El PSOE cede ante Junts y acepta que la amnistía incluya el terrorismo y la alta traición

El dictamen del Proyecto de Ley de Amnistía, que acaba de aprobar la Comisión de Justicia del Congreso por 20 votos a favor, 17 en contra y sin abstenciones, y que pasará al Pleno de la próxima semana, incluye cambios con respecto al texto que ya pasó por el Congreso de los Diputados. Unas modificaciones que afectan al terrorismo y al delito de traición, los dos grandes apartados que pedían cambiar desde Junts para blindar a Carles Puigdemont. A diferencia de la última vez, el texto ha sido firmado por PSOE, Junts, ERC y los socios de la investidura -a excepción de Coalición Canaria-: Sumar PNV, Bildu y BNG. Esta es la enmienda transaccional que se ha presentado este jueves en la Comisión de Justicia, para incorporar al dictamen, en medio de una polémica con el Grupo Popular, que ha puesto en cuestión el trámite seguido. El PP ha señalado que esta ley y su tramitación es un «ejercicio de corrupción política».

Nada más iniciarse la reunión, la diputada del PP, Cuca Gamarra, ha solicitado que se suspenda la comisión, ya que la enmienda se ha presentado saltándose el trámite de calificación por parte de la Mesa. La sesión ha quedado suspendida y se ha reanuda con la decisión de la Mesa, con mayoría del PSOE y sus socios, de admitir la enmienda transaccional. Gamarra ha pedido la palabra, pero el presidente de la comisión no se la ha dado.

Gamarra, realizó unas declaraciones antes de entrar en la comisión, insistiendo que el contenido de la ley es «corrupto» y parece que Pedro Sánchez «convive bastante cómodos con la corrupción. La realidad de esta ley es que los españoles tengamos que pedir perdón».

La secretaria general volvió a intervenir en representacion de su grupo en la Comisión de Justicia e inició sus palabras preguntándose «¿dónde está la motivación? solos nos han dicho que ustedes son tres y nosotros, dos?» y recriminando al presidente que se haya aceptado nuevas enmiendas sin motivación. A su juicio se «han inventado un trámite» para volver a traer una ley rechazada por el Pleno.

Gamarra ha advertido de que con esta ley no se acaba nada porque «se vuelve al punto de partido con un socialismo que ha puesto una alfombra a la impunidad. Que lo puedan volver hacer. Es una ley injusta, inconstitucional e inmoral». Para la dirigente popular, «han conseguido empeorar lo que ya estaba mal. De impecable tenía poco al principio y poco al final».

El diputado del PSOE, Francisco Aranda, defendió el trámite seguido para la aprobación de la norma por parte de su Grupo Parlamentario señalando que «nunca se ha puesto en duda el trámite de presentar enmiendas». En este sentido, ha señalado que el 80 por ciento de los diputados catalanes apoyan la ley.

Aranda señaló que están comprometidos con «devolver a la política lo que nunca debió de salir de la política. Esta ley es una apuesta democrática para seguir avanzando en el reencuentro. Es una ley buena para Cataluña y para España». El diputado socialista subrayó que «estamos arreglando lo que ustedes ayudaron a estropear. Damos un paso decisivo para contribuir a la convivencia».

Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, aseguró que «esta comisión es una auténtico fraude a la legalidad, desprecio absoluto al reglamento del Congreso y una muestra mas que representa la cacicada del Gobierno y de los títeres que cumplen sus órdenes». Una proposición de ley rechazada por el Pleno decae «va a la papelera, pero a ustedes la ley les importa muy poco». El diputado de Vox se ha preguntado dónde está la motivación de la enmienda.

La enmienda incluye los delitos de terrorismo y traición adaptados a los estándares europeos, y no al Código Penal español. Acotan los delitos que no quedarán cubiertos por la medida de gracia en base a la legislación europea e internacional, dejando fuera las conductas más graves de terrorismo o traición y los delitos de corrupción si hay enriquecimiento personal. A petición de la formación que lidera Carles Puigdemont, se amplía también dos meses el ámbito temporal de la amnistía, que irá del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023.

El nuevo texto busca blindar al expresidente catalán Carles Puigdemont ante el «terrorismo callejero» que investiga el Tribunal Supremo en el marco de la causa que ha abierto contra el eurodiputado de Junts por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’.

PSOE, Junts y ERC anunciaron ayer que habían llegado a un acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía gracias a «una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas». Una ley que le ha servido al Partido Socialista las críticas tanto de la derecha como dentro de su propio partido, con concentraciones y manifestaciones masivas en las calles.

Estos son las principales modificaciones acordadas en las enmiendas:

El terrorismo

En el caso del terrorismo, se borran las referencias al Código Penal y se señala que quedan sin cobertura «los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo», según la directiva europea de 2027, y que, a su vez, hayan causado «de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos».

En particular quedan excluidos los actos regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -relativos al derecho a la vida y la prohibición de la tortura- y al derecho internacional humanitario.

La traición

Respecto a los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional recogidos en el Código Penal, se concreta que quedarán excluidos de la amnistía solo cuando se haya producido «tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España».

Se remiten en este caso a los términos establecidos en la Carta de Naciones Unidas y en la resolución 2625 aprobada por la Asamblea General en 1970.

Las torturas

Quedan también excluidos los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero la amnistía los cubrirá cuando «no superen un umbral mínimo de gravedad», porque no resulten idóneos para humillar o degradar a una persona, dañar su dignidad o «provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física».

La malversación

El texto acota la amnistía del delito de malversación, que estará cubierto por la medida de gracia «únicamente» cuando esté dirigido a financiar, sufragar o facilitar el ‘procés’ y «siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento».

Y concreta que no se considerará enriquecimiento el uso de fondos públicos para el procés cuando, «independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico», no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial».

Las multas

La ley deja claro que no habrá indemnizaciones y que tampoco se reintegrarán multas ya abonadas, aunque con la última modificación se abre la puerta a que se devuelvan multas impuestas en aplicación de la ley de seguridad ciudadana, la conocida ley mordaza.

Se podrá hacer salvo que se trate de infracciones muy graves y siempre que la administración que impuso la sanción estime que concurren «criterios de proporcionalidad» para hacerlo.

Serán los jueces quienes identificarán a los amnistiables

El pacto cerrado por el PSOE con Junts y ERC modifica tres artículos de la ley de amnistía y también el preámbulo, donde deja claro que serán los jueces los encargados de identificar a las personas concretas amparadas por la medida de gracia.

«Corresponde al poder legislativo establecer los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador», se afirma en el texto acordado, al que ha tenido acceso EFE.

Blindar a Puigdemont ante el «terrorismo callejero»

El nuevo texto busca blindar a Puigdemont ante el «terrorismo callejero» que investiga el Supremo en el marco de la causa que ha abierto contra el eurodiputado de Junts por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’. Las enmiendas transaccionales que este jueves han pactado PSOE, Junts, ERC, EH Bilu, PNV y Sumar también pretenden amparar a los investigados de la trama rusa del ‘caso Voloh’ que instruye el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, cuyo juez insiste en que los contactos del independentismo con Moscú estarían auspiciados por Puigdemont y podrían constituir delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.

En concreto, modifican la proposición de ley que presentó el PSOE el pasado 13 de noviembre para enmendar el preámbulo anterior y los artículos 1, que recoge el ámbito objetivo; el 2, que detalla las exclusiones de la ley; y el 7, relativo a los efectos sobre indemnizaciones y restituciones.

La clave para las causas de ‘Tsunami Democràtic’ y ‘Voloh’ está en los cambios del artículo 2. Cabe recordar que el dictamen que Junts tumbó el pasado 30 de enero perdonaba los delitos de terrorismo siempre y cuando «de forma manifiesta y con intención directa» no hayan causado «violaciones graves de Derechos Humanos», citando expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo, que recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.

Este extremo se mantiene, pero ahora se quita la referencia al terrorismo fijado por el Código Penal español y se queda exclusivamente con la versión de terrorismo recogida en la directiva europea de 2017, donde el umbral del delito es más alto.

Este cambio tiene lugar después de que el pasado 29 de febrero el Supremo acordara abrir causa penal contra Puigdemont por ‘Tsunami Democràtic’ y asegurara que no había «duda alguna» de que los hechos que se le imputan a la plataforma independentista se incardinan en el delito de terrorismo. Aquel día, el tribunal se amparó en al menos una decena de sentencias de ‘terrorismo callejero’ que consolida su doctrina sobre este delito.

El Supremo explicó que para acreditar el delito de ‘terrorismo callejero’ se exige que se ejecute alguna de las siguientes finalidades: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Para el tribunal, las conductas analizadas en este caso encajan en dicha descripción. En Europa, sin embargo, este concepto de terrorismo se vincula más al uso de la violencia expresa.

El Pleno del Congreso aprobará el 14 de marzo la Amnistía

El Congreso aprobará el próximo 14 de marzo, en una sesión plenaria monográfica, la proposición de Ley de Amnistía que el PSOE ha pactado con los independentistas de ERC y de Junts y que este jueves saldrá adelante en la Comisión de Justicia. La Ley de Amnistía tuvo que volver a la comisión el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts votara en contra en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico.

Este jueves, último día de plazo para emitir un nuevo dictamen, la Comisión de Justicia aprobará la Ley de Amnistía tras haberse acordado una enmienda entre el PSOE y los independentistas. Y la siguiente y última parada será la aprobación por el Pleno del Congreso para su remisión al Senado. Como el orden del día del Pleno de la próxima semana ya está cerrado y su modificación exigiría una unanimidad que ni el PP ni Vox iban a conceder, los promotores de la ley han optado por convocar un segundo pleno la próxima semana, el jueves 14, en el que se debata y vote la proposición de ley.

En este Pleno extra sólo se votará el dictamen de la Comisión de Justicia, ya que el PSOE y sus socios han acordado retirar todas las enmiendas que estaban vivas y descartar cualquier modificación más, aseguran fuentes parlamentarias. Eso sí, como es una norma de rango orgánico necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) para salir adelante, por lo que no cabe cometer errores ni debe haber debe ausencias.

Si la ley prospera en el Pleno, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ése es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo.

Pero si en el próximo Pleno del Congreso la ley no llegara a ese umbral mínimo de 176, como ocurrió el 30 de enero, ya no habría una nueva oportunidad y todo el procedimiento parlamentario tendría que empezar desde el principio con la presentación de una nueva proposición de ley.

Los tres partidos anunciaron ayer que habían llegado a un acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía gracias a «una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas». Una ley que le ha servido al Partido Socialista las críticas tanto de la derecha como dentro de su propio partido, con concentraciones y manifestaciones masivas en las calles.

Nogueras: «Una cosa es la amnistía y otra los Presupuestos»

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha advertido que el hecho de votar este jueves la ley de amnistía no quiere decir que vayan a apoyar al Gobierno: «una cosa es la amnistía y otra los Presupuestos y la legislatura». Nogueras, en declaraciones en el patio del Congreso, ha dejado claro que el hecho de haber llegado a un acuerdo con el PSOE y ERC para apoyar la ley de amnistía, que Junts votó en contra el pasado 30 de enero, no les compromete a nada.

Por su parte, ERC ha avisado de que el acuerdo de la ley de amnistía «no es un punto y final» sino que «nos ayuda con la segunda fase de negociación del conflicto político» en Cataluña y se ha mostrado satisfecha con una norma pactada por la mayoría de los partidos del Congreso. La diputada de ERC Teresa Jordá ha señalado a los medios de comunicación del Congreso que la ley de amnistía que era «extremadamente necesaria» es «un punto de partida» para empezar otra negociación política.

Así, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado en el patio del Congreso que «con esta ley se cierra una etapa de enfrentamiento, conflicto, tensión y ruptura de la convivencia en Cataluña», y que «es una ley plenamente europea y constitucional» que «va a ser un referente mundial». «Es una ley que beneficia a Cataluña y, por tanto, al resto de España».

Los tres partidos anunciaron ayer que habían llegado a un acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía gracias a «una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas». Una ley que le ha servido al Partido Socialista las críticas tanto de la derecha como dentro de su propio partido, con concentraciones y manifestaciones masivas en las calles.