El PP cita en el Congreso a la jefa de los fondos UE por la oleada de fugas de funcionarios
Los ‘populares’ quieren que explique la situación de «inestabilidad»del Ministerio de Hacienda
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia de la directora de los Fondos Europeos, después de que THE OBJECTIVE, desvelara su deseo de abandonar este cargo, como consecuencia de los problemas de gestión de los fondos del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resilencia, conocidos como Next Generation, que dependen del Ministerio de Hacienda. En este departamento ministerial se ha producido una desbandada de funcionarios y personal de confianza, siendo la máxima expresión la marcha en dos años de los dos directores del plan.
En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el motivo de la comparecencia es «explicar cómo está afectando las dimisiones de responsables y la inestabilidad dentro del Ministerio de Hacienda al seguimiento del Presupuesto General de la Unión Europea y su financiación». Igualmente, quieren saber «los controles realizados para garantizar el buen uso de los fondos europeos en la compra de mascarillas y otros fines», ya que son los «responsables de la gestión y certificación, la coordinación del sistema de control y la realización de verificaciones respecto al Feder, el Fondo de Transición Justa, la Cooperación Territorial Europea y el Fondo de Solidaridad UE, entre otros».
EL PP entiende que «la Dirección General de Fondos Europeos, parece estar viviendo la misma situación de incertidumbre, inestabilidad e inejecución de fondos estructurales; donde a pesar de ser uno de los mayores receptores, España se encuentra en la última posición en ejecución de estos fondos a nivel europeo, ya que sólo ha gastado el 63%, con 28.000 millones de euros sin gastar y justificar, con 2024 como límite para poder hacerlo.nLas recientes noticias relativas a posibles casos de corrupción y mordidas en las compras de mascarillas del caso Koldo, muestran que se han utilizado fondos que se encuentran bajo la supervisión de esta dirección general para financiar estas compras, aun sabiendo que había compras de mascarillas defectuosas y que no se podía utilizar».
Los populares señalan que «estamos ante el gobierno menos transparente de la democracia y dado que esta Dirección General participa en los grupos de trabajo europeos y tiene entre sus tareas encomendadas el análisis y seguimiento de los programas operativos con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), así como garantizar la conformidad con las normas europeas y nacionales de los gastos presentados a la Comisión Europea para su cofinanciación, resulta imprescindible conocer cuál ha sido la actuación del gobierno y qué grado de conocimiento tenía esta dirección general».
A juicio del Grupo Parlamentario Popular, «España se encuentra en un momento crítico, donde tiene que afrontar la gestión de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación con importantes retrasos en la ejecución de las inversiones, a los que se suma el tramo de créditos de la Adenda, la inejecución de los programas de Fondos Estructurales del anterior Marco financiero Plurianual, la gestión de los fondos correspondientes al periodo 2021-2027, con un gobierno en descomposición cercado por la corrupción y con dimisiones en los departamentos Ministeriales encargados del seguimiento, auditoría y control».
En el caso de la fuga de altos cargos, los dos más significativos han sido los dos directores del plan: la primera en dejar el cargo en diciembre de 2022 fue Rocío Frutos, siendo sustituida por Jorge Fabra que también abandonó el puesto este año. Pero no se queda ahí, una subdirectora, «es a la única a la que han dejado irse porque es la jefa de gabinete de un subsecretario de los nuevos y procede del PSOE de Granada». Además hay puestos sin cubrir de niveles 29 y 30.
Las fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por THE OBJECTIVE señalan que «de Fondos Europeos ahora mismo se quiere ir todo el mundo, pero no los dejan. De hecho, hay mucha gente que llama para preguntar qué es lo que está pasando, gente que está en el extranjero y que quiere volver, pero ve que hay puestos de nivel 29 y 30, que es muy raro que estén sin cubrir. Aquí quiere salir todo el mundo y no encuentran a nadie para entrar. La gente prefiere ir a puestos con una retribución menor antes que entrar aquí».
Los populares quieren abrir un frente parlamentario para exigir transparencia sobre la gestión de unos fondos que acumulan varias denuncias sobre presuntos delitos, como así ha venido publicando este periódico. La Oficina Europea Antifraude (OLAF) fue la primera que alertó sobre posibles irregularidades y solicitó al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude información sobre seis contratos adjudicados por diferentes organismos e instituciones españolas.
Una de estas sospechas ya había sido denunciada ante la Fiscalía Europea por un grupo de empresarios que alertaron sobre un posible fraude en la gestión de los fondos Next Generation para el «proyecto de la Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla». Esta denuncia se transformó en querella ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora, que en la actualidad se está instruyendo. El posible fraude, siempre según los denunciantes, podría ascender a 500 millones de euros.
Igualmente, un grupo de 15 trabajadores contratados por la Fundación Social Desarrollo Responsable (Munus) y Pánico Escénico S.L., presentaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. A la fundación y la empresa le fueron concedidas dos subvenciones de fondos europeos por importes de 1.599.998,40 euros y otra de 1.199.998,80 euros. Las ayudas llegaron por medio del SEPE (Servicio Público de Empleo) a cargo del Ministerio de Trabajo y Economía Social para la realización del programa TándEM. El afectado, en conversación con este periódico, alertó sobre la falta de control del departamento ministerial que dirige Yolanda Díaz sobre la gestión del dinero y la ejecución del proyecto. «Paralizaron durante dos meses el dinero de la primera fase para ver qué pasaba con el dinero, qué voló. Investigaron y dijeron que todo bien», insiste.
Las irregularidades se concretan en «incumplimientos contractuales, abarcando aspectos como el impago de nóminas, la falta de contratos en los primeros meses en algunos casos o altas de falsos autónomos en otros, el incumplimiento de la jornada pactada, la omisión de la provisión de documentos esenciales como el contrato, el calendario laboral o las nóminas con sus respectivas cotizaciones y el cambio de alta de un organismo a otro sin comunicación ni consentimiento».
El tercer caso publicado por THE OBJECTIVE se refiere al trata del Programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas, gestionado por el SEPE, con una subvención de 112 millones de euros. Decenas de trabajadores de diversos puntos de España que habían firmado su contrato para empezar a trabajar en centros penitenciarios no han podido hacerlo y elevaron una queja al Defensor del Pueblo.
Las irregularidades se concretan en «haber realizado una selección de personal sin tener los medios suficientes para hacer efectivos los contratos en un tiempo moderado (ha pasado un año y tres meses desde que realizaron la selección), haber jugado con las expectativas laborales y personales de cientos de jóvenes en toda España y llevar a cabo una firma de contratos que no poseen validez alguna al no tener la firma ni la fecha de inicio de la actividad laboral, generando así esperanzas de que se va a alcanzar el supuesto puesto de trabajo».
Un año y medio después de acogerse al programa, no han podido comenzar a trabajar y, lo que es peor, el SEPE e Instituciones Penitenciarias se pasan la pelota sobre si han recibido el dinero, «el SEPE ha entregado ese dinero y se desentiende. Se supone que lo ha entregado a instituciones penitenciarias y ellos son los que lo tienen que gestionar, pero dicen que no les ha llegado. Alguien miente porque se pasan la pelota unos a otros», asegura a este periódico una de las afectadas.
