«Es corrupción»: así echaron los liberales europeos a los herederos de CiU de su grupo
Los correos de ALDE muestran su «preocupación» por algunos de los casos que ahora el Gobierno quiere amnistiar
Fotomontaje con Artur Mas y Carles Puigdemont y el grupo ALDE. | Ilustración: Alejandra Svriz
El plan rupturista promovido por Artur Mas primero, y Carles Puigdemont después, tuvo consecuencias a escala europea antes de la condena por sedición y malversación que el Tribunal Supremo impuso a los principales cabecillas del procés. Una de estas consecuencias se produjo en 2018, cuando la Alianza de los Partidos Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) decidió por unanimidad recomendar la expulsión de los herederos de Convergència de su grupo parlamentario. En ese año Junts per Catalunya y el PDeCAT todavía formaban parte de este mismo espacio y, tras su escisión, los de Puigdemont tampoco han logrado volverse a integrar en la familia liberal europea. Ahora, con la aprobación de la Ley de Amnistía, que perdona los casos de corrupción de este espacio político, se ha vuelto a poner sobre la mesa su expulsión.
En los correos electrónicos y mensajes de Whatsapp que se intercambiaron en esas fechas, y a los que ha accedido THE OBJECTIVE, los liberales europeos dejan constancia de la «preocupación» por los casos de corrupción que afectan al partido nacionalista, así como por su deriva populista en favor de la independencia de Cataluña. En el informe de expulsión, del 27 de octubre de 2018, concluyen que hubo reticencias por parte de los nacionalistas catalanes para dar «explicaciones sobre numerosos casos de corrupción de alto perfil de la entidad predecesora del PDeCAT, CDC, que parecían ser de naturaleza estructural más que casos de irregularidades individuales».
En el primer correo, del 3 de julio de ese año, enviado por el entonces vicepresidente de ALDE Fredrick Federley a la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, menciona el caso Palau y la decisión de la justicia de «reembolsar 6,6 millones de euros en el marco de una manipulación de concursos públicos para financiarse ilegalmente de forma similar a la reciente sentencia del Partido Popular, que se consideró una forma de corrupción institucionalizada».
«Las recientes decisiones judiciales sobre la financiación del partido y las causas pendientes sobre una aceptación ilegal de beneficios por parte de individuos de la formación también han generado preocupación dentro de ALDE», afirma Federley. También le recuerda que «no han pagado la tarifa anual de membresía» y que le «gustaría saber» si esta demora en el pago «está relacionado con los problemas mencionados anteriormente». Asimismo lamenta que, debido a los compromisos de Pascal, no se hayan podido reunir en persona para abordar estas preocupaciones y le insta a dar una respuesta «antes que finalice julio».
En otra misiva del 1 de agosto al entonces presidente del PDeCAT David Bonvehí le solicitan una «actualización sobre la situación de la afiliación de su partido antes de finales de agosto» e insisten en la preocupación por el caso Palau y la «financiación ilegal» del partido. Ante la falta de respuesta, el 4 de septiembre le remiten otro correo recordándole que «no han tenido noticias suyas». En estos dos casos las cartas vienen firmadas por quien fuera el secretario general de ALDE, Jacob Moroza-Rasmussen.
Finalmente, el 5 de septiembre, Bonvehí contesta a la segunda misiva haciendo constar la «decepción» de su partido con ALDE por su «fracaso a la hora de oponerse firmemente a la continua agresión contra los derechos fundamentales, la falta de independencia del poder judicial y el carácter democrático relativamente pobre del Estado español». «Recientes declaraciones y decisiones de autoridades judiciales de Alemania, Bélgica y Suiza confirman que nos enfrentamos a una crisis constitucional y evidencian la mala calidad de la democracia en España», abundaba el dirigente catalán.
En la siguiente respuesta de los liberales, del 7 de septiembre, se limitan a explicar que han decidido «continuar el proceso iniciado antes del verano por las acusaciones de corrupción hacia el PDeCAT», como «sucesores legales» de Convergencia, y no entran a valorar las críticas vertidas por Bonvehí contra España.
Listado con los casos de corrupción
En su informe de expulsión del partido fundado por Jordi Pujol, el grupo liberal expone todos los casos de corrupción que salpican a miembros del partido. Empiezan por el «CatLeaks: la Generalitat de Mas manipuló contratos por valor de 500 millones», publicado por El Español, al caso ITV, del que mencionan que en aquellas fechas «el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona ha ordenado la apertura de juicio oral en la causa que investiga al hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña y exdiputado de CiU Oriol Pujol, que aceptó una pena de dos años y medio de cárcel por el cobro de comisiones y utilizar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV».
El caso Palau de financiación ilegal es uno de las causas en las que el informe más abunda, pero también se hacen eco del caso Pretoria, el caso 3% o el caso Pujol. De este último, que afecta a los miembros de la familia del expresidente catalán y fundador de Convergencia, se explicita que «el juez De la Mata ha demostrado que la familia Pujol financió al menos una de las campañas de CDC. Además, el juez también demostró que existe una relación entre los fondos ocultos de la familia y las cuentas del partido».
La diputada de Cs en el Parlament de Cataluña Anna Grau recordó en el pleno de este jueves como, gracias a la presencia de Ciudadanos en el grupo liberal europeo, se contribuyó a su salida. «Les echaron de la gran familia liberal europea por sus antecedentes penales, por morosos y por intentar engañar. Como han intentado engañar a la misión de observadores de la comisión de peticiones del parlamento europeo sobre sus malas acciones y peores intenciones en la escuela catalana», aseveró.
Posición sobre la independencia
Antes del consejo en Ámsterdam del grupo ALDE, en mayo de 2017, y según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Marta Pascal envió un mensaje de Whatsapp a sus socios informando que «ninguna delegación del PDeCAT se uniría al congreso del partido: «No nos sentimos cómodos ahora. En el futuro próximo decidiremos si permanecemos o no en el grupo».
Este mensaje se envió unos meses antes del referéndum del 1 de Octubre, en un momento en que el espacio de la extinta CiU buscaba el apoyo de la comunidad internacional a la votación así como de sus aliados en el Parlamento Europeo. Pascal también les informaba de que no iba a integrarse a la dirección del grupo «por no estar de acuerdo con la posición política que ALDE ha defendido en referencia a la situación catalana». Un año más tarde a este intercambio de Whatsapp, en el congreso extraordinario del grupo liberal, del 27 de octubre de 2018, se avaló y ejecutó su expulsión.
