El Gobierno rechaza multar a empresas pero negocia con Junts incentivos al retorno
Fuentes gubernamentales confían en sacar adelante los tres decretos por el coste para el partido de Puigdemont
Imagen de la sala de prensa del portavoz en el complejo del Palacio de la Moncloa. | Flickr Moncloa
El Gobierno acude al pleno en el Senado con la incógnita sobre el sentido del voto de Junts, pero con aparente tranquilidad. Frente a los nervios de algunos de sus socios, que admiten abiertamente la votación de «alto riesgo», con altas probabilidades de derrota, el Ejecutivo mantiene la calma y la convicción de que saldrán adelante los tres decretos con los que se asoman al abismo en el inicio de la legislatura. Pero lo que principalmente se mantiene es la negociación, hasta la noche y con señales de optimismo moderado. Un síntoma de la posible fumata blanca es que, a diferencia de lo que hizo el presidente del Gobierno con el pleno de la ley de amnistía o la reforma del código penal para derogar la sedición, esta vez Pedro Sánchez sí acudirá a votar al pleno del Congreso, según confirman fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE. El entorno del presidente manifiesta su esperanza de que «saldrán adelante» por el coste que tendría para Junts votar en contra de este paquete de medidas sociales.
«Es muy, muy complicado contarle a tus votantes que has votado contra la subida de sus pensiones. Hay momentos en los que se está en política para el bien común, sin importar colores ni otras consideraciones. Lo que es justo es justo y estos decretos son justos y necesarios para la inmensa mayoría de los ciudadanos», señalan desde Ferraz. Sin embargo, el Gobierno no dejó a su suerte el éxito o fracaso de este primer gran paquete de medidas y se afanó en la víspera con toda su artillería negociadora en los contactos con Junts.
La ambigüedad calculada de Alegría
Es relevante que, hasta donde ambas partes reconocen, Junts haya dejado al margen las cuestiones ‘mayores’ como las enmiendas a la ley de amnistía, cuyo plazo de enmiendas al articulado expira el martes de la semana próxima, 16 de enero, y ponga encima de la mesa una propuesta nueva, adelantada por el diario La Vanguardia, recogiendo el guante del PSOE de abrir la negociación a «otros temas» al margen de la amnistía. Se trata de la posibilidad de multar o sancionar a las empresas que abandonaron Cataluña en 2017 si no retornan en 2024. Una propuesta que Gobierno y PSOE acogieron con calculada ambigüedad. Públicamente, el Ejecutivo evitó responder a la cuestión. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, evitó responder a la cascada de preguntas de los periodistas que le solicitaban aclarar si el Ejecutivo descartaba esta propuesta o estaba abierto a negociarla.
«Si algo caracteriza a este gobierno es que es un gobierno que da seguridad jurídica a las empresas, siempre», se limitó a contestar una y otra vez la ministra portavoz para esquivar la cuestión. Una apelación a la seguridad jurídica que se repitió hasta en seis ocasiones y de la cual se deduce que el Gobierno entiende que las sanciones a empresas atentan contra su seguridad jurídica, aunque no descarte abiertamente la medida. No obstante, el recién estrenado ministro de Economía, Carlos Cuerpo, completó el argumentario en un alegato claramente contrario a la aceptación de la exigencia de Junts: «La estabilidad del marco jurídico es fundamental y ahí es donde nos vamos a encontrar, porque para el Gobierno y el Ministerio de Economía es un elemento clave para garantizar un factor de crecimiento y de sostenibilidad como es la confianza institucional. La confianza institucional en un marco jurídico estable es lo que nos permite efectivamente mantener una elevada confianza en nuestro sector empresarial y un crecimiento sostenido».
Fuentes de Moncloa: «No está decidido»
En privado, fuentes de este departamento sostienen sin ambages que las posibles sanciones a empresas vulneraría la Ley de Sociedades. Por ello, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes socialistas, el Gobierno descarta totalmente las multas o sanciones, consciente de que el futuro de las mismas culminaría con un reproche en instancias comunitarias. No sería el primero, como recuerdan estas fuentes en referencia al varapalo que sufrió el Gobierno vasco cuando aprobó una iniciativa similar. Además, sancionar a determinadas compañías motivado por su residencia fiscal atentaría contra la libertad de empresa consagrado en el artículo 38 de la Constitución Española. Un argumento que también podría valer para el segundo escenario: los incentivos fiscales.
La Moncloa descarta multas y sanciones, pero no es tan clara respecto al segundo escenario al que abrió la puerta el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López: «Facilitar que las empresas vuelvan y garantizar la seguridad jurídica. En ese parámetro estamos hablando con Junts». El Gobierno conjuga esta medida en condicional, en abierto, en un intento final por facilitar a Junts una salida que le ayude a transitar de su anunciado ‘no’ a una abstención. Y para eso ayuda la división interna de los post convergentes sobre una iniciativa que no respeta la libertad empresarial, a juicio de algunos referentes de la antigua Convergencia, como el expresident Artur Mas.
Compromiso para consensuar iniciativas
El terreno en el que se mueve el Ejecutivo es, por tanto, la posibilidad de que los de Carles Puigdemont reculen hacia la luz amarilla, en el sobreentendido de que quieren dar un primer aviso al Ejecutivo por sus formas en la aprobación de las medidas, pero no dejar caer los 10.000 millones de euros que penden de los decretos ni la subida a los pensionistas catalanes, una de las comunidades más envejecidas del territorio nacional. El propio Jordi Turull se quejó ante Santos Cerdán en su reunión en Barcelona la semana pasada por «las formas» y «las prisas» a la hora de aprobar un paquete de medidas en el ultimo Consejo de Ministros del año, el 27 de diciembre, sin consultarles y sin informarles siquiera de su contenido. Y los de Junts rechazan un «cheque en blanco».
De hecho, al margen del compromiso a futuro que podría aceptar el PSOE sobre las empresas catalanas, que podría limitarse a un brindis al sol, algunas fuentes parlamentarias creen que de esta negociación in extremis saldrá la promesa de que no habrá más iniciativas legislativas del Gobierno sin haber sido consensuadas antes con sus socios de legislatura.
