El juez aplaza la declaración de la exjefa del CNI por la querella de Aragonès sobre Pegasus
Suspenden hasta enero la comparecencia de Paz Esteban a petición de la exdirectora de los servicios secretos
Paz Esteban, exdirectora del CNI. | EP
El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, ha aplazado la declaración prevista para este miércoles en calidad de investigada de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, a petición de su propia defensa que ejerce la Abogacía del Estado, según desvelan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE y han confirmado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La comparecencia de Esteban ante el magistrado es fruto de la querella que interpuso contra la exjefa de los servicios secretos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien sí declarará en sede judicial este miércoles, el día fijado desde mediados de octubre cuando se admitió a trámite la demanda de este último por los supuestos delitos de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales.
Aragonès se querelló contra la exdirectora del CNI y la empresa israelí NSO, propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, en junio de 2022, si bien el titular del Juzgado número 29 de Barcelona, sobre el que recayó el caso, se inhibió en un principio ante la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, al considerar a este tribunal el competente por ser el presidente catalán una alta autoridad del Estado.
Sin embargo, esta decisión fue revocada en junio pasado por la Audiencia de Barcelona, por lo que finalmente el magistrado García asumió el caso. En un auto de mediados de octubre acordó admitir a trámite la querella y citó como investigada a Paz Esteban -en la que es su primera imputación por los espionajes con Pegasus- para este 13 de diciembre, el mismo día en el que comparece Aragonès, en su caso como perjudicado.
Malestar en el CNI con la imputación
Las citadas fuentes consultadas por este diario alegan que la defensa de Esteban no ha podido tener acceso a toda la documentación del caso, por lo que se pidió más tiempo al juez instructor, quien ha aceptado posponer la declaración de la exjefa de los espías al próximo mes de enero. En el TSJC coinciden en que dicho aplazamiento se debe a «razones materiales», aunque no han podido aclarar qué día del próximo mes deberá declarar.
El CNI recibió con malestar e incomodidad la imputación de su exdirectora. Fuentes de los servicios secretos consultadas por THE OBJECTIVE creen que la decisión del magistrado estuvo «poco fundamentada» y no tendrá mucho recorrido judicial, ya que las escuchas del móvil de Aragonès y otras 17 personas, admitidas por la propia Esteban en sede parlamentaria, fueron autorizadas por el Tribunal Supremo en el marco de varias investigaciones sobre el ‘Cesicat’, el llamado CNI catalán, y las actuaciones de Tsunami Democràtic durante los disturbios con motivo de la sentencia del juicio del procés.
En la sede central de los espías lamentaron que el juez haya imputado a la exdirectora «sin pruebas» que la incriminen hasta el momento ya que, subrayan las citadas fuentes, no se ha podido probar la acusación del colectivo Citizen Lab, vinculado a la Universidad de Toronto y experto internacional en el programa Pegasus, de que los terminales de varias figuras del independentismo catalán fueron infectados sin control judicial.
Además, recordaron que en los tribunales españoles se han investigado casos similares sin llegar a imputar a un director que hubiera pasado por La Casa, como se llama a la sede central de los servicios secretos. Sin embargo, dos directores del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón, fueron condenados en 2003 en la Audiencia Provincial de Álava a penas de tres años de prisión y ocho de inhabilitación por las escuchas ilegales a la sede de la Herri Batasuna en Vitoria descubiertas en 1998.
El Gobierno destituyó a Paz Esteban al frente del CNI en mayo de 2022 a raíz de la polémica por el espionaje con Pegasus, que además de Aragonès y más de medio centenar de dirigentes independentistas también alcanzó al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Su cese fue una exigencia de ERC al PSOE para volver a contar con su apoyo parlamentario.
El juez de Barcelona remarcó en su auto que Citizen Lab publicó en abril de 2021 un informe sobre personas del movimiento independentista catalán y de ERC cuyos teléfonos móviles podían haber sido infectados para «espionaje político», entre ellos el de Aragonès. En este sentido, subrayó que el informe de Citizen Lab detallaba que el móvil de Aragonès fue infectado a través de SMS enviados los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, cuando era vicepresidente de la Generalitat, y que el informe pericial que se ha presentado en el juzgado «avala» este hecho.
Por este motivo, además de citar a Paz Esteban como investigada, el juez acordó una batería de diligencias, entre ellas librar un exhorto al magistrado del Tribunal Supremo responsable del control judicial del CNI para que certifique si ha autorizado el uso de software de control remoto, monitorización, balizamiento o cualquier fórmula de intervención de las comunicaciones de Aragonès.
Marlaska abre la puerta a desclasificar informes
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abrió la puerta este lunes a que el Gobierno desclasifique informes del CNI sobre Pegasus, que afecta al espionaje a independentistas, si «se entiende que es oportuno, razonable y conforme a la ley». Del mismo modo, el Ministerio de Defensa cree «bastante probable» que información relativa al caso se desclasifique antes de la declaración de la exdirectora del CNI, la citada Paz Esteban.
A preguntas de la prensa sobre la petición del juez de Barcelona reclamando desclasificar información del CNI sobre Pegasus, Grande-Marlaska ha señalado que esto se hará «en su caso con aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad competente y que se entienda que es oportuno, razonable y conforme a la ley».
«Lo que está judicializado, está judicializado y dejemos el desarrollo de dicho procedimiento», ha proseguido el titular del Interior, que ha añadido sobre el caso que afecta a Esteban: «Supongo que la anterior directora del CNI declarará en los términos que entienda precisos y conforme a la ley».
