El PP baraja rechazar el decreto de Justicia de Sánchez por no haber negociado su contenido

El Partido Popular tiene en sus manos el éxito o el fracaso de la convalidación del Real Decreto sobre modernización de la Justicia que se votará el miércoles en el Pleno que el Congreso celebrará en el Senado, si Junts decide finalmente votar en contra. A día de hoy, los populares barajan también rechazarlo, según las fuentes de esta formación política consultadas por THE OBJECTIVE, entre otras cuestiones, porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha negociado con esta formación política ninguna de las medidas que contempla. De la aprobación de este real decreto depende el cuarto desembolso de los fondos Next Generation de la UE, 10.000 millones de euros, ya que están condicionados a que el Ejecutivo aplique estas medidas.

El principal argumento de Junts para mantener todavía su rechazo a este real decreto se refiere a lo que afecta a la tramitación y entrada en vigor de la ley de amnistía. La norma recoge la suspensión de procedimientos judiciales recurridos ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que supone que si algún tribunal español decide recurrir la norma que aprueben las Cortes, se suspenderá. Y todo ello a pesar de que la ley fija un plazo máximo de dos meses para su aplicación. Una posibilidad puede ser que se tramite como proyecto de ley y la formación nacionalista pueda incorporar alguna enmienda que lime estas cuestiones polémicas.

El Ejecutivo del PSOE y Sumar tendrá que negociar in extremis con sus socios nacionalistas de Junts, ya que el perder sus siete diputados lo deja al albur del Partido Popular, teniendo en cuenta que Vox ha anunciado su rechazo. Los populares no han querido desvelar todavía el sentido de su voto en la sesión plenaria que se celebrará el próximo día 10 en el Senado, por las obras que se están realizando en el Congreso de los Diputados.

La opinión generalizada en el Grupo Parlamentario Popular es que la dirección se decantará por el voto en contra y algunas voces de diputados señalan con contundencia que «al PSOE no hay que aprobarle nada». En este sentido, advierten de que «no nos podemos prestar a ser el tonto útil y después ponernos estupendos», a la vez que instan a Sánchez a «ejercer esa mayoría que ha conseguido sin haber ganado las elecciones».

Desde el Partido Popular recuerdan que en este real decreto «han metido dos proyectos de ley completos que se estaban tramitando al disolverse las Cortes». Uno es «el de eficiencia procesal que estaba con ponencia concluida pero sin apoyo claro para sacarlo adelante en comisión y otro, el de eficiencia digital, que estaba parado y ni siquiera se habían presentado enmiendas».

Estas fuentes indican que el proyecto del Gobierno «supone una transformación importante de la Justicia y se han tirado a la piscina sin debate parlamentario alguno. Todos los grupos que le apoyan le llamaron la atención en la Comisión de Justicia y el ministro se comprometió a tramitarlo como proyecto de ley, pero quien se puede fiar de ellos cuando en la pasada legislatura lo prometieron en muchos reales decretos de medidas urgentes y nunca se tramitaron».

Las iniciativas aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado 19 de diciembre de 2023 y fueron concebidas para dotar a la Administración de Justicia de herramientas con las que prestar un servicio mucho más eficiente y acorde a las necesidades actuales de ciudadanos y empresas, según la referencia del Palacio de la Moncloa.

Estas medidas se articulan en dos grandes bloques: «El primero de ellos tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual; y el segundo bloque está orientado a la eficiencia procesal, con el objetivo de garantizar procedimientos más ágiles y de hacer frente al incremento de la litigiosidad».

Dentro del primer bloque de medidas, Moncloa destaca «el reconocimiento del derecho de la ciudadanía y de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Esto se traduce en aplicaciones muy concretas, como la generalización de la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada, así como pedir cita previa para ser atendida».

Respecto a las medidas destinadas a la eficiencia procesal, «en el ámbito penal se generaliza la preferencia de la presencia telemática para la realización de actos procesales. Asimismo, en el ámbito contencioso-administrativo, se dota a los juzgados y tribunales de herramientas para agilizar la tramitación y la resolución de pleitos. Y, en los ámbitos civil y laboral, se incorpora el ‘procedimiento testigo’, que agiliza en gran medida los procedimientos en los que se han presentado demandas idénticas con anterioridad».