Piden que la ministra Teresa Ribera declare como testigo en una trama con fondos UE
Los empresarios que denunciaron «una trama corrupta» la quieren citar como testigo ante un juzgado de Zamora
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | EFE
Los empresarios que han denunciado ante el Juzgado número 6 de Zamora una presunta «trama corrupta» en la concesión de subvenciones con cargo a fondos de la Unión Europea, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, siguen estrechando el cerco sobre la ministra responsable de este departamento, Teresa Ribera. En el marco de la investigación abierta, los empresarios afectados citarán a declarar como testigo a la ministra, según han asegurado a THE OBJECTIVE.
El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, como a los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.
Desde este juzgado se ha pedido el expediente de la supuesta concesión de la subvención al Ministerio de Transición Ecológica y «no contesta. Acabaremos llamando como testigo a Teresa Ribera y a José Manuel Entrecanales. Ambos están en la lista de testigos que queremos llamar en la causa, en breve. Ellos tienen que saber, a fecha de hoy, absolutamente todo, y nosotros estamos urgiendo a que pongan los fondos a disposición de un proyecto y se tiene que ejecutar».
La causa avanza
Los testigos citados en esta investigación ya han comenzado a declarar. El pasado día 12 «empezaron a desfilar», solicitados por la acusación popular, ejercida por la Plataforma Probiorrefinerías, cinco testigos, que declararon ante el juez: el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea; Silverio Mayendía, administrador de las empresas del grupo promotor; Alberto Burgos, exdirector general de Industria de Castilla y León; Francisco José Requejo, expresidente de la Diputación de Zamora; y Jorge García, directivo de Acciona Concesiones.
Tras la declaración de estos testigos, los abogados de la acusación «salieron muy satisfechos de que la causa va a seguir avanzando y se van a esclarecer los hechos logrando la verdad material. No contábamos que fueran a confesar, pero han mentido y se puede acreditar la verdad», según fuentes de la acusación. Sobre los tres últimos testigos, la acusación han solicitado que se les declare como investigados y también a Acciona Concesiones. A partir de ahora se van a solicitar prácticas de pruebas con otros testigos y un careo.
Las fuentes jurídicas vinculadas al caso, consultadas por THE OBJECTIVE, aseguran, tras las declaraciones de los testigos, que «no son conscientes de la magnitud documental que tenemos, no creemos que sea positivo para ellos negar la existencia de documentos acreditados y grabaciones que tenemos. Creemos que en las próximas fechas se tomará una decisión relevante del órgano instructor».
