Seis cazadores españoles piden ayuda al Gobierno tras un mes retenidos en Turquía
Este grupo vive una «pesadilla» tras ser acusados sin pruebas de herir a una persona en la última batida
Uno de los españoles retenidos en Malatya (Turquía) desde el 3 de febrero.
Seis españoles llevan retenidos un mes en Malatya (Turquía) después de un incidente en un viaje de caza organizado por la empresa Wild Hunting in Turkey y piden ayuda al Gobierno español para que exija a Ankara que les deje salir de territorio turco y puedan regresar a España, según han trasladado los afectados a THE OBJECTIVE en un comunicado.
Los españoles afectados por esta situación son Carlos Soto, Enrique de la Riva, Francisco José López, Francisco Javier Soto, Juan Claudio Jarillo y Luis Matías, quienes llegaron a esta localidad turca, acompañados por otros cinco compatriotas, el 30 de enero para un viaje cinegético que estaba previsto que finalizase el 4 de febrero.
Todos ellos son «experimentados cazadores» y en España practican esta actividad, habitualmente, juntos en un coto que comparten desde hace años. Las primeras jornadas de caza -las de los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero- transcurrieron «con normalidad», hasta que llegó la «pesadilla» del último día de actividad.
Sobre las 09:30 horas del 3 de febrero, empleados de la empresa, acompañados de dos representantes del Gobierno turco que hacían las labores de guardas forestales, colocaron a los cazadores en los puestos marcados previamente. Estos discurrían por una ladera paralela al río Kuruçay. Tal y como les indicaba el personal, la zona estaba habilitada para la práctica cinegética y disponían de los permisos necesarios para dicha actividad.
Los puestos se encontraban en una zona elevada sobre el lecho del río, de tal manera que la trayectoria de disparo siempre fuese de arriba hacia abajo, por lo que las balas que no alcanzasen una pieza cinegética quedarían enterradas en el terreno. La zona habilitada de tiro estaba libre de personas ajenas a la batida y libre de zonas urbanas. Se tomaron todas las medidas de seguridad precisas, incluso todos los cazadores, los acompañantes y batidores, llevaban puestos chalecos de color naranja o amarillo.
«Tal y como marcan las normas de seguridad, todos los cazadores conocían la ubicación de los puestos colindantes y sabían hacia que zona podían dirigir sus disparos. Además disponían de unos equipos de radio para poder comunicarse entre ellos y con los organizadores», subrayan en el comunicado.
Todo discurría «con normalidad», pero en un momento dado, como una hora después de comenzar la batida, desde uno de los puestos se pudo observar con prismáticos como dos varones jóvenes, de estatura media y armados con dos rifles, caminaban a unos 280 metros de su puesto. Esta situación fue confirmada por un miembro de la organización.
Inmediatamente, por las emisoras de que disponían, se dio aviso a todos los implicados en la batida -cazadores, miembros de la organización y representantes del gobierno-, y se interrumpió la caza por motivos de seguridad. «Estos dos individuos se dieron la vuelta y desaparecieron en cuanto se percataron de que habían detectado su presencia», se explica en el escrito.
Pasados unos 15 minutos, cuando finalizaba la batida, los organizadores recogieron de los puestos a los cazadores y en ese momento, se personaron en el lugar tres coches de policía. Los agentes, por medio del interprete que había proporcionado la organización, les informó de que había un herido, que debían entregar las armas y que tenían que acompañarlos al cuartel.
«Lo cierto es que no vieron ningún herido, ni siquiera tuvieron ningún indicio que indicase que una ambulancia pudiese recorrer la zona próxima al lugar de la batida», señalan los españoles. Una vez en el cuartel, entregaron las armas y tuvieron que pasar detenidos «una larga noche» en espera de que un interprete les asistiera para declarar ante la Fiscalía y, posteriormente, ante el juez.
A la mañana siguiente, el magistrado decidió dejarles en libertad, sin retenerles sus pasaportes, aunque con la obligación de presentarse cada siete días en la comisaría del lugar donde se hallasen. Esta decisión judicial estuvo avalada por la existencia de dos informes policiales en los que se establece, «de manera categórica, que resulta imposible la participación, y, por tanto, la responsabilidad de los seis cazadores españoles, en el supuesto accidente».
El apoyo del embajador español
Sin embargo, los seis ciudadanos se encuentran retenidos en Turquía al haber diligencias en las que «al parecer, tanto el ministerio fiscal como el juez, entienden que hay indicios de su participación en los hechos». Desde el primero momento, el grupo se puso en contacto con el consulado español y posteriormente con la embajada en Ankara. «Reciben de ambos toda la atención y apoyo, poniendo el propio embajador, Francisco Javier Hergueta Garnica, todos los medios a su alcance para intentar dar solución a esta situación», se hace hincapié.
El presidente de la empresa organizadora puso a disposición de los cazadores un «prestigioso» letrado local para atender el procedimiento y defenderles ante la denuncia del herido. Asimismo, la propia embajada puso en contacto al grupo de españoles con el despacho Martínez-Echevarría, con sede en Estambul, cuyo socio Juan Antonio Viñuales se hizo cargo del caso.
Al herido se le realizaron dos informes médicos para ver su situación clínica y en ambos se coincidía en que estaba dado de alta y que «de su exploración no se puede concluir que halla sido herido por una bala». El herido «estuvo ingresado cuatro días en el hospital con una herida de origen indeterminado», según se les transmitió previamente.
Tampoco se consignó «la existencia de una bala» en el procedimiento que permita realizar un informe de balística que concluyese que no pertenece «a ninguno» de los seis cazadores españoles. «Ni la va a ver, ya que no es posible que exista», subrayan de forma tajante.
Los españoles aceptan que se fije una fianza
El juzgado de Malatya fijó una serie de vistas a las que acudieron los abogados de ambas partes. Por parte de los seis españoles se solicitó al juzgado que, en el supuesto de que se entendiera que los retenidos «son civilmente responsables en los hechos» y que debieran afrontar una indemnización económica, se fijase una fianza ya que estarían dispuestos a abonarla «con la finalidad de permitirles abandonar el país y volver a sus quehaceres en España».
El juzgado turco fue dándoles «largas» a la hora de fijar la fianza y el 24 de febrero, finalmente, «se denegó dicha fianza sin justificación alguna». Los afectados afirman estar viviendo «una auténtica pesadilla» que les está causando «serios trastornos en sus profesiones», hasta el punto de que varios de ellos «ha visto peligrar su puesto de trabajo» en España.
«También a nivel personal, sus vidas están sufriendo trastornos de carácter grave, ya que ellos como sus seis familias españolas están sufriendo esta indefensión causada ante esta situación de impunidad y riesgo al que están siendo sometidas», prosiguen los cazadores, quienes insisten en que la situación «está resultando ya insostenible para la moral» ya que ven que, pese a los «esfuerzos» del embajador, las autoridades turcas «no están haciendo nada» para dar solución a esta «penosa» situación.
El denunciante turco, mientras tanto, reclamó una cantidad «desproporcionada» en concepto de indemnización a los españoles. Finalmente, el pasado 29 de febrero, tras 26 días de retención en Turquía, los cazadores se vieron «obligados» a cerrar un acuerdo económico con la familia del herido pese a que la Policía manifestaba en sus informes «que no eran responsables del siniestro».
La «mordida», que no se detalla en el comunicado, pretendía que la familia retirase la demanda y así poder volver a España. Solo lo primero se cumplió. La Fiscalía debería haber archivado el caso y levantado las medidas cautelares, pero este sábado, dos días después de la retirada de la demanda, el grupo de españoles seguía retenido en Turquía «sin saber por qué no ni cuando la Fiscalía archivará la causa».
«Con este escrito se quiere poner de manifiesto la penosa situación por la que están atravesando estos seis españoles, y por consiguiente sus seis familias, y se solicita al Gobierno de España, por medio de su Ministerio de Asuntos Exteriores, que exija la salida de estos españoles de territorio turco para que puedan regresar a España», concluyen los firmantes.
