El 'caso Koldo' cerca a Ábalos y salpica a Armengol y al ministro de Política Territorial

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil por la que se ha detenido a Koldo García, quien fuese la mano derecha de José Luis Ábalos, no solo cerca al exministro y actual diputado del PSOE. Los contratos de mascarillas por importe de más de 53 millones de euros en los que se centra la investigación, adjudicados a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, también salpican a dos figuras de peso que forman parte del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Grupo Parlamentario Socialista. Se trata del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Con Torres y Armengol como presidentes autonómicos de Canarias y Baleares, respectivamente, se concedieron a dedo varios contratos de mascarillas, por importe de 15,8 millones de euros, a la empresa que se convirtió en el proveedor favorito de mascarillas del exministro Ábalos durante el inicio de la pandemia, pese a no tener actividad alguna ni experiencia previa en el sector sanitario antes de la covid-19. La misma empresa recibió otras tres adjudicaciones de los ministerios de Transportes e Interior por importe de 40,5 millones de euros en 2020, de los cuales casi 37 millones fueron pagados por el departamento dirigido entonces por Ábalos.

Según fuentes del caso consultadas por THE OBJECTIVE, las adjudicaciones a esa empresa por parte de Canarias y Baleares, bajo la presidencia autonómica de los socialistas Torres y Armengol, se encuentran entre los contratos por los que han sido detenidas en distintos puntos de España 20 personas por el presunto cobro de comisiones ilegales. Entre los arrestados se encuentran Koldo García, su esposa, uno de sus hermanos y dos empresarios presuntamente vinculados a Ábalos y su mano derecha: Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol, y José Ángel Escorial. 

Adjudicaciones en Canarias

Ambos, según fuentes conocedoras de la investigación, están relacionados presuntamente con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, bajo la lupa de Anticorrupción en este presunto caso de corrupción que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El proveedor favorito de mascarillas del exministro de Transportes José Luis Ábalos recibió de Baleares un contrato de 3,7 millones de euros por el suministro de «equipamiento médico» cofinanciado con fondos de la UE y otros casi 12 millones de euros del gobierno autonómico de Canarias por el suministro de material sanitario durante la pandemia. 

Tres adjudicaciones a dedo en Canarias que se encuentran bajo investigación por parte de la Fiscalía en el marco del caso Koldo y que salpican al ex alto cargo del Gobierno canario al que la trama de Tito Berni contactó en varias ocasiones para intentar hacer negocios sanitarios. Se trata de Conrado Domínguez, el exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS) y el hombre al que Ángel Víctor Torres nombró como coordinador del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias durante la pandemia.

Domínguez se vio obligado a dimitir a finales de 2022 tras ser imputado por adjudicar al menos un contrato de cuatro millones de euros a una empresa de coches «para beneficiar a un amigo», según Anticorrupción, a cambio de mascarillas que nunca llegaron a ser entregadas. Un hombre, además, al que fuentes del llamado caso Tito Berni consideran una de las piezas clave en la rama sanitaria de la trama presuntamente encabezada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y que utilizó un decreto derogado para perdonar al proveedor de mascarillas de Ábalos un ‘pufo’ de 2,1 millones de euros.

Nexo con el ‘caso Tito Berni’

El departamento de salud canario dirigido por Conrado Domínguez -a quien Antonio Navarro Tacoronte (alias El Mediador) identificó como su verdadero jefe ante la juez del caso Tito Berni– se amparó en un Real Decreto-ley que había sido derogado un mes antes para justificar y ordenar, en junio de 2021, un último pago de 1,3 millones de euros al proveedor favorito de mascarillas del exministro José Luis Ábalos. Así figura en la última modificación del expediente público, consultado por THE OBJECTIVE, por el que el Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó un contrato de 6,87 millones de euros para el suministro de 2,75 millones de mascarillas FPP2 a la compañía zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

En esa resolución, fechada el 4 de junio de 2021 y firmada por una ex alto cargo que se encuentra imputada por el caso mascarillas de Canarias, el SCS dio «validez» a «todos los actos administrativos» del contrato suscrito un año antes por Soluciones de Gestión SL y que había sido incumplido parcialmente por la empresa. La compañía zaragozana, como contó este diario, había entregado algo más de 833.700 mascarillas quirúrgicas defectuosas haciéndolas pasar por NK95/FPP2. Al detectarse el pufo, la firma zaragozana fue perdonada por el Gobierno autonómico del ahora ministro Ángel Víctor Torres a cambio de comprometerse a llevar a Canarias un nuevo envío con algo más de medio millón de mascarillas que sí cumplieran con la homologación requerida.

Precisamente ordenar el pago de 1,3 millones de euros por esas 550.000 mascarillas, que se entregaron finalmente en febrero de 2021 a un precio de 2,5 euros la unidad, era uno de los objetivos de esa resolución del 4 de junio de 2021, según consta en el portal de contrataciones del Estado. En ese texto, el SCS se ampara en el artículo 16 del Real Decreto 7/2020, de 12 de marzo, como fundamento de derecho para justificar el último pago y dar «validez» a todas las modificaciones de ese contrato con Soluciones de Gestión SL desde su inicio.

El ‘pufo’ millonario en Canarias

El problema es que esa disposición legal, según subrayaba la Fiscalía anticorrupción en su querella por el caso Mascarillas en Canarias y confirma el Boletín Oficial del Estado (BOE), había sido derogada el 5 de mayo de 2021; es decir, un mes antes de que se volviera a modificar -por quinta y última ocasión- el contrato entre la sanidad canaria y el proveedor favorito de mascarillas de Ábalos. Al quedar derogado, a partir del 5 de mayo de 2021, las administraciones perdían no solo la potestad de usar discrecionalmente la tramitación de emergencia para cualquier contrato relacionado con la covid-19, sino que además perdían el derecho a «realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista».

El artículo derogado y el decreto en cuestión habían permitido hasta entonces que las administraciones públicas, entre marzo de 2020 y mayo de 2021, pudieran aplicar la «tramitación de emergencia» (sin publicidad ni licitación previa) a cualquier contrato para hacer frente a la covid-19. El Gobierno de Canarias, presidido entonces por el ministro Ángel Víctor Torres y bajo el auspicio del hombre al que designó para adjudicar los contratos de mascarillas en esa comunidad autónoma, ignoró la derogación que le impedía modificar los contratos públicos y ordenó el pago del último pago de los 12 millones de euros que Canarias abonó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

Contrato de 3,7 millones en Baleares

Con sede en Zaragoza y relacionada con este presunto caso de corrupción que cerca a Ábalos, tras la detención de su mano derecha Koldo García y de los empresarios que según fuentes policiales también tenían relación con el exministro de Transportes y con la empresa zaragozana, recibió también una adjudicación del Gobierno de Baleares presidido por Armengol. El Ejecutivo balear otorgó también a Soluciones de Gestión y Apoyo un contrato de 3,7 millones de euros por el suministro de «equipamiento médico». En concreto, 1,4 millones de mascarillas FFP2 que se pagaron a 2,5 euros cada unidad. Un contrato cofinanciado con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de las Islas Baleares, según consta en el expediente de la adjudicación.

Meses después, en un informe, la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Baleares cuestionó ese contrato a Soluciones de Gestión y señaló que el entonces administrador de la empresa, José Ángel Escorial, uno de los 20 detenidos en el caso Koldo, controlaba también varias sociedades off shore, dos de las cuales aparecían en los Paradise Papers. Una tercera mercantil vinculada al administrador único de Soluciones de Gestión habría sido investigada por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional por el presunto pago de sobornos en Angola para que la empresa pública Mercasa fuese adjudicataria de la construcción de un mercado de abastos en la capital de ese país africano.

Negocios en Angola

En Angola, según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Soluciones de Gestión desarrolla desde hace más de una década un proyecto para la construcción de un hospital. También forma parte de otra Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la construcción de una central eléctrica flotante.

El informe de la Oficina balear de Lucha contra la Corrupción cuestionaba que, si bien a raíz de la urgencia y el estado de alarma se podía comprar entonces sin expediente de contratación, por la vía de emergencia, «se deberían haber establecido algunos mecanismos de control adaptados específicamente para supervisar la contratación y la adquisición pública» durante los primeros meses de pandemia.