El Gobierno empieza a dudar de que pueda sacar adelante la ley de amnistía
Fuentes de Moncloa prevén que tendrán que ir a la prórroga en la Comisión de Justicia
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. | Europa Press
Donde antes había certezas, ahora hay dudas. El Gobierno ha empezado a emitir señales de incertidumbre ante la aprobación de la ley de amnistía. Frente al mensaje de confianza férrea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en La Sexta, -«Estoy convencido de que esta ley de amnistía va a salir»-, ministros del Ejecutivo expresan en privado sus recelos e interrogantes sobre la aprobación definitiva de las medidas de gracia. Por primera vez desde que se inició la tramitación de la norma hace dos meses y medio, miembros del Consejo de Ministros admiten que tienen dudas de si llegará a recibir la luz verde del Parlamento español: «Tenemos las mismas dudas que todos».
Una desconfianza que no se sustenta en la decisión de la junta de fiscales del Tribunal Supremo que, en contra del criterio del Gobierno, del fiscal general del Estado y el fiscal ponente Álvaro Redondo, dictaminó este martes que sí existen indicios de un delito de terrorismo que servirían para imputar a Carles Puigdemont, tal y como sostiene el juez García-Castellón. El Ejecutivo deslizó este martes que «no nos sorprende» y se precipitó a avanzar que la Fiscalía es «un órgano jerárquico» y que «la decisión la tiene quien la tiene», esto es, el fiscal general Álvaro García Ortiz. Sin embargo, la amplia mayoría de fiscales que considera que hay indicios de delitos de terrorismo en lo sucedido en Cataluña en 2019 (12 a 3), y que apoya que el Supremo investigue por ello a Puigdemont (11 a 4), genera suspicacias en Moncloa ante la constatación de que fiscales progresistas suscriben las tesis contrarias al Ejecutivo.
El Gobierno prevé una ‘prórroga’ en la Comisión de Justicia
Al Gobierno ni le sorprende ni le preocupa el mensaje lanzado este martes por los fiscales, o eso dice. Y se centra en la que será la siguiente batalla parlamentaria en la Comisión de Justicia. La Mesa del Congreso remitió este martes el dictamen de la ley aprobado en pleno nuevamente a la comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen, que será elevado a pleno antes del 21 de febrero. Si llegado a ese plazo no se hubiera logrado un acuerdo, la Comisión de Justicia podría solicitar una prórroga por otros 15 días hasta el 6 de marzo. Las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE descuentan que Junts quiere llevar «al límite» la adopción de un acuerdo y que, por lo tanto, será necesario solicitar la prórroga más allá del 21 de febrero.
Los más optimistas creen que entonces sí habrá posibilidad de un acercamiento con Junts antes del 6 de marzo, lo cual permitiría aprobar la amnistía en el mes de plazo que permite el artículo 131.2 del reglamento del Congreso. Porque si no se ajustan a esos 30 días de margen, la ley decaería y habría que iniciar la tramitación desde cero. En Moncloa confían en que «la amnistía se aprobará», pero no son pocos los que, al margen de afirmaciones rotundas y dogmas de fe, piden aterrizar en lo concreto esas convicciones. La clave está en el cómo: en dónde puede ceder el Ejecutivo para lograr que Carles Puigdemont se avenga a cerrar un acuerdo que garantice la estabilidad del resto de la legislatura. Y es en este campo donde afloran las dudas y se incrementa el pesimismo.
La reforma de la Lecrim: «Es complicado»
El Gobierno sostiene que «la ley no se va a tocar» y que «lo único» en lo que podrían trabajar es en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) a la que abrió la puerta el presidente Sánchez en La Sexta. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario apuntan a que se trata más bien de «una forma que utilizó el presidente de desviar la atención del terrorismo o los delitos de alta traición, que no vamos a tocar ni incluir en la amnistía». Dicho de otra forma, la reforma de la Lecrim fue un señuelo de Sánchez para desviar la atención y decirle a Junts que «hay más cosas de las que podemos hablar, no sólo de la ley de amnistía» que, insisten, «no se toca».
Es más, desde Moncloa admiten que «es complicado» acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque «hay que mantener un equilibrio entre las partes». Si bien aceptan que es necesario abrir una reflexión sobre la necesidad de «acortar los tiempos de garantías para que los procesos no se prolonguen 15 años», añaden que el equilibrio de todas las partes en el proceso judicial «es muy complejo». Así las cosas, el Gobierno se resigna a una sola vía de negociación con Junts: la presión. Que el tiempo juegue en su contra y asuman que no se puede ir más allá de la ley «valiente y reparadora» que han pactado con PSOE y ERC.
Miembros relevantes del Consejo de Ministros señalan que «ellos (Junts) también tienen coste. Están midiendo ahora las consecuencias» de haber tumbado el conjunto de la ley de amnistía en el pleno del Congreso. «Lo que nos dicen en privado es lo mismo que en público», explican en Moncloa. Y por ello, las palabras de Sánchez sobre la Lecrim podría ser sólo una forma de permitirles la transición hacia el voto favorable, de vestir la rectificación de Junts, aunque no se vaya a concretar en nada. Los socialistas insisten en no mover una coma del actual texto porque ello supondría un dictamen desfavorable del Tribunal Constitucional. Y recuerdan que el PSOE ya se ha dejado suficientes pelos en la gatera, como incorporar los delitos de terrorismo entre los beneficiados de la amnistía siempre y cuando «no vulneren los derechos humanos».
