Sánchez da por hecho el acuerdo sobre la amnistía, que garantiza que será constitucional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado por hecho este miércoles que en las próximas horas se va a cerrar un acuerdo sobre la ley de amnistía entre el PSOE y sus socios independentistas y ha garantizado que el texto resultante será plenamente constitucional.
«Entró constitucional (en el Parlamento) y alineado con el derecho europeo y tengan la garantía de que va a ser constitucional y alineado con el derecho europeo lo que salga de las Cortes», ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con motivo de su viaje oficial a este país.
No ha ofrecido Sánchez detalle alguno sobre los términos del acuerdo de la ley y ha emplazado a esperar a que se haga pública la «enmienda transaccional» al plantearle si finalmente se va a cambiar en lo relativo a los delitos de terrorismo.
Lo importante, a su juicio, es que «va a haber ley», una norma que ha insistido en que es trascendente para la democracia española y que tiene un significado relevante. Ese texto ha insistido en que dejará atrás las consecuencias judiciales de la crisis territorial vivida en Cataluña.
El jefe del Gobierno ha recordado que el informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía recoge que 54 países han aprobado leyes de amnistía y que eso ha permitido la reconciliación. Eso es lo que ha reiterado que persigue el Gobierno, la reconciliación entre catalanes y también entre ellos y el conjunto de sus «hermanos» que viven en otros territorios.
Sánchez había comentado horas antes en una conversación informal con los periodistas que cubren su viaje a Brasil que estaba dispuesto a aceptar alguna modificación de la ley de amnistía para dar más garantías a Junts.
Expresó su convencimiento de que el texto que fue rechazado por este partido ya beneficiaba a todos los vinculados con el procés, incluido Carles Puigdemont, pero que ante las dudas de Junts se abría a cambios para ofrecer esas garantías adicionales que, en cualquier caso, no afectarían a la plena constitucionalidad de la ley.
