El empresario que denuncia a Asens y Pisarello pide al Supremo que oiga a 18 testigos
El responsable del Open Camp de Barcelona presenta un recurso de súplica ante la Fiscalía del Supremo
Paco Medina. | Carmen Suárez
Paco Medina, el empresario impulsor del proyecto del Open Camp para la creación de un parque temático sobre el deporte en el Anillo Olímpico de Barcelona, ha decidido presentar ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía un recurso de súplica para que el alto tribunal vuelva a analizar lo ocurrido entre 2015 y 2016, cuando el ayuntamiento de Ada Colau llevó a la quiebra este proyecto millonario. En el documento de suplica, que desvela en exclusiva THE OBJECTIVE, Medina vuelve a la carga contra algunos exaltos cargos del Consistorio, como Gerardo Pisarello y Jaume Asens, culpables en su opinión de los delitos de «amenazas, coacciones, extorsión, falsedad documental».
El Supremo no admitió a trámite la querella presentada el año pasado por el empresario, abriendo, eso sí, a la vía civil. Pero Medina insiste y pide que el alto tribunal revise su dictamen, y que además de analizar las pruebas de las que dispone, escuche a los «18 testigos presenciales, directos y cualificados» que pueden ayudar a esclarecer lo ocurrido.
En el documento, que se presentó oficialmente el pasado 14 de septiembre, este empresario habla de «cúmulo de evidentes arbitrariedades, desaforos y abusos de poder perpetrados con perversa inteligencia y mezquindad por los mandatarios querellados». Se refiere a los dos extenientes de alcaldes de Colau, Jaume Asens y Gerardo Pisarello, que además gestionaban la política cultural y de deporte del ejecutivo local. Y también a Eloi Badias, actual diputado de Sumar, y Marta Carranza. Badias y Pisarello están actualmente aforados, por lo que es la sala penal del Supremo que tiene que resolver el asunto.
«Deliberado plan destructivo»
Los hechos se remontan al bienio 2015-2016. Medina había logrado un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona durante el gobierno de Xavier Trias para el uso de las instalaciones de Montjuic. Su intención era abrir un parque temático dedicado al deporte que aprovechara el espacio público. La iniciativa contó con apoyos de multinacionales y empresas españolas. Rápidamente se levantó una inversión millonaria. Sin embargo, con la llegada de Colau en el consistorio, Medina denunció sufrir «presiones» de todo tipo que condujeron al fracaso de la iniciativa y a una pérdida de más de 30 millones de euros.
«Las nuevas autoridades municipales políticas tramitaron y ejecutaron un deliberado plan destructivo dirigido a impedir y detener la actividad comercial del parque temático Open Camp y, como consecuencia directa, acabar con la emprendedora start up Open Camp creada para desarrollar en el Anillo Olímpico de Barcelona el primer parque temático del mundo dedicado al deporte, así como su posterior desarrollo internacional», argumentaba Medina en un escrito que resumía su querella de casi 200 páginas. Por ello, decidió acudir a la vía penal para pedir responsabilidades a los que considera autores intelectuales y mandatarios de la operación contra el Open Camp, quienes además, según la denuncia, aprovecharon la situación para afianzar una presunta «financiación ilegal» del partido de Colau, Asens y Pisarello, los Comunes.
En el trasfondo de esta operación se hallan exigencias como celebrar exposiciones de carácter político, como el aniversario de las olimpiadas antifascistas de 1936, donde el empresario denuncia presiones para fichar a trabajadores de la fundación de los Comunes. O veto a otros eventos centrados en la promoción de la selección española de futbol, por razones ideológicas y nacionalistas. «No querían el proyecto por razones ideológicas, pero cuando vieron la indemnización que tenían que pagar si lo tiraban abajo, optaron por la solución de hostigar, extorsionar y amenazar», sostuvo Medina en una entrevista con este diario.
«18 testigos presenciales y cualificados»
La semana pasada, sin embargo, el Supremo inadmitió a trámite la querella. Aunque reconoció que a nivel mercantil puede abrirse una investigación en la relación entre la empresa pública BSM (que presidía Pisarello) y la la empresa privada Open Camp. La Sala de lo Penal indica que hay un grupo de hechos que se refieren a la falta de colaboración institucional para que el proyecto se desarrollara «y que, caso de ser cierto, podría dar lugar al ejercicio de las acciones civiles o administrativas que correspondan por incumplimiento de lo pactado en contrato pero que son ajenas a la jurisdicción penal».
El empresario del Open Campo, no obstante, ha decidido así interpelar a la Fiscalía del Supremo para intentar que con su suplica se retome en consideración la querella. Además de las pruebas documentales que asegura poder presentar en el juicio, en el escrito detalla 18 testigos presenciales que pueden corroborar su tesis. Entre ellos se encuentran miembros de la empresa encargada de llevar a cabo el proyecto, pero también altos cargos de la empresa municipal que había firmado el contrato para el uso del espacio de Montjuic. Así como policías, testigos directos de las presuntas presiones e irregularidades sufridas por el empresario, según su escrito.
Se trata de «18 testigos presenciales, directos y cualificados propuestos para testimoniar ante el Alto Tribunal y que no han sido oídos todavía, a efectos que no sean considerados como meras sospechas, conjeturas o simples alusiones indirectas, más o menos cercanas, carentes de valor indiciario e incriminatorio suficiente para oredenar el esclarecimiento de los hechos y el enjuiciamiento penal», reza el documento.
Según la suplica presentada ante el Supremo, los testigos a los que hace referencia Medina permitirían «descartar la existencia de una voluntad leal de cumplimiento del contrato mercantil regulador por parte de los políticos querellados». Medina habla de una «sofisticación delictiva tramada y culminada por los políticos querellados para conseguir finalmente –ni más ni menos–, lo que ellos mismos habían manifestado públicamente que iban a hacer cuando llegasen al poder».
Recoge a ese respecto parte del programa electoral de los Comunes durante la etapa de Colau, en el que se detalla su plan de dinamitar el proyecto del Open Camp de Barcelona. Los Comunes calificaron en su programa al Open Camp de «proyecto contrario al bien común»; hablaron de «opacidad» en el proceso de contratación y declararon: «Se hace imprescindible tomar medidas para detener su actividad». Esta declaración pública contraria al proyecto representa, según le querella contra Asens y Pisarello, una prueba irrefutable de su voluntad de dinamitar la iniciativa.
Un planteamiento que finalmente se llevó a cabo, según el promotor del proyecto, que pide responsabilidades penales y una indemnización millonaria, por la acción de «sabotear, extorsionar y defraudar desde dentro la funcionalidad y viabilidad comercial del parque Open Camp». El Supremo deberá ahora decidir si admitir esta petición del responsable del Open Camp de Barcelona y analizar a fondo lo ocurrido en la ciudad condal hace ya casi diez años para pedir responsabilidades a algunos exaltos cargos de Colau todavía en activo en la política nacional.
