¿Y ahora qué? Estos son los escenarios que se abren tras el rechazo de Junts a la amnistía

El voto en contra de Junts a la proposición de ley de la amnistía devuelve su tramitación al punto de partida. El Congreso de los Diputación ha tumbado este martes el texto actual por la falta de acuerdo entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont, al entender estos últimos que tal y como está redactada la norma no queda blindada frente a las actuaciones de los «jueces prevaricadores».

¿Y cuáles son ahora los siguiente pasos? La iniciativa legislativa vuelve a la Comisión de Justicia que, en el plazo de un mes, deberá aprobar un nuevo texto para someterse a un segundo intento de aprobación en el hemiciclo. La Comisión de Justicia aprobó la pasada semana un dictamen con la ley y las últimas enmiendas pactadas por el Gobierno con los independentistas de ERC, un texto y unas modificaciones que salieron adelante con el apoyo de Junts.

Pero los de Puigdemont consideran ahora que ese texto no es suficiente y quieren introducir cambios para ‘blindarse’ ante lo que considera maniobras de jueces para extender sus investigaciones a aspectos no contemplados por la amnistía, como el terrorismo que aprecia el juez Manuel García Castellón en las protestas de los CDR y el Tsunami Democràtic o el delito de «traición» que percibe el juez de Barcelona que investiga la «conexión rusa» con el procés.

En concreto, la proposición de ley se ha sometido a dos votaciones generales en el Pleno del Congreso, una sobre el dictamen aprobado por la comisión y otra por su rango orgánico. Junts sí ha permitido superar la primera, donde basta mayoría simple, porque si no se hubiera aprobado el dictamen la ley habría sido rechazada sin opción a dar una segunda oportunidad.

Sí ha retirado el apoyo para la votación orgánica, la del listón mínimo de los 176 votos, por lo que ha abierto así el camino que establece el artículo 131 del Reglamento del Congreso; es decir, el dictamen aprobado por el Pleno vuelve a la Comisión de Justicia para que, en el plazo de un mes, se debatan los cambios pertinentes y se lleve al hemiciclo un nuevo texto para un segundo intento.

Todo ello retrasará un mes la tramitación de la iniciativa, pero permitirá al PSOE y los independentistas introducir nuevos cambios en la redacción vía enmienda transaccional, sin necesidad de contar con el permiso unánime que se exige en el Pleno del Congreso, siempre y cuando, claro, logren llegar a algún acuerdo.