La larga lista de escándalos de Armengol: de las menores tuteladas al 'caso Koldo'
La presidenta del Congreso se ha visto involucrada en varias polémicas desde que empezó a gobernar Baleares en 2015
Sesión Constitutiva de la XV Legislatura del Congreso de los Diputados. | Europa Press
Francina Armengol, expresidenta balear y actual presidenta del Congreso de los Diputados, ha sido protagonista de varias polémicas durante su trayectoria política. La última, el pago de 3,7 millones de euros a la empresa clave en las mordidas de Koldo, exasesor de Ábalos. Aquí recopilamos las principales:
Pillada en un bar de Palma en plena pandemia
El 7 de octubre de 2020, Francina Armengol fue localizada en el interior de un bar en el casco antiguo de Palma –el Hat Bar– a las 2.10 horas de la madrugada, estando vigentes las restricciones covid impuestas por ella misma. Esa fue la ‘excusa’ utilizada por el dueño cuando acudió la Policía al local por las llamadas de los vecinos.
Entonces, la normativa para hacer frente a las restricciones de la covid-19 aprobada por el Govern de Francina Armengol establecía la obligación de cerrar todos los bares de ocio nocturno. Tan sólo se permitía la apertura de establecimientos y restaurantes que diesen comida hasta la 1 de la madrugada.
Desde el Partido Popular pidieron su «dimisión inmediata», alegando que se trataba de una cuestión de «salud democrática»: «Ha intentado darnos lecciones de ejemplaridad estos años y ella debe aplicárselas a sí misma», criticaron. Ella lamentó «muchísimo» la imagen que se pudo trasladar y aseguró que no era lo que había sucedido en realidad.
Ocultó que menores tuteladas se prostituían
Uno de los capítulos más escabrosos de su gestión como presidenta de Baleares fue la ocultación del caso de las menores tuteladas prostituidas. Según constató la Policía Judicial, a finales de 2019, educadores de los centros dejaron constancia de que algunas mujeres aprovechaban sus salidas o fugas para prestar servicios sexuales a cambio de dinero.
El escándalo se dio a conocer tras la violación en grupo a una menor. Poco después, las autoridades de las islas admitieron tener constancia de 16 casos de explotación sexual infantil en Palma. El caso llegó a Europa, y una comisión de la Unión Europea afeó la falta de medidas para evitar que volviese a ocurrir por parte del Govern.
Autorizó un hotel bloqueado en el que su pareja tenía intereses
Tal y como publicó el diario El Debate, la presidenta del Congreso autorizó la construcción del hotel de lujo Son Bunyola, en el norte de Mallorca, poco después de ser nombrada presidenta de las Islas Baleares. El hotel, que llevaba casi dos décadas bloqueado al estar asentado en un suelo protegido, estaba vinculado a su propia pareja, el empresario Joan Nadal.
El coste de las obras fue de 7,5 millones de euros, tal y como figura en el presupuesto del proyecto urbanístico. El nexo entre el hotel y la pareja de Armengol se encontró en el abogado José Luis Feliú Bordoy, que conectó Son Bunyola con Jardins de Tramuntana, la empresa de jardinería de Nadal.
Impuso el catalán como requisito a los médicos
Meses antes de ser nombrada presidenta del Congreso de los Diputados, tomó una decisión que generó mucha polémica entre los baleares: pedir el catalán como requisito para los sanitarios: «El Ejecutivo hará posible la estabilización de plazas en el IB-Salut y lo hará garantizando los derechos lingüísticos», anunció cediendo a los nacionalistas.
Esta exigencia había quedado provisionalmente en suspenso con el argumento de la falta de personal para cubrir determinadas plazas y categorías de medicina y enfermería en la sanidad balear.
El cambio de posición se realizó argumentando que se habían cruzado los datos de las 6.000 solicitudes ya recibidas para cubrir las 2.300 plazas convocadas, comprobando en qué categorías se podría aplicar la exención por falta de médicos y enfermeros y en cuáles no es necesario.
Expuso un cartel que tildaba a los jueces de «machistas»
Una exposición organizada por el Govern balear en marzo de 2022 exhibió un cartel que mostraba a un juez diciéndole a una mujer con múltiples lesiones: «¡Cómo voy a creer que su marido le maltrata si usted está viva!». Todas las asociaciones de jueces publicaron un comunicado conjunto en el que rechazaron enérgicamente la imagen plasmada.
En el comunicado, las asociaciones judiciales centraron su queja en tres puntos. Por un lado, denunciaron que este tipo de actuaciones promovidas por las instituciones «desincentiva que cualquier mujer que sufra maltrato se decida a interponer una denuncia». A su vez, los jueces condenaron que se incurriese en «estereotipos y tópicos falsos, ridículos e injustos», además de no ser una imagen que reflejase el estado actual de la judicatura, ya que «tres de cada cuatro jueces y juezas de violencia sobre la mujer son mujeres». La viñeta tuvo un coste de 8.511,38 euros.
Ha permitido insultos a los jueces en la Cámara Baja
Son varios los escándalos que la persiguen desde que fue elegida presidenta del Congreso de los Diputados el 17 de agosto de 2023. De hecho, hace tan sólo una semana, el Partido Popular presentó una queja contra ella firmada por el portavoz del grupo, Miguel Tellado, en la que solicitó amparo para «preservar el decoro de la Cámara» con el que, consideran los populares, «está acabando Armengol».
En el escrito, los populares incidieron en los insultos de los independentistas contra contra los jueces durante las sesiones en el Hemiciclo. Sólo la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, habló así del Rey y los magistrados el 12 de diciembre de 2023 ante el silencio de Armengol: «Personajes como Marchena, cómplices de la politización de la política y también de la justicia española, personajes indecentes como Espejel, Lesmes, Llanera, Lamela, que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato y que en el Reino de España tienen vía libre para seguir retorciendo la ley y los derechos», señaló acusándoles de ser «togados franquistas».
Autorizó el uso de lenguas cooficiales antes de que se aprobara
Francina Armengol aplicó la reforma del Reglamento de la Cámara Baja que permitía el uso de las lenguas cooficiales sin que se hubiera aprobado. Dos días antes de que se votase en el Congreso la medida, la dirigente socialista permitió a los diputados hablar en las lenguas regionales y utilizar el servicio de traducción –los pinganillos–.
El PP la acusó de «deslizarse por una peligrosa pendiente», asegurando que su partido analizaría jurídicamente la reforma y no descartaba recurrir ante el Tribunal Constitucional: «Me parece no sólo un mal precedente, me parece que es toda una declaración de intenciones sobre cómo considera la ley el PSOE y los dirigentes del PSOE», avisó Cuca Gamarra.
En Vox sí optaron por querellarse ante el Alto Tribunal, acusando a Armengol de haber actuado «al margen de la legalidad, a sabiendas y con clara voluntad» de «infringir» el Reglamento del Congreso. El Supremo la inadmitió.
Los expertos cuestionan que la amnistía pueda volver a votarse
Uno de los letrados purgados del Congreso, Manuel Fernández-Fontecha, aseguró que la ley de amnistía «no puede volver» a la Comisión de Justicia «porque decayó» en la votación que se produjo el 31 de enero.
Según el artículo 131.2 del reglamento del Congreso, para que una ley orgánica sea aprobada debe contar con mayoría absoluta. En caso contrario, se devuelve a la comisión correspondiente, que debe emitir un nuevo dictamen en el plazo de un mes. El letrado apunta a que, al no haber conseguido ni mayoría simple, se entiende que ha decaído y tendría que iniciarse de nuevo el procedimiento. Es decir, la ley tendría que ser registrada de nuevo en el Congreso para comenzar otra vez todo el trámite parlamentario.
