en público y en privado que, para facilitar las dudas de los socios, están dispuestos a asumir los costes de la medida.
El informe desvelado por el diario El País llega tras las dudas planteadas por Suecia, Letonia, Lituania o Finlandia, principales voces discordantes con la propuesta del presidente Sánchez al considerar que de abrir esta puerta podrían sentar un precedente que obligara a reconocer otras lenguas minoritarias en el continente (entre ellas el ruso). Es por ello que la delegación española ha insistido estos meses a través del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la cuestión económica, que según desvela elDiario.es ha subido hasta los 44 millones por lengua por la indexación de los precios en la actualidad.
España insiste en que su plan no podría servir de precedente para otras lenguas como el corso o el bretón, con fuertes minorías nacionalistas detrás pujando para su implementación en las instituciones comunitarias. El Ejecutivo insiste en que su propuesta solo puede aplicarse al caso español y su especial situación debido al papel de las lenguas cooficiales en la Constitución y su reciente implementación parlamentaria.
Por el momento España deberá pujar con fuerza en las últimas semanas que le quedan al frente de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que expirará el próximo 31 de diciembre con esta negociación todavía en el alambre y bajo la atenta mirada de los socios internacionales del Gobierno, pero sobre todo de los nacionales.
