Defensa mantiene en la base de Cerro Muriano al capitán imputado por los soldados muertos
El oficial ha sido destinado a una oficina del acuartelamiento en el que se produjo la tragedia
Margarita Robles en su última visita a la base de Cerro Muriano (Córdoba) tras la tragedia. | Foto: Flickr M. de Defensa
El Ministerio de Defensa mantiene al capitán que está siendo investigado por la muerte de dos militares en la base de Cerro Muriano (Córdoba) en una oficina del propio acuartelamiento en el que está encuadrada la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X, según desvelan fuentes militares a THE OBJECTIVE.
El Ejército de Tierra apartó el 22 de diciembre del mando del Regimiento ‘La Reina’ 2 al responsable del ejercicio en el campo de maniobras. Fue al día siguiente de conocerse el ahogamiento del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y el soldado Carlos León Rico en el vadeo de un lago. En aquel momento se subrayó que, «sin perjuicio del resultado de la investigación judicial que se está llevando a cabo», se había retirado «de forma inmediata el mando de la compañía que ejercía al capitán responsable del citado ejercicio de instrucción».
En las siguientes semanas se ha especulado en algunos medios que el citado capitán se encontraba en su casa al quedar sin funciones específicas, pero no es así. El oficial va a trabajar a diario a la base en la que ocurrió la tragedia y ha sido destinado a una oficina del batallón al que pertenece, donde lleva a cabo tareas burocráticas.
Su presencia ha sorprendido entre algunos compañeros, al tiempo que incomoda a otros oficiales y subordinados que han tenido que declarar en su contra en la investigación judicial, subrayan las citadas fuentes. El Ejército podría ubicarle en dependencias militares ajenas a Cerro Muriano mientras dura la instrucción judicial, advierte una fuente consultada por este diario. «De lo único que está suspenso es de mando. Va todos los días a la base y está destinado en una oficina del batallón», añade.
El Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla dictó un auto el pasado 19 de enero incoando sumario e imputando, por los mencionados hechos, tanto al capitán como a un sargento y un teniente que estaban con él en el momento del ejercicio. A los tres se les acusó de un presunto delito del artículo 77 del Código Penal Militar contra la eficacia del servicio, si bien no les impuso medidas cautelares.
El abogado Luis Romero, que representa a la familia del soldado León, explicó que la imputación de los dos oficiales y el suboficial se debió a que «las medidas de seguridad no cumplieron su función ese día y porque no había en este caso una línea de vida», cuando los militares fallecieron ahogados al atravesar un lago, durante un ejercicio.
A ello se sumó, en palabras del letrado de la acusación, el que las mochilas que portaban los militares y «que debían servir de flotador, no estaban debidamente estandarizadas y tenían un sobrepeso, muchas de ellas de tres kilos y medio, por lo tanto no eran aptas, entre otros motivos», para usarse en dicho ejercicio.
Romero hizo hincapié en que «no se trató de un mero accidente, sino que hubo un cúmulo de negligencias y falta de diligencias en la sumersión de unas 20 personas, entre ellas, 15 soldados, en un lago que estaba helado, casi congelado, y en unas circunstancias que no eran las idónea y se tenía que haber paralizado tal ejercicio».
El citado abogado presentó el 25 de enero un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba para que la causa siga en la vía civil y no en la jurisdicción castrense. En el escrito, además, se amplió el número de peticiones de investigación, alcanzando al general de brigada al mando de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X , Ignacio Olazábal, así como a otros ocho oficiales de la cadena de mando: dos coroneles —el que aprobó las maniobras y el que estaba al mando aquel día, que fue otro—; el teniente coronel, el comandante, el capitán que dio la orden de realizar la prueba en el lago, así como dos tenientes y el sargento que le acompañaban en el momento del fatídico vadeo.
Romero planteó la necesidad de seguir en la vía de la justicia civil porque son «unos hechos delictivos no tipificados en el Código Penal Militar, sino que únicamente son tipificados en el Código Penal común, al tratarse de un delito de homicidio doloso eventual, en comisión por omisión, al menos indiciariamente».
El general Olazábal cesó en el cargo el pasado domingo debido a su pase a la reserva, un trámite ya previsto antes de la tragedia en Cerro Muriano. Ha sido el máximo responsable de la brigada desde que en 2020 dio el relevo al entonces jefe de la misma, José Aroldo Lázaro, quien dirige en la actualidad a los cascos azules de la ONU en el Líbano.
