El teléfono contra la LGTBIfobia, que costó 2,6 millones, descarta la mitad de las llamadas
El Gobierno no detalla por qué el 51% de las llamadas recibidas por el teléfono Arcoiris han sido descartadas
Irene Montero. | Zipi (EFE)
El teléfono público 028 contra el odio LGTBI que empezó su recorrido poco antes del verano ha recibido entre julio y octubre un total de 3.282 llamadas. De estas peticiones, según ha podido saber THE OBJECTIVE, más de la mitad (1.697) han sido consideradas «no pertinentes». El Gobierno activó este número de atención tras una licitación de 2,6 millones de euros. Se desconoce la razón por la que más de la mitad de estas llamadas han sido desestimadas por el servicio de atención, que se derivó a una empresa externa.
La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, prometió tras llegar a su departamento la creación de un número de atención para luchas contra el odio hacia las personas LGTBI. El Servicio 028 Arcoiris empezó a funcionar, sin embargo, un año después de lo previsto. El Gobierno reservó para el mismo alrededor de tres millones de euros, con una licitación final de 2,6. La empresa encargada de llevar a cabo este servicio es Servicio de Teleasistencia S.A. (Atenzia), con sede en Madrid. Se trata de la misma empresa que también gestiona el servicio 016, la línea de atención contra la violencia de género. El Gobierno no destinó fondos europeos para este número de atención ciudadana.
El teléfono 028 Arcoiris fue posiblemente la última medida lanzada por Montero durante su actividad ministerial. El teléfono empezó a recibir llamadas el 5 de julio y fue anunciado pocos días antes, en junio, después de las elecciones generales. En mayo de 2022, Igualdad prometió que dicho servicio se pondría en marcha «en breve». Igualdad habló del verano de ese mismo año, aunque finalmente arrancó un año después.
1.697 llamadas no pertinentes
El servicio de atención telefónica contra la LGTBIfobia está operativo las 24 horas del día los 365 días del año. Igualdad anunció que el 028 teléfono Arcoiris «contará con un equipo de profesionales con formación especializada y ofrecerá, además de una atención básica, asistencia psicológica y jurídica». Atiende llamadas en todos los idiomas cooficiales de España, además que en inglés y francés.
En octubre, el Gobierno informó que el teléfono 028 presupuestado por 2,6 millones de euros había recibido en sus primeros tres meses de actividad 1.375 llamadas. Esta cifra ha crecido hasta las 1.585, según informa el portal de Transparencia tras una petición registrada por Yeray Mellado, a la que ha tenido acceso este diario. Lo que el Ejecutivo sin embargo no detalló en su último análisis de las llamadas es que más de la mitad de las mismas han sido consideradas «no pertinentes».
Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Igualdad, pero no ha recibido respuesta alguna sobre las razones de esas desestimaciones. En concreto, se trata hasta la fecha del pasado 24 de octubre de unas 1.697 llamadas «no pertinentes». Un 51% del total de llamadas recibidas, mientras que en el servicio de chat y correo, las peticiones o avisos no pertinentes bajan al 30%. Se desconoce si se trata de llamadas erróneas por parte de los ciudadanos, de falsas alarmas o incluso de bromas. Al momento de publicación de esta información, el Ministerio de Igualdad no ha contestado a las preguntas de este medio.
Delitos de odio
Lo que sí recoge la documentación aportada por el portal de Transparencia, sin embargo, refleja que en el cómputo general han sido excluidas 50 llamadas «debido a la imposibilidad de tipificación de las mismas como pertinentes o no pertinentes». En total, el servicio ha recibido entre llamadas, chats y correos 3.787 consultas desde el 5 de julio y el 24 de octubre.
En octubre, cuando el ministerio ofreció los primeros datos oficiales, los portavoces ministeriales destacaron que «se han ido incrementando notablemente en el último mes, indicador de que el uso del servicio se ajusta cada vez más a sus objetivos». La mayoría de llamadas estaban relacionadas con delitos de odio, discriminación, violencia intragénero, apoyo psicológico y asistencia legal.
