Bélgica saca por ahora el debate sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego
Varios países expresaron sus dudas o reticencias en varias ocasiones, como Finlandia o Suecia
El expresident fugado, Carles Puigdemont.
La presidencia belga del Consejo de la Unión Europea, que comenzó el 1 de enero, no ha incluido el debate de la petición española de incluir el catalán, el gallego y el euskera en el reglamento del régimen lingüístico de la UE como punto del día del consejo de Asuntos Generales del próximo 29 de enero, según la agenda del encuentro publicada este viernes.
Esta cuestión figuró desde septiembre pasado en todos los consejos celebrados en este formato por los ministros de Asuntos Europeos de la UE desde que España la incluyó durante su presidencia de turno semestral del Consejo de la UE, que terminó el pasado 31 de diciembre.
Además, fue objeto de debate de los ministros de Asuntos Europeos en los cuatro consejos celebrados desde septiembre hasta finales de 2023. La última vez que se debatió fue el 12 de diciembre.
El Gobierno español, que planteó la propuesta en agosto al ser un requisito de JxCAT para apoyar la investidura del presidente Pedro Sánchez, insistió entonces en que seguiría trabajando para incorporar los tres idiomas al régimen lingüístico de la UE.
Fuentes diplomáticas belgas aseguraron a EFE que el análisis legal, político y práctico continuará a nivel técnico para tratar de resolver las dudas que de los Estados miembros y que los ministros volverán a abordar la medida «cuando sea necesario», sin comprometerse a ninguna fecha concreta. Varios países expresaron sus dudas o reticencias en varias ocasiones, como Finlandia o Suecia.
Para vencer las reticencias, España se comprometió a asumir el coste de la medida, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea sería de 132 millones de euros, aunque el coste definitivo solo se sabrá cuando se apruebe la propuesta y se sepa cómo se aplicará.
Según el Ejecutivo comunitario, el coste final dependerá del número de traductores e intérpretes que se tengan que contratar para cada idioma, de los sistemas de traducción automática que existan para cada uno de ellos y de los periodos de transición que se pacten hasta que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego se completa.
Desde que presentó la propuesta, el Gobierno ha defendido que el catalán es una lengua que supera los 10 millones de hablantes -más de los que tienen otros idiomas oficiales en la UE- y ha querido tranquilizar a sus socios asegurando que no creará precedentes porque el caso español es «único».
Ha insistido en que el catalán, el euskera y el gallego son «originarias de un Estado miembro» con reconocimiento constitucional, que son lenguas de trabajo en el Congreso español y que España tiene acuerdos administrativos con la UE para que se puedan usar las lenguas de varias instituciones comunitarias.
El pasado 20 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó ante socios parlamentarios como Junts, ERC y PNV su «compromiso rotundo» para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas cooficiales en la Unión Europea, y subrayó que para ello van a «seguir trabajando desde el punto de vista diplomático».
«Trasladarles mi absoluto cumplimiento de ese compromiso hasta donde evidentemente yo puedo. Necesitaré apoyo de otras fuerzas políticas de otros gobiernos de otros signos, pero vamos a intentarlo seriamente como estamos haciendo desde el primer día que asumimos ese compromiso», aseguró Sánchez en el pleno del Congreso durante su comparecencia para dar cuenta entre otros asuntos de la presidencia española de la UE.
