Un empresario acusa al equipo de Colau del fracaso del Anillo Olímpico: «Fue una extorsión»

Un empresario se ha querellado ante el Tribunal Supremo contra tres políticos de Sumar, Garardo Pisarello, Jaume Asens y Eloi Badía, por un presunto delito de coacciones, extorsión, falsedad, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal de partido. El empresario, Paco Medina, apela al Tribunal Supremo para aclarar las responsabilidades penales en lo ocurrido con el proyecto Open Camp, que aspiraba a dar un nuevo uso al Anillo Olímpico de Barcelona, y que fracasó por las «presiones» del gobierno municipal liderado por Ada Colau. Pisarello y Asens ejercían entonces de tenientes de alcalde, y según Medina actuaron de forma arbitraria y vejatoria para que el proyecto fracasara, conllevando un ingente daño económico y la pérdida de 180 puestos de trabajo. En el trasfondo de la querella, presuntos favoritismo para fundaciones afines a Colau y vetos a celebrar exposiciones deportivas en favor de España.

Todo empezó el 24 de mayo de 2015, cuando Ada Colau se hizo con el control del Ayuntamiento de Barcelona. Un año antes, el 17 de julio de 2014, el empresario Paco Medina había alcanzado un acuerdo con el anterior gobierno de Xavier Trias para el uso y explotación del anillo olímpico de Barcelona. El contrato preveía una cesión durante más de 200 días al año del espacio olímpico, donde la empresa Open Camp organizaría eventos, exposiciones y espacios de entretenimiento de carácter deportivo. Colau llegó al gobierno denunciando la «opacidad» de aquel acuerdo y con la firme intención de dinamitarlo. Así lo hizo, según denuncia el empresario impulsor del proyecto, a través de presiones y maniobras que considera ilegales. La querella ha sido depositada ante el Tribunal Supremo.

«Las nuevas autoridades municipales políticas tramitaron y ejecutaron un deliberado plan destructivo dirigido a impedir y detener la actividad comercial del parque temático Open Camp y, como consecuencia directa, acabar con la emprendedora start up Open Camp creada para desarrollar en el Anillo Olímpico de Barcelona el primer parque temático del mundo dedicado al deporte así como su posterior desarrollo internacional», reza un resumen de la querella, que consta de más de 100 folios, y en la que se detallan toda una batería de presuntos abusos por parte de los dos hombres de confianza de Colau, ahora ambos destacados dirigentes de Sumar, la formación que capitanea Yolanda Díaz. «He recopilado más de 200 pruebas», afirma Medina.

Exposición de las olimpiadas antifascistas

Según el relato de Medina, Asens, Pisarello y Eloi Badía (ahora diputado de Sumar) maniobraron a partir de 2015 con la finalidad de torpedear el proyecto del Open Camp. Impidieron a la empresa poder sellar el espacio sobre el que tenían derechos de uso, lo que generó una pérdida millonaria por la imposibilidad de cobrar las entradas a los visitantes, además obligaron a los promotores del proyecto a elegir las empresas a contratar, favoreciendo a entidades afines al partido de gobierno municipal. Hasta impusieron la celebración de una exposición sobre el 80 aniversario de las Olimpiadas del Frente Popular antifascista de 1936, en lugar que la creación del primer museo paralímpico del mundo.

«El proyecto iba viento en popa. Logramos cerrar acuerdo con empresas como Movistar, Allianz y Microsoft, entre ellas. Lo presentamos en cadenas internacionales como la BBC y la CNN, todo iba bien, en un año logramos los millones necesarios para la primera inversión y solo se oponían Iniciativa (partido que confluiría en los Comunes) y la CUP. ¿Por qué se oponían? Porque por primera vez Generalitat y Ayuntamiento iban de la mano. Y en todo eso no había subvención pública alguna», explica Medina en conversación con THE OBJECTIVE.

Las cosas empezaron a torcerse tras la llegada de Colau al consistorio de la ciudad condal. «No querían el proyecto por razones ideológicas, pero cuando vieron la indemnización que tenían que pagar si lo tiraban abajo, optaron por la solución de hostigar, extorsionar y amenazar» para frenar su desarrollo. El gobierno local habló de frenar una privatización de un espacio público, cuando según el acuerdo sellado por la empresa que dirigía Medina (una «start up» según su promotor) ese enfoque era «falso», pues el espacio ubicado en Montjuic seguía siendo público, y solo se pedía a los visitantes pagar para acceder a las actividades concretas y las instalaciones.

Veto a una exposición sobre la Roja

El marco legal era de un contrato mercantil entre el operador privado y la empresa pública encargada de la gestión y mantenimiento del anillo olímpico, BSM, que presidía Pisarello. Asens ejercía de presidente del comisionado de la memoria histórica. Y entre las razones ideológicas que según el empresario movieron al consistorio de Colau estaba el hecho de que grandes multinacionales estuvieran involucradas en la iniciativa.

El empresario denuncia presiones directas e indirectas por parte de los querellados y también por funcionarios públicos, presuntamente empujados por los políticos de Barcelona en Comun. Las presiones estaban dirigidas a frenar el desarrollo, pero también a imponer una agenda política al espacio del anillo olímpico. Medina, por ejemplo, explica que los tenientes de alcalde de Colau no querían que se celebrase la Fiesta de la Hispanidad del 12 de octubre, ni que se creara el «vestidor oficial de la selección española de futbol» o que se conmemorase del aniversario de las olimpiadas de 1992, «entre muchas otras prohibiciones sectarias».

Los impulsores del Open Camp tuvieron, por ejemplo, que renunciar a proyectos como el de celebrar el día de la hispanidad en el estadio olímpico, tan solo un mes después de celebrar otro evento para la Diada. El planteamiento consistía en abrir en los vestuarios del estadio olímpico una exposición en la que los visitantes, sobre todo niños, pudieran probar las camisetas de la selección española de futbol, la Roja, y acceder a objetos de los futbolistas de la selección. Sin embargo, el ayuntamiento de Colau torpedeó la iniciativa: «Nos dijeron que en el Estadio del presidente mártir (Luis Companys) nunca iban a entrar las banderas de España, que nunca iba a ser un sitio de la selección española, y lo vetaron». Todo ello en los años duros del procés.

«Coacciones, engaños, fraudes y falsedades»

Las imposiciones del gobierno de Colau hizo saltar por los aires todas las previsiones económicas del proyecto. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el plan de negocio de Open Camp 2015-2024 preveía unos ingresos de 23 millones de euros tan solo para el primer año de funcionamiento gracias a actividades vinculadas a muchos deportes como el boxeo, senderismo, ciclismo, running, futbol, futbol sala, etc. Sin embargo, las recaudaciones fueron de 784.000 euros para su primer año y único de actividad. Los datos de la empresa revelan que ese año acudieron a las instalaciones más de un millón de personas, pero que solo 128.000 abonaron su respectiva entrada. La pérdida global fue de alrededor de 30 millones de euros, según los promotores, con una afectación también para la administración pública.

Los diktat del consistorio hicieron que los promotores acabaran tirando la toalla, según el relato de Medina. Después de un año de actividad, y tras arrancar en pleno caos, pues los promotores obtuvieron el visto bueno definitivo del consistorio tan solo 40 minutos antes de abrir sus puertas, la iniciativa acabó desplomándose. El fracaso de la iniciativa debido a las «coacciones, engaños, fraudes y falsedades documentales» del Consistorio hizo que un total de 287 trabajadores directos e indirectos perdieran su empleo, acusa el empresario.

Dentro de la denuncia por cohecho, extorsión y falsedad documental presentada por Medina se encuentra también un caso de presunto nepotismo. Según Medina, el Consistorio le obligó a romper un contrato con una empresa para la contratación de personal, obligándole a firmar con otra supuestamente de su cuerda política, concretamente la pública Barcelona Activa. «Me dicen que tengo que contratar a gente de su partido para el comisionado de la exposición sobre las olimpíadas antifascista de 1936». Al mismo tiempo, el empresario denuncia que el ayuntamiento quería que Open Campo contratara a trabajadores vinculados con la fundación L’Alternativa, cercana al partido Esquerra Unida y Alternativa (EUiA), integrado en la coalición de Barcelona en Comun.

Dos diputados aforados y otro en ‘olor’ de Europa

La fundación mencionada ejercía, en efecto, de entidad vinculada a la marca catalana de Izquierda Unida desde su fundación en 2003. Así lo recogía la fundación misma, a la vez que describía que sus «objetivos principales» eran «fomentar el estudio y la investigación en las ciencias políticas y sociales de nuestro país, desde la óptica de izquierdas». Entre sus actividades se recoge, en efecto, documentos y exposición sobre la Olimpiada Popular de Barcelona de 1936. Según la misma entidad, el último presidente fue Ricard Ribera, y la vicepresidenta, Rosario Cunillera. El 18 de abril del año pasado, la fundación l’Alternativa se convirtió en fundación Neus Catalá.

Pisarello, conocido por el forcejeo en el Ayuntamiento de Barcelona para retirar la bandera española en pleno procés, pasó en la pasada legislatura a la Mesa del Congreso. Después se pasó a Sumar, la formación que lidera Yolanda Díaz, y ahora sigue ocupando un cargo en la Mesa del Congreso de los Diputados. Badía es diputado en el Congreso de los Diputados por Sumar. Y Jauma Asens, después de su paso por el Consistorio, también desembarcó al Congreso en Madrid. Ejerció de hombre fuerte en Cataluña de Pablo Iglesias, para después también pasarse al bando de Yolanda Díaz. Ahora es el candidato in pectore de Sumar para las próximas elecciones catalanas como cuota de los Comunes de Ada Colau.

El caso queda en manos del Tribunal Supremos, que deberá decidir si abrir una investigación penal y que tengan que declarar Pisarello y Badía, ambos aforados por ser diputados en el Congreso. En el caso de Asens, los Comunes ya han pedido a Díaz que le inluya en un puesto de salida de las listas europeas, lo que obligaría a pedir permiso al Parlamento Europeo. «Quieren internacionalizar la causa», afirma Medina, quien asegura que en el entorno político de Colau y Díaz existe mucha preocupación por esta causa.