Junts votará en contra de la primera ley sobre justicia porque pone en riesgo la amnistía
Nogueras adelanta el primer voto en contra de Sánchez en el Congreso tras el pacto de investidura
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. | Europa Press
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avanzado este miércoles que su formación votará en contra del real decreto aprobado por el Gobierno el 19 de diciembre con medidas relacionadas con el servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo porque, a su juicio, «pondría en riesgo» la aplicación de la amnistía.
«Es uno de los diversos motivos por los que ya comunicamos al PSOE que votaríamos en contra de los reales decretos. Hay más, que también son importantes para Cataluña», ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press. Además de asegurar que el artículo 43bis del real decreto «pondría en riesgo» la aplicación de la amnistía, cree que en su contenido no se respetan competencias de Cataluña en diferentes materias.
«La idea de acordar ‘conjuntamente’ lo que le corresponde a la Generalitat, que no tienen el resto de comunidades, da siempre el mismo resultado: infrafinanciación», ha añadido. También cree que estos reales decretos «macedonia que regulan materias diferentes e inconexas» dificultan el posicionamiento político.
Sobre su contenido, considera que contempla modificaciones del servicio público de justicia «sin aportar recursos, en la línea de los últimos cuatro años», regula temas de función pública y de régimen local, dificulta la contratación y obvia las políticas activas.
El Real Decreto
El Ejecutivo aprobó el pasado 19 de diciembre una batería de medidas para la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia que el ministro de este departamento, Félix Bolaños, calificó como el «mayor avance en transformación digital de la historia de la Justicia» y que «se traducirá en una mejora del servicio público a la ciudadanía».
Así lo ha detallado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que esas medidas se incluyen en el Real Decreto-ley (RDL) de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
El ministro aseguró que, con su aprobación en plazo, España cumple el compromiso asumido con la Comisión Europea para la recepción del cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU, por un importe de 10.000 millones de euros.
Las iniciativas aprobadas estaban incluidas en dos normas tramitadas durante la anterior Legislatura, el Proyecto de Ley de medidas de eficiencia digital y el Proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal. Según el ministro, fueron concebidas para dotar a la Administración de Justicia de herramientas con las que prestar un servicio mucho más eficiente y acorde a las necesidades actuales de ciudadanos y empresas.
Las medidas se articulan en dos grandes bloques: el primero de ellos tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual; y el segundo bloque está orientado a la eficiencia procesal, con el objetivo de garantizar procedimientos más ágiles y de hacer frente al incremento de la litigiosidad.
Vistas por vía telemática
Dentro del primer bloque de medidas, el Gobierno ha destacado el reconocimiento del derecho de la ciudadanía y de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Esto se traduce en aplicaciones muy concretas, como la generalización de la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada, así como pedir cita previa para ser atendida.
También se impulsa el Expediente Judicial Electrónico, que incluye todos los documentos, trámites, actuaciones electrónicas y grabaciones audiovisuales que forman parte de cada procedimiento judicial.
Impulsando la interoperabilidad
Además, se fortalece la interoperabilidad, mediante el intercambio de expedientes electrónicos tanto entre órganos judiciales o fiscales como entre la Administración de Justicia y el resto de Administraciones Públicas.
Las medidas incluidas en este real decreto ley contribuirán, según el Ejecutivo, a un mejor diseño de las políticas públicas, gracias al análisis de los numerosos datos que genera la Administración de Justicia, debido a que la tramitación de expedientes dejará de estar orientada al documento y pasará a estar orientada al dato.
Respecto a las medidas destinadas a la eficiencia procesal, en el ámbito penal se generaliza la preferencia de la presencia telemática para la realización de actos procesales. Asimismo, en el ámbito contencioso-administrativo, se dota a los juzgados y tribunales de herramientas para agilizar la tramitación y la resolución de pleitos. Y, en los ámbitos civil y laboral, se incorpora el procedimiento testigo, que según Justicia agiliza en gran medida los procedimientos en los que se han presentado demandas idénticas con anterioridad.
