El PP cita a ocho altos cargos en el Congreso y registra 25 preguntas sobre el «caso Sánchez»

El Grupo Parlamentario Popular intensifica su presión al Gobierno sobre el que ellos denominan como «caso Sánchez» en el Congreso de los Diputados y este miércoles ha presentado un paquete de iniciativas para intentar poner contra las cuerdas a ministros y altos cargos del PSOE. Concretamente, ha pedido la comparecencia de hasta ocho altos cargos, entre los que se encuentran los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; y Transporte, Óscar Puente; y ha registrado 25 preguntas para su respuesta por escrito.

En el caso de los dos ministros, la petición de comparecencia es para que se materialicen ante el Pleno de la Cámara Baja. Los populares quieren que Bolaños y Puente informen sobre «la responsabilidad del Gobierno en relación con el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relativos a la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, cuya investigación ha provocado la detención de varias personas, entre las que se encuentra un exasesor del Ejecutivo».

Al margen de los ministros, el PP citará a varios altos cargos de la Administración socialista relacionados con la trama de corrupción para que comparezcan de manera urgente en las comisiones de Transportes y en Hacienda, entre ellos se encuentran los presidentes de ADIF, Puertos del Estado y Correos.

A todos ellos le pedirán «información sobre su responsabilidad en relación con el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relativos a la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, cuya investigación le vincula con uno de los principales implicados en la trama».

Otro de los frentes que abrirá el Grupo Parlamentario Popular es el de las preguntas con respuestas escritas. Hasta 25 han registrado y se interesan por conocer si «tenía conocimiento el Gobierno de estos hechos presuntamente delictivos»; si «desde la denuncia interpuesta en marzo de 2022 y las informaciones publicadas al respecto ya en aquel momento» el Gobierno «adoptó medidas para comprobar la veracidad de los hechos denunciados» y «cuál fue el resultado y las consecuencias de las mismas».

Otras preguntas van dirigidas a saber «qué funciones concretas desempeñaba Koldo García en su etapa como asesor en el Ministerio de Transportes»; «qué implicaciones presupuestarias tuvieron los contratos que son objeto de la investigación»; «quiénes eran los responsables políticos y técnicos que participaron en dichos contratos, durante los contactos previos, contratación, gestión y control de los mismos»; y, entre otras, «qué criterios se tuvieron en cuenta para nombrar a Jesús Manuel Gómez García como subsecretario de Transportes».