Una exconsejera y un alto cargo de Armengol, citados a declarar por las menores tuteladas
Los dos exmiembros del gabinete balear han sido citados a declarar ante el juez gracias a una querella de Vox
La expresidenta de Baleares, Francina Armengol.
El Juzgado de Instrucción número 11 ha citado a declarar a la exconsellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, y al exconseller insular y expresidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, a raíz de la querella que Vox presentó en enero de 2022 sobre el caso de las menores tuteladas, en el que algunas de ellas salían de los centros donde se encontraban internadas para prestar servicios sexuales a cambio de dinero.
Ambos han sido citados a declarar el próximo 5 de marzo a las 12.00 horas.
El Grupo Parlamentario Vox ha celebrado la decisión del juez, remarcando que a Santiago y De Juan se les tomará testimonio por un caso de menores tuteladas «prostituidas y, en un caso, obligadas a abortar».
Cabe recordar que Vox presentó la querella en enero de 2022. Ahora, ha remarcado el portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Parlamentario Vox, Agustín Buades, «se podrán conocer las responsabilidades de los políticos que miraron hacia otro lado durante todo este tiempo».
«Tras el gran escándalo del octenio negro de la pasada legislatura, al fin podremos empezar a ver qué responsabilidades tienen los políticos sobre las agresiones sexuales y violaciones de las menores tituladas por el IMAS», ha manifestado Buades.
Además, ha insistido en que seguirán pidiendo una auditoría al Instituto «para que no se vuelva a repetir jamás un escándalo de estas dimensiones».
El escándalo de las menores tuteladas por la administración balear se dio a conocer tras la violación en grupo a una menor. Poco después, las autoridades de las islas admitieron tener constancia de 16 casos de explotación sexual infantil en Palma. El caso llegó a Europa, y una comisión de la Unión Europea afeó la falta de medidas para evitar que volviese a ocurrir por parte del Govern.
De hecho, la Comisión elaboró un informe en el que planteaba la necesidad de «repensar» el sistema y crear centros especiales para menores con problemas de conducta, «que todavía no se han desarrollado en Baleares». También incidió en la importancia de mantener la comunicación con los padres de los menores para maximizar su implicación en la recuperación de los niños y trabajar en la prevención.
