El PP estudia denunciar a Sánchez ante el Supremo por el vínculo de su mujer con Globalia
No tomará una decisión hasta conocer la resolución de su denuncia ante la Oficina de Intereses
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez
El PP no descarta que sea el Tribunal Supremo el que «determine la responsabilidad del presidente del Gobierno por no ausentarse de los consejos de ministros (3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021) que tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez», según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes solventes. Esta circunstancia no se produciría, en el caso de que así fuera, hasta conocer la respuesta de la Oficina de Conflicto de Intereses a la denuncia que registraron este jueves. Si la causa llega hasta el final, podría suponer la inhabilitación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Esta oficina cuenta con un plazo de un mes para pronunciarse y puede hacerlo sin respuesta, lo que se consideraría silencio administrativo, o con una contestación rechazando los argumentos del Partido Popular o considerando que, efectivamente, puede haber algún tipo de responsabilidad.
Una vez conocida esta respuesta, los populares harán un análisis de la misma y estudiarán la posibilidad de dar traslado a la Fiscalía de la posible responsabilidad penal de Pedro Sánchez, lo que podría suponer que el caso llegue al Tribunal Supremo, siempre según las fuentes consultadas. En ese caso, tendrán que determinar si se opta por la Sala de lo Contencioso-Administrativo o la Sala de lo Penal, al frente de la cual se encuentra el juez Marchena, autor de la sentencia del procés.
Los populares aseguraron que presentaron la denuncia «después de las infructuosas solicitudes de explicaciones al presidente del Gobierno del que solo hemos obtenido, por una parte, su silencio y, por otra, sus intentos de embarrar la vida política. Si no quiere rendir cuentas ante los españoles, tendrá que hacerlo ante la Administración. En el supuesto de acreditarse que el presidente del Gobierno no se ausentó o no se inhibió en esos Consejos de Ministros, estaríamos ante una infracción grave tipificada en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado con una sanción de imposibilidad de ocupar un puesto de alto cargo durante un período de entre cinco y diez años«.
En la denuncia, además, el PP «solicita a la Agencia Tributaria, a los órganos gestores de la Seguridad Social y a los servicios públicos de empleo la información de que disponga para determinar la naturaleza de la relación jurídica que existía entre el Instituto de Empresa y Begoña Gómez, así como de las retribuciones percibidas por la esposa del presidente». El PP señala que «si de la información recabada se hubiera incurrido en responsabilidad penal, se daría traslado a la Fiscalía dada la vinculación de alguna de las empresas con investigaciones judiciales en curso relacionadas con la trama de corrupción socialista».
Los populares «confían en que la Oficina de Conflictos de Intereses actúe con criterios de independencia y objetividad, aunque dependa de un Ministerio. Esperamos, además, que esta Oficina no se guíe de los mismas actitudes proteccionistas y sectarias en favor del Gobierno como el que, lamentablemente, ya rige en el CIS de Tezanos o en la Fiscalía General del Estado, por citar tan solo dos ejemplos.
El PP aseguró que presentó la denuncia porque «está acreditado que Air Europa financió la cátedra universitaria de la pareja del presidente del Gobierno desde apenas un mes después de que Pedro Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa, pese a que ella no tiene titulación universitaria superior homologada. También está probada su relación directa con los principales responsables de la compañía. De hecho, a la sede de la aerolínea también se desplazó durante los días del rescate por parte del Consejo de Ministros, según los medios de comunicación, la propia Begoña Gómez».
En virtud de estos hechos, los populares consideran que «el presidente adoptó en Consejo de Ministros presidido por él decisiones que comprometieron 795 millones de euros de dinero público, pese a que debió abstenerse por la relación económica y profesional de la compañía con su mujer. Sánchez debió ausentarse de las deliberaciones y votaciones del Consejo de Ministros en virtud a la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado».
El PP entiende que «en los últimos días, Sánchez ha tenido la posibilidad de explicar este asunto con detalle voluntariamente y no lo ha hecho. Tampoco en la sesión de control de hoy. El Partido Popular llegará hasta el final para esclarecer el papel del presidente, de su Gobierno, de su partido y también de su entorno personal».
La citada compañía aérea, siempre según la versión de estas fuentes populares, «no sólo financió la cátedra de la mujer del presidente. También tenía en nómina a Víctor de Aldama, detenido hace dos semanas por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, para que cobrara una deuda de Venezuela; y con el que también se había reunido la mujer del presidente. De Aldama estuvo en Barajas junto con miembros del Gobierno la noche de la llegada a España de la vicepresidenta de Venezuela, y días después, en la sede de la compañía».
Finalmentre, el PP insiste en que «actuará con total contundencia en el esclarecimiento del ‘Delcygate’, en lo referido a la trama corrupta por la compra de mascarillas en administraciones del PSOE, en el rescate de la aerolínea, y en el papel que en todo ello hayan podido jugar el presidente, sus ministros, los cargos socialistas y la propia esposa de Pedro Sánchez».
