Un informe del letrado mayor del Congreso tumba las dudas «minoritarias» sobre la amnistía
Galindo presentará su escrito el martes a la Mesa antes de remitir el proyecto de ley a la comisión de Justicia
El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, junto a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. | Agencias
El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, presentará un informe en la mesa del Congreso de los Diputados el próximo martes 6 de febrero. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el informe del secretario general de las Cortes pretende fijar criterio frente a las dudas «minoritarias» de algunos letrados sobre si el dictamen de la ley de amnistía debe volver a la comisión para algunos retoques antes de su aprobación, o debe empezar desde cero su tramitación parlamentaria. Y lo que señalará el informe de Galindo es que la norma debe continuar en la comisión de Justicia retomando sus trabajos desde donde los dejó al aprobar el dictamen que sí ratificó el Pleno del Congreso pese a rechazar el texto de la proposición de Ley.
Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico creen que el criterio de los letrados que rechazan esta última opción se basa en una «interpretación muy especial del reglamento» sobre la base del artículo 131.2 del mismo, que mandata que las proposiciones de ley orgánicas que no hayan sido aprobadas por el pleno con mayoría absoluta «serán devueltas a la comisión para la elaboración de un nuevo dictamen en el plazo de un mes». Dado que la proposición no obtuvo ni siquiera la mayoría simple de la cámara, ya que cosechó 179 votos en contra frente a 171 a favor, algunos letrados sostienen que hay que devolver a la casilla de salida la iniciativa registrada hace dos meses y medio por el PSOE.
Fontecha: «Una infracción de procedimiento gravísima»
Una tesis que respalda el letrado purgado de la comisión constitucional por sus opiniones contrarias a la amnistía y al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, Manuel Fernandez Fontecha. Fontecha fue apartado como letrado titular de la comisión constitucional en el mes de diciembre, pocas semanas después de que Fernando Galindo accediera al cargo, en una decisión que el nuevo letrado mayor calificó de «irrevocable» tras sus entrevistas en varios medios de comunicación calificando de inconstitucional la Ley de amnistía del Gobierno, tal y como suscribieron hace pocas semanas los tres letrados adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso. La purga fue el precedente a una remodelación más profunda de Galindo, tras la salida de varios letrados del Congreso para incorporarse a la plantilla del Senado.
En conversación con THE OBJECTIVE, el letrado Fontecha asegura que el incumplimiento del articulo 131 es «absolutamente indiscutible» y que, de seguir adelante la norma, se incurriría en una «infracción de procedimiento gravísima» que podría motivar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. A juicio del jurista, y tras más de 30 años de experiencia como letrado en Cortes, la Presidencia del Congreso está incurriendo en un incumplimiento del reglamento que da continuidad a «una ley que no existe porque la ha tumbado el pleno del Congreso».
La base de datos blindada
Un criterio, con dos precedentes en el diario de sesiones en 1997 y 1999, que no sólo suscribe este letrado, significado por el PSOE por su animadversión a las dos iniciativas presentadas por el Gobierno -la amnistia y la reforma del reglamento para el uso de las lenguas cooficiales-. Según fuentes parlamentarias, otros miembros de la plantilla del Congreso han suscrito tesis similares aunque no existe aún ningún informe escrito. Las citadas fuentes señalan a otros letrados adscritos a la comisión Constitucional y a la comisión de Justicia. Estos últimos podrían pronunciarse sobre la cuestión una vez que el órgano rector de la Cámara Baja, la Mesa, remita nuevamente el dictamen a la comisión para redactar una nueva ponencia.
De momento, el único informe que se presentará será el del secretario general del Congreso, Fernando Galindo, quien es el único que tiene acceso a la base de datos de precedentes de las Cortes, junto a sus dos secretarios generales adjuntos. El resto de los letrados no puede acceder a la misma, siendo el Boletín Oficial de Cortes su única base documental. En base a ella, letrados consultados por THE OBJECTIVE aseguran que existe un precedente en 1985 en el que se devolvió del pleno a la comisión, sin devolver el proyecto a la casilla de salida. «El asunto genera dudas jurídicas razonables», según los servicios jurídicos de la cámara, porque el pleno tumbó el conjunto de la ley pero aprobó el dictamen y «esa parte de la ley está viva», que es lo que habría que devolver a la comisión de Justicia.
El PP: «La ley ha decaído»
Según el criterio de estos letrados, «con el reglamento en la mano, son válidas las dos interpretaciones pero lo más razonable es que admitir que el dictamen sigue vivo». Porque, «si el legislador quería dar una segunda oportunidad a la norma, no tiene sentido que nosotros matemos la totalidad de la norma». En resumen, que no tendría sentido «contaminar la totalidad del proyecto de Ley y devolverlo a la casilla de salida» porque se haya rechazado «la votación final y de totalidad».
Sin embargo, el asunto trasciende de la esfera jurídica a la política y anticipa una dura batalla en la reunión del martes en la Mesa y Junta de Portavoces. Fuentes parlamentarias populares aseguran que darán la batalla sobre una cuestión en la que el reglamento es muy claro al exigir la mayoría absoluta como requisito previo a la devolución del texto a la comisión de Justicia. «Junts votó que sí en la primera votación sobre el dictamen y votó que no en la segunda votación sobre conjunto. Se ha rechazado por mayoría absoluta y la ley ha decaído. La culpa es de Junts, no del PP, son ellos los responsables de sus hechos», explican desde el grupo parlamentario que esgrimirá estos argumentos el martes que viene ante el letrado mayor de las Cortes.
