Las asociaciones de prensa replican al PSOE que no es su tarea dar o quitar acreditaciones
No obstante, recuerdan que sí podrían ser excluidos quienes quede demostrado que no responden a criterios profesionales
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. | Europa Press
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) han advertido de que dar o retirar una acreditación no es su tarea, sino de las instituciones.
De esta forma han reaccionado las asociaciones de la prensa y la federación en un comunicado conjunto que han suscrito después de haber recibido este jueves una carta del PSOE en la que les pide su apoyo para cuando soliciten al Congreso, Senado y parlamentos autonómicos que se retiren las acreditaciones de prensa a los que considera «pseudomedios» y «pseudoperiodistas».
FAPE, APM y APP creen que lo sí han de hacer las asociaciones es atender las peticiones de amparo de los periodistas que consideren que han sido discriminados, sin causa justificada, en la concesión de las acreditaciones.
Y recuerdan que las asociaciones siempre han pedido a las instituciones, partidos políticos y agentes sociales que no excluyan de sus actos a medios y periodistas por el simple hecho de que tengan una actitud crítica hacia sus actividades.
No obstante, también dejan claro que, de la concesión de esas acreditaciones, sí podrían ser excluidos quienes quede demostrado que no responden a criterios profesionales o se constituyen en activistas ajenos a difundir una información veraz, que es a lo que tienen derecho los ciudadanos.
Por eso, instan a instituciones, partidos políticos y agentes sociales a dotarse de una normas claras y públicas, en las que se establezca que será necesario para acceder a las acreditaciones comprometerse a respetar el código deontológico de los periodistas.
Las asociaciones recuerdan que ya el pasado día 11, cuando el PSOE anunció que les iba a solicitar amparo, emitió un comunicado en el que mostraba su defensa al libre ejercicio del periodismo y a que las instituciones facilitasen al máximo esa misión por ser uno de los pilares del artículo 20 de la Constitución.
En ese comunicado subrayaban además que los límites a esa función los marcaba la ley, que los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a las normas, y que cualquier vulneración de los derechos de los ciudadanos que se registrasen en una información podía llevarse a los tribunales.
