Anticorrupción avanza en Canarias: compraron mascarillas 'fake' "para favorecer a un amigo"

La Fiscalía anticorrupción sospecha que Conrado Domínguez, el ex alto cargo del gobierno canario al que la trama de Tito Berni contactó en varias ocasiones para intentar hacer negocios sanitarios, tomaba «decisiones autónomas y unilaterales» dentro del Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias. Y en al menos una ocasión, según afirma con rotundidad el Ministerio Público, el ex número dos de la sanidad canaria habría adjudicado un contrato de cuatro millones de euros para la compra de mascarillas con el objetivo de «beneficiar a un amigo».

En la querella que dio origen al caso mascarillas en Canarias, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Anticorrupción afirma que Conrado Domínguez «aceptó negociar un importante contrato público de suministro de cuatro millones de euros para el decisivo fin público de abastecer a los sanitarios de los hospitales públicos de canarias de EPI FFP3 por una llamada de un amigo».

El contrato se acabaría adjudicando por el procedimiento de emergencia (sin licitación ni publicidad previa). La adjudicataria era una empresa dedicada a la venta de coches, sin experiencia alguna en el sector sanitario. El gobierno canario acabaría pagando cuatro millones de euros. Sin embargo, y siempre según la versión de Anticorrupción, la firma de coches vinculada al amigo del ex director del Servicio Canario de la Salud (SCS) nunca llegó a entregar ni una sola de las mascarillas.

Mascarillas a «precio desorbitado»

Según relata el Ministerio Público en su escrito, Conrado Domínguez accedió a hablar posteriormente con un amigo de su amigo, «que decía ser el representante de una empresa (RR7) de venta de coches». Distintos correos electrónicos, documentos y mensajes aportados por la Fiscalía, acreditarían que la compra se pactó a un «precio desorbitado» de cuatro euros la unidad y en un momento en que no había en los hospitales canarios «ninguna escasez de stock» con respecto al modelo de mascarilla ofrecido por el vendedor de coches.

A pesar de mantener con el intermediario una «fluida relación de mensajes» a través de WhatsApp durante el periodo de tramitación de la adjudicación, entre el 3 y el 24 de mayo de 2020, «para valorar la decisión de la adjudicación del contrato público», Condrado Domínguez únicamente pidió al representante de RR7 «que le entregase la tarjeta de identificación fiscal de la empresa» y una factura proforma que incluyese como «única referencia (…) que tenía un colaborador que podía traer las mascarillas de Asia». Tanto el amigo de Conrado Domínguez como el segundo de los intermediarios que cruzó mensajes con el exdirector del SCS, añade Anticorrupción, se habrían llevado una comisión de 50.000 euros cada uno.

Conclusiones de la Fiscalía

Siempre según la querella de Anticorrupción, admitida a trámite por el juez el pasado mes de julio, el exdirector del SCS ni siquiera preguntó al intermediario de RR7 «qué capacidad real de suministro tenía la empresa», «cuál era su solvencia profesional y técnica, o dónde estaban las mascarillas N95 modelo 1860 marca 3M». Asimismo, añade el Ministerio Público, tampoco realizó otras de las cuestiones fundamentales: «si tenían las mascarillas el certificado obligatorio de la CE; si estaban homologadas; de qué país las iban a importar; qué plazos manejaban para la importación y puesta a disposición del producto».

«El contrato no le fue adjudicado por sus méritos empresariales o comerciales sino por ser amigo. Este hecho fue lo que desprotegió en sí mismo la eficacia y transparencia de la adjudicación», indicaba la Fiscalía en su querella. «Oportunidad de negocio que le fue consentida porque quien adoptó la decisión de adjudicar el contrato se movió por lazos de amistad relajando las exigencias y necesidades contractuales hasta el punto de obviarlas», añade.

La investigación abierta posteriormente por un juez, a instancias del Ministerio Público, ha puesto el foco desde el inicio en el Comité de gestión de Emergencias de Canarias del que Conrado Domínguez fue designado como coordinador por orden expresa del presidente autonómico, el socialista Ángel Víctor Torres. «Nada de lo anterior», dice la Fiscalía sobre el nulo conocimiento de Conrado Domínguez sobre la solvencia de RR7 para suministrar las mascarillas, «le interesó a pesar de ser considerado como ‘un experto’ razón por la que integró, durante la gestión de la pandemia, el Comité de gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias».

El comité de expertos de Canarias

La querella de Anticorrupción, que fue admitida a trámite en julio pasado por un juzgado de instrucción, acabaría provocando la dimisión de Conrado Domínguez en noviembre de 2022. Tanto él como otra responsable de la Consejería de Sanidad tuvieron que acudir a declarar como investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Ambos aseguraron haber actuado conforme a la legislación vigente y negaron la comisión de delito alguno, pero siguen en condición de investigados y la causa pasó a manos de la Fiscalía Europea al existir indicios de que las irregularidades en la adjudicación de mascarillas se extendieron a otros contratos que acabaron siendo financiados con fondos comunitarios.

Al admitir a trámite la querella y abrir la causa, el juez acordó diversas diligencias solicitadas por el Ministerio Público para esclarecer cuál era el poder de decisión de Conrado Domínguez en el Comité de gestión de Emergencias de Canarias. Un organismo para el que fue nombrado como coordinador por el mismísimo presidente autonómico, el socialista Ángel Víctor Torres.

En su escrito, la Fiscalía incidía sobre este punto como un asunto clave que habría facilitado las irregularidades en el contrato de cuatro millones de euros con RR7, la empresa a la que presuntamente contrató «para beneficiar a un amigo». Entre otras diligencias aceptadas por el juez, se investiga quiénes componían el comité de emergencias covid de Canarias y cuál era el papel de cada uno de ellos en la adjudicación de contratos para el suministro de material sanitario.

El Ministerio Público interesó investigar, entre otras cuestiones que el juez aceptó, si las adjudicaciones dependían de la decisión unilateral y exclusiva de Conrado Domínguez o si e Comité tenía que someter a votación y aprobación sus propuestas. A petición de Anticorrupción, también se investiga si el mencionado comité tuvo conocimiento de la adjudicación a RR7 y si Conrado Domínguez «ocultó al resto de miembros (…) las negociaciones vía WhatsApp» con el intermediario de la empresa de coches.