Vox busca dos diputados para intentar revertir la reforma constitucional de los discapacitados
Santiago Abascal presenta este lunes una iniciativa para someter a referéndum la reforma del articulo 49 de la Constitución
El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), arropa a su candidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Álvaro Díaz-Mella (d). | EP
Vox busca dos diputados para revertir la reforma del artículo 49 de la Constitución, que se aprobó con el pretexto de sustituir el término «disminuido» por «discapacidad», pero que añadió la coletilla de que «se atenderá particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores». Una fórmula que podría chocar con el artículo 14 de la Constitución, que prescribe la igualdad de los españoles con independencia de raza, sexo y condición.
Tal y como explicó THE OBJECTIVE, el Partido Popular apoyó esta reforma impulsada por el PSOE sin conocer las dimensiones de lo pactado. Varios dirigentes populares se mostraron molestos, y admitieron que los socialistas les había metido «un gol» que, apostillaron los de Santiago Abascal, si acaso fue en «propia puerta» porque ellos habían «advertido durante semanas de sus consecuencias».
Pero Vox no tira la toalla, y está dispuesto a intentar un movimiento inédito que fue explicado por su presidente en la Asamblea General Extraordinaria que lo ratificó este sábado en el cargo, al menos, hasta 2028. Su propuesta es esta: «Que no se reforme por la puerta de atrás en el Parlamento, sino que se lleve a un referéndum constitucional, vinculante, para saber si los españoles quieren consagrar la desigualdad entre los hombres y las mujeres».
Esta maniobra tendría anclaje en el artículo 167 de la Carta Magna, que reza: «Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras».
La iniciativa de Santiago Abascal sólo tiene un pero: no dan los números. Vox, al haber caído de 52 a 33 diputados en los pasados comicios generales, no goza de los 35 representantes necesarios para presentarla. Es por eso que las miradas ya apuntan a los diputados populares descontentos con la reforma, o incluso a UPN y Coalición Canaria, aunque ninguna de estas dos formaciones haya criticado la discriminación por razón de sexo que queda consagrada en la Carta Magna.
Pocas posibilidades de éxito
Vox ha evitado dirigir su propuesta a un partido político concreto, sino que ha lanzado el globo sonda esperando que en Génova 13 se den por aludidos. El partido conservador registrará la iniciativa este lunes, fecha a partir de la cual el resto de formaciones del Congreso gozarán de dos semanas -concretamente 15 días- para adherirse a esta moción. En caso de que esto no suceda, servirá, en su argumentario, para «retratar» al PP, contra el que Abascal volvió a cargar este domingo acusándolo de alentar protestas contra el Gobierno durante los fines de semana, pero luego pactar con el PSOE los lunes.
Sin embargo, los populares tienen razones objetivas para recelar de la propuesta de Vox. Abrir el melón de la reforma constitucional en estos momentos serviría para que la extrema izquierda y los separatistas se sumaran a esta cuestión.
La celebración de referendos es, sin embargo, una cuestión con la que se sienten cómodos en Vox, por cuanto la incorporaron a su programa en octubre de 2022. El documento España Decide, presentado en el macroevento Viva 22, apela al artículo 97 de la constitución para someter a consulta temas como la inmigración ilegal, la soberanía energética o la ilegalización de las formaciones separatistas.
El Senado, descartado
En cuanto a la ofensiva de Vox contra la ley de amnistía, el partido ha perdido las esperanzas en que esta pueda frenarse en el Senado, en cuya Mesa el Partido Popular tiene mayoría. Pese a las amenazas de Vox de presentar una posible querella si se aprueba la ley de amnistía, desde el PP arguyen que frenar la tramitación de la norma sólo conseguiría «acelerarla», ya que «en 20 días volvería de forma automática al Congreso y se aprobaría».
Los populares sostienen que «cuando una ley se traslada del Congreso al Senado, el Senado tiene un tiempo limitado y son 20 días si se tramita de urgencia (como es el caso de la amnistía) para responder. En ese tiempo, la Cámara Alta puede emitir veto o enmiendas parciales y si en ese tiempo no lo emite, vuelve al Congreso y se da por aprobada la ley. «Lo que pide Vox sería hacerle un enorme favor al Gobierno acelerando los plazos», sentencian desde el PP.
