Los letrados del Congreso proponen un nuevo dictamen de la ley de amnistía en dos semanas
Defienden que la norma debe regresar a la Comisión de Justicia y fijan el 21 de febrero como fecha tope
Reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados de la XV Legislatura. | Europa Press
Los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados apuestan por devolver la proposición de ley de amnistía a la Comisión de Justicia. En contra de PP y Vox, consideran que la norma no decayó la semana pasada tras la segunda votación que tuvo lugar en el Pleno. Por ello, quieren dar un plazo de 15 días naturales, que acabaría el 21 de febrero, aunque podría ampliarse.
Así consta en el documento redactado por los letrados de la Cámara, al que ha tenido acceso Europa Press. Un escrito que no es vinculante y que la Mesa del Congreso tiene previsto estudiar en la reunión de este martes.
En el Pleno del pasado martes, la iniciativa legislativa se sometió a dos votaciones de conjunto. Una sobre el dictamen, en la que bastaba mayoría simple y se logró mayoría absoluta a favor. Y la segunda, dado su rango orgánico, donde se requería mayoría absoluta a favor y cosechó mayoría absoluta en contra.
PP y Vox afirman que la proposición de ley de amnistía decayó porque en la votación de carácter orgánico fue rechazada por 179 votos, tres por encima de mayoría absoluta. En cambio, los letrados rechazan ese argumento alegando que en la votación anterior el dictamen había sido respaldado por el Pleno, también por mayoría absoluta. Defienden que la norma debe regresar a la Comisión de Justicia para una segunda oportunidad, respaldando la decisión anunciada tras la votación por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
Los plazos, a la mitad
Asimismo, señalan que al tramitarse por la vía de urgencia, la comisión contará con 15 días y no con un mes, para emitir un nuevo dictamen. Aunque, plantean que sean 15 días naturales, no sólo hábiles, y fijan en el próximo 21 de febrero la fecha tope para un acuerdo.
En el documento, los servicios jurídicos aclaran que en este caso es de aplicación el artículo 131.2 del Reglamento, que es el que citó Armengol tras la segunda votación del pasado día 30 de enero. Ese precepto establece que si un proyecto o proposición de ley orgánica no logra el voto favorable de la mayoría absoluta en la votación final de conjunto el texto «será devuelto a la comisión, que deberá emitir un nuevo dictamen en el plazo de un mes».
Los letrados también mencionan el artículo 94, que prevé que los plazos se reducirán a la mitad si una norma se tramita por el procedimiento de urgencia, como es el caso de la ley de amnistía. Por eso, sostienen que el mes del que habla el 131.2, debe rebajarse en este caso a 15 días.
«Parece razonable que el cómputo se haga en días naturales», señala el escrito de los letrados. Dado que ese periodo empezaría a contar un día después de que la Mesa lo fije este martes, finalizaría el 21 de febrero.
Los juristas del Congreso interpretan que «a este plazo le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 91.1 del Reglamento». Eso implica que la Mesa de la Cámara podrá prorrogar este tope inicial de 15 días que sugieren en su informe. Pero no más allá del mes que fija el reglamento.
Válidas las enmiendas presentadas
Según el escrito, sólo existen dos precedentes en los que no se alcanzó la mayoría absoluta en la votación de carácter orgánico de una norma. Ambos fueron reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El primero ocurrió en 1997, el texto regresó a la comisión correspondiente y la Mesa acordó que se trabajara sobre el dictamen de la comisión que sí había avalado el Pleno. Así como, las enmiendas presentadas al proyecto y también el informe emitido por la ponencia. Es decir, no se pudieron presentar nuevas enmiendas, aunque sí alcanzar transaccionales sobre las registradas durante la tramitación.
En 1999, el trámite se frenó en la votación de conjunto del Pleno y se mandó de vuelta a la comisión, pero en este caso no hubo un nuevo dictamen en plazo y la iniciativa caducó con el fin de la legislatura.
Respecto a las peticiones del PP y Vox, los letrados inciden en que la iniciativa se sometió a dos votaciones diferentes, como establece el Reglamento. Pero, atender la tesis de estos grupos equivaldría a dejar sin efectos la primera de ellas, «proyectando de facto el resultado de la segunda sobre las dos».
