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El Gobierno da orden de zanjar el lío Ribera: «No se ha explicado bien»

El Ejecutivo impone silencio a ministros y dirigentes socialistas tras asumir el ‘patinazo’ de la vicepresidenta tercera contra García Castellón

El Gobierno da orden de zanjar el lío Ribera: «No se ha explicado bien»

La vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera | Carlos Luján (Europa Press)

El Gobierno ha dado la orden de zanjar la polémica por las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, acusando al juez García Castellón de tener una «implicación política importante» en sus actuaciones, tras insistir en imputar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo. Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE asumen implícitamente el ‘patinazo’ de Ribera, que está «dando alas a la derecha» tras la petición de reprobación del PP, motivo por el cual han impuesto silencio a sus dirigentes, tanto en el Gobierno como en el partido, desde la óptica de que «no se ha explicado bien».

Un sentir que se respira en los pasillos de la convención política del PSOE que se celebra este sábado en A Coruña, donde los responsables del Gobierno y el partido han intentado pasar página del ‘lío’ en el que se ha metido la propia Ribera. A su llegada al auditorio Palexco, la ministra de Transición Ecológica tuvo que enfrentarse a una marea de periodistas que le preguntaron si se arrepiente de sus palabras, a lo que la vicepresidenta respondió diciendo: «No tengo nada que decir, venimos a ver… gracias…. Venga, perdón».

‘Estampida’ de Ribera

La ‘estampida’ de Ribera se produjo a primera hora de la tarde del sábado, después de una mañana en la que el Gobierno y el partido intentaron apagar el incendio provocado por sus declaraciones la víspera, evidenciando un notable malestar por haberle dado munición al PP, a las puertas de la precampaña gallega. La Ley del silencio se dictó desde la cúpula del partido con meridiana claridad desde primera hora de la mañana, quedando patente en las respuestas esquivas de los diferentes dirigentes socialistas. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, fue uno de los primeros en salir al paso diciendo: «Si usted me pregunta, es que algunos no las han entendido bien. Lo vamos a dejar ahí…». 

También el primer secretario del PSC, Salvador Illa, trasladó «todo el respeto para el poder judicial… y me parece que no hay mucho más que decir». La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Jesús Montero, ni siquiera quiso responder a las preguntas de los periodistas y se remitió a lo dicho por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, responsable de de taponar esta vía de agua en el barco de La Moncloa. 

Ferraz intenta apagar el incendio

«En un Estado de derecho, lo que unos y otros hacemos es respetarnos. La vicepresidenta intentó trasladar también la misma posición que desde el Gobierno llevamos ejecutando desde el primer día . A veces nos puede gustar más o menos alguna resolución, pero el respeto prevalece por encima de todo», aseguró Alegría. También el ministro del Interior tuvo ‘bula’ para opinar al respecto al ser preguntado por la prensa: «Yo no opino de mis 5.500 compañeros de la carrera judicial, lo que siempre opino es que mis 5.500 jueces y juezas sin nombre de apellido es garantizar el Estado de derecho, como hacemos los tres poderes del Estado, que somos los garantes del Estado de Derecho, trabajando cada uno en el ámbito de sus competencias».

Fuentes de Moncloa admiten a este periódico que «ayer hablaron demasiados» miembros del Gobierno sobre esta polémica que sólo «alegra al PP» y aviva la erosión contra Ribera, quien, en esta ocasión ha tenido un desliz considerable, en opinión de algunos de sus compañeros de gabinete. Urge pasar página y cambiar el marco de una polémica que sólo ha perjudicado al Ejecutivo en general, y a la numero tres en particular. Según fuentes de presidencia del Gobierno, «no es ni tema… es una tormenta en un vaso de agua». Aunque la realidad es que en el PSOE todos coinciden en dos cosas: en respaldar la acusación contra García Castellón en privado y en el error que supone hacerlo en público.

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